El Senado convocó para hoy a las 11 a funcionarios nacionales y entidades de consumidores para debatir los proyectos de regulación de las relaciones de consumo y la modificación de la ley de abastecimiento, y el oficialismo dejó abierta la opción de darle dictamen a todas las iniciativas.
Al plenario de comisiones que se reunirá en el Salón Azul del Senado fueron convocados el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Justicia, Julio Alak; su vice, Julián Álvarez, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, además de “representantes de las centrales sindicales” y algunos de los empresarios que conforman “el Grupo de los Seis”, aunque no especificó quiénes.
En ese marco se debatirán el proyecto de regulación de las relaciones de producción y consumo (que despierta polémica por los cambios que imprime a la ley de abastecimiento), el que crea un nuevo fuero judicial para conflictos entre consumidores y empresas, y el que fija un observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios.
Así lo definió el oficialismo ayer durante la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, de Derechos y Garantías, de Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos Penales.
El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, explicó que la idea es “tratar durante todo el día el conjunto de las normas para poder hacer un debate integral” y anticipó que allí mismo se evaluará “si será necesario continuar el debate o si se agota” el mismo día.
Con esta declaración, dejó abierta la posibilidad de que el oficialismo busque firmar el dictamen de los tres proyectos de manera exprés, a contramano de lo que el senador había expresado más temprano, cuando dijo que la nueva ley de abastecimiento “no se votará de un día para el otro”.
La nueva convocatoria para hoy, sumada a los cambios de último momento que realizó el oficialismo en la competencia de las comisiones que tendrán que tratar estos proyectos, implica una modificación de la agenda de trabajo que el bloque del Frente para la Victoria había acordado con la oposición la semana pasada.
Durante el plenario que se realizó ayer la discusión se centró en eso: la oposición manifestó su molestia por estos cambios en la agenda y el oficialismo los justificó.
El clima en el plenario fue tenso porque no se definió qué entidades de consumidores y productores concurrirán hoy, pero se dejó abierta la inscripción para todos los que quieran asistir.
En tanto, algunos senadores ya anticiparon su rechazo a la modificación de la ley de Abastecimiento, como Roberto Basualdo, del Peronismo Federal, quien calificó a la iniciativa como “ridícula” y vaticinó que “profundizará la recesión”.
Además, el legislador consideró un “grave error pretender decirle a los empresarios qué margen deben tener” porque “nadie va a querer apostar por el país o establecer una nueva empresa”.
Por su parte, Jaime Linares, del Frente Amplio Unen, agregó: “No vamos a apoyar un proyecto del Ejecutivo que consideramos inconsistente y que, en manos de estos funcionarios, es además peligroso”.
Una bolsa de tensiones
El Senado convocó para hoy a las 11 a funcionarios nacionales y entidades de consumidores para debatir los proyectos de regulación de las relaciones de consumo y la modificación de la ley de abastecimiento, y el oficialismo dejó abierta la opción de darle dictamen a todas las iniciativas.
Al plenario de comisiones que se reunirá en el Salón Azul del Senado fueron convocados el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Justicia, Julio Alak; su vice, Julián Álvarez, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, además de “representantes de las centrales sindicales” y algunos de los empresarios que conforman “el Grupo de los Seis”, aunque no especificó quiénes.
En ese marco se debatirán el proyecto de regulación de las relaciones de producción y consumo (que despierta polémica por los cambios que imprime a la ley de abastecimiento), el que crea un nuevo fuero judicial para conflictos entre consumidores y empresas, y el que fija un observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios.
Así lo definió el oficialismo ayer durante la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, de Derechos y Garantías, de Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos Penales.
El jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, explicó que la idea es “tratar durante todo el día el conjunto de las normas para poder hacer un debate integral” y anticipó que allí mismo se evaluará “si será necesario continuar el debate o si se agota” el mismo día.
