Los proyectos de ley que introducen cambios en la regulación de alquileres comenzaron esta semana a recorrer su camino por la Cámara de Diputados de la Nación. A la iniciativa que ya cuenta con media sanción en el Senado (la cual tiene amplio respaldo político e institucional) se sumó otra que impulsa el gobierno nacional. Según las organizaciones de inquilinos, quienes con algunos matices apoyan lo votado en la Cámara alta, la propuesta oficialista solo busca extender adrede el debate y dilatar su aprobación.
A principios de esta semana asesores de los diputados que integran la comisión de Legislación General se reunieron en el Congreso. Tras dos horas de deliberaciones, resolvieron tratar los diez proyectos de ley que en total existen en la Cámara baja. La comisión no fijó una nueva reunión ni estableció un cronograma para que la normativa avance. Según Inquilinos Agrupados, la organización que representa a quienes alquilan más importante a nivel nacional, “la intención del oficialismo es que no se vote ningún proyecto”.
El presidente de la comisión de Legislación General es Daniel Lipovetzky, diputado del Pro que firmó el proyecto de ley que salió del Ministerio de Interior e impulsa el Poder Ejecutivo. Esa iniciativa se contrapone con la de la senadora del Frente para la Victoria Silvina García Larraburu, cuya propuesta fue votada en el Senado por unanimidad. Son los dos textos que tienen chances de llegar al recinto, más allá de que sean varias las propuestas. Y tienen algunas diferencias importantes.
Las UVA
El proyecto que impulsa el Ejecutivo propone no regular todos los alquileres, sino los más baratos. Para establecer el universo de contratos que quedarán alcanzados por esta legislación, puso un límite de 840 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) del Banco Central, que se ajustan cada mes por inflación. En la actualidad, las 840 UVA equivalen a unos 15.600 pesos. La cifra parece elevada, pero no lo es tanto.
“Con el nivel de aumentos que tenemos en breve ya vamos a estar en alquileres que superen los 15 mil pesos. No es una cifra tan descabellada”, señaló en diálogo con este medio Ariel D´orazio, integrante de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor local.
El dirigente agregó que si avanzara la propuesta del legislador del PRO los más perjudicados serían los comerciantes. “Los alquileres de locales en muchos rubros superan largamente esos 15 mil pesos, con lo cual los comerciantes seguirían desprotegidos y expuestos a la especulación inmobiliaria”, mencionó D`orazio, quien también forma parte de la Concejalía Popular, una de las organizaciones locales que pugna por los derechos de los inquilinos
Para el dirigente lo que busca el gobierno nacional sólo “es un falso debate para dilatar el tratamiento de la nueva ley”. “Ellos quieren