La reunión entre autoridades del gobierno y representantes de organizaciones sociales, que denuncian una subejecución del presupuesto destinado al cumplimiento de ley de Emergencia Social, terminó ayer sin acuerdo y las agrupaciones anunciaron que profundizarán las protestas.
Tras el encuentro fallido, los referentes de Barrios de Pie, CTEP, Movimiento Evita y la CCC anunciaron que llevarán a cabo una serie de medidas de fuerza a partir de la semana que viene, que podrían incluir piquetes con ollas populares y movilizaciones a la puerta de cadenas de supermercados para pedir alimentos.
El eje de la discusión es el cumplimiento de la ley de Emergencia Social sancionada en diciembre del año pasado, que prevé el desembolso de entre 25 mil y 30 mil millones de pesos hasta 2019, para pagar un salario social complementario a los trabajadores de la economía popular o informal.
Las agrupaciones sociales advirtieron que ese presupuesto está siendo subejecutado por el gobierno y reclamaron una reunión que, tras haber sido suspendida la semana pasada, se concretó ayer y, según trascendió, fue tensa.
Del encuentro participaron los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, el referente de la CTEP Juan Grabois y representantes de la CCC y el Movimiento Evita.
Fuentes oficiales indicaron a NA que durante la reunión surgieron diferencias en cuanto a los tiempos y modos de implementación de la emergencia social y aseguraron que el “compromiso” del gobierno con “el trabajo a largo plazo y la ejecución conjunta al 2019 es indudable”.
Mientras en el gobierno afirman que coinciden con el espíritu de la ley y que están comprometidos con su cumplimiento, las organizaciones sociales aseguran que hasta ahora se ejecutó apenas un 30% de lo presupuestado y que hay una negativa a incorporar más trabajadores informales al esquema del salario social complementario.
En diálogo con NA, Menéndez explicó que “hay un recorte presupuestario” y que “se impidió el ingreso de más beneficiarios al salario social”, a pesar de que “podrían incorporarse sin necesidad de aumentar el gasto” estipulado en 10 mil millones de pesos por año.