Con esta declaración, dejó abierta la posibilidad de que el oficialismo busque firmar el dictamen de los tres proyectos de manera exprés, a contramano de lo que el senador había expresado más temprano, cuando dijo que la nueva ley de abastecimiento “no se votará de un día para el otro”.
La nueva convocatoria para hoy, sumada a los cambios de último momento que realizó el oficialismo en la competencia de las comisiones que tendrán que tratar estos proyectos, implica una modificación de la agenda de trabajo que el bloque del Frente para la Victoria había acordado con la oposición la semana pasada.
Durante el plenario que se realizó ayer la discusión se centró en eso: la oposición manifestó su molestia por estos cambios en la agenda y el oficialismo los justificó.
El clima en el plenario fue tenso porque no se definió qué entidades de consumidores y productores concurrirán hoy, pero se dejó abierta la inscripción para todos los que quieran asistir.
En tanto, algunos senadores ya anticiparon su rechazo a la modificación de la ley de Abastecimiento, como Roberto Basualdo, del Peronismo Federal, quien calificó a la iniciativa como “ridícula” y vaticinó que “profundizará la recesión”.
Además, el legislador consideró un “grave error pretender decirle a los empresarios qué margen deben tener” porque “nadie va a querer apostar por el país o establecer una nueva empresa”.
Por su parte, Jaime Linares, del Frente Amplio Unen, agregó: “No vamos a apoyar un proyecto del Ejecutivo que consideramos inconsistente y que, en manos de estos funcionarios, es además peligroso”.
Empresarios del G-6, acusan una “intervención discrecional” del Estado
Empresarios de la industria, el comercio, los servicios y el agro nucleados en el denominado Grupo de los 6 ratificaron ayer su “unánime rechazo” al proyecto de reforma de la ley de abastecimiento, tras reunirse y elaborar un documento conjunto.
Así, las principales entidades empresariales sostuvieron su dura postura contra la iniciativa oficial y criticaron la propuesta de “regulación de las relaciones de producción y consumo”, mientras el proyecto –que incluye un capítulo judicial, otro sobre la ley de abastecimiento propiamente dicha y la creación de un observatorio de precios– comenzaba a ser analizado por comisiones en el Senado.
El Grupo de los 6 criticó la iniciativa por considerar que “tiene como objetivo incrementar sustantivamente la intervención del Estado en toda la actividad privada”.
Los titulares de la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial (UIA), la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural volvieron a insistir con la “inconstitucionalidad” de la ley.
Consideraron que “en un momento donde se debe generar confianza y certidumbre para promover la inversión, la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico”, la iniciativa va “en sentido contrario”.
La ley –en realidad tres iniciativas que confluyen en un mismo objetivo– busca aumentar el control y el poder del Estado en el abastecimiento de bienes y cumplimiento de los servicios. Los empresarios opositores al gobierno nacional la rechazan por considerarla un “avasallamiento” del Estado sobre el sector privado.
Indicaron que la iniciativa oficial “afecta la división de poderes de la República, al otorgar facultades extraordinarias a órganos delegados”, por lo cual, si prospera, ratificaron que acudirán a la Justicia.
El G-6 sostuvo que “la experiencia internacional demuestra fehacientemente que las economías funcionan y se desarrollan satisfactoriamente en los países en los que el Estado no interviene en forma arbitraria”.
Los empresarios también argumentaron que en los “pocos países donde prevaleció el intervencionismo discrecional se profundizó el desabastecimiento, el racionamiento de bienes y servicios y el desdoblamiento del mercado de cambios”, lo cual motivó el “crecimiento” del mercado informal.
Ese impacto negativo, según sostuvieron, también generó competencia desleal, caída de la inversión, el deterioro del mercado de trabajo y el aumento de precios y costos.
Los integrantes del grupo empresarial destacaron “la relevancia de mejorar la normativa de defensa del consumidor”, mientras que remarcaron la “importancia de que los diferentes espacios políticos con representación en el Congreso manifiesten su posición” respecto del proyecto de ley.
Comentarios