Con la exposición de la abogada querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación continuó ayer el primer juicio oral y público a cinco represores que se lleva a cabo en Rosario por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La abogada Ana María Figueroa solicitó que todos los planteos de nulidad pedidos por la defensa de los imputados sean rechazados. La audiencia se reanudará el miércoles de la semana que viene, cuando los imputados tendrán 20 minutos para decir sus últimas palabras antes de escuchar el fallo.
El primer juicio oral y público llevado adelante en los Tribunales Federales locales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en centros clandestinos de detención de Rosario y alrededores va llegando a su fin. Luego de siete meses de debate, ayer se realizó la última audiencia, con la presencia de los cinco imputados Oscar Pascual Guerrieri, Daniel Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano y Eduardo Constanzo.
El comienzo del debate, presidido ayer por la jueza Beatriz Caballero de Barabani, fue con la exposición de la abogada querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana María Figueroa, quien en primer término dijo que adhería a los argumentos desarrollados por el Ministerio Publico Fiscal, y que solo iba a agregar algunos fundamentos más a los mismos.
Además de sumarse a los argumentos expuestos en audiencias pasadas por el resto de las partes acusadoras, remarcó que “las defensas habían formulado planteos de nulidad basados en fundamentos formales, que no eran más que pedidos de nulidad por la nulidad misma”, pero que en ningún caso los defensores “señalaron ni probaron de qué defensa se privó concretamente a los acusados”, señaló Figueroa.
“Esto significaría la violación al derecho de defensa que invocaron”, agregó. En dicho marco, la representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó que debían “rechazarse todos los planteos formulados por las defensas”.
En otro tramo de la audiencia, los integrantes del Tribunal Oral Federal 1, Otmar Paolucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, preguntaron a las querellas y la fiscalía “si iban a ejercer su derecho de réplica” y fueron solamente Lucas Ciarniello Ibáñez y Álvaro Baella –abogados de H.I.J.O.S.– quienes hicieron uso de esa opción.
Así, Baella contestó a los dichos de la abogada defensora Mariana Grasso (representante legal del represor Pascual Omar Guerrieri), quien había expresado en su alegato que el testigo (y víctima) Jaime Dri corrigió un error en el que había incurrido al señalar a los imputados en la manifestación de conocimiento de los mismos advertido por el público. Ese hecho fue descartado “de plano” por el representante de H.I.J.O.S.
Luego, el abogado querellante Ciarniello Ibáñez argumentó “sobre la legitimación que tienen las querellas para manifestarse sobre la modalidad de cumplimiento de la pena por parte del imputado Guerrieri, ya que sus defensores en los alegatos habían argumentado que las querellas no podían solicitar que se revoque la prisión domiciliaria dispuesta en favor de Guerrieri”
Ciarniello Ibáñez hizo hincapié en “el derecho que se reconoce a toda víctima a ser oído”, citando a distintos autores y algunos fallos jurisprudenciales que refuerzan la postura defendida por las querellas.
La audiencia se reanudará el próximo miércoles 7 de abril, cuando los cinco imputados tendrán 20 minutos cada uno para decir sus últimas palabras antes de escuchar el fallo de los jueces del Tribunal Oral Federal 1.
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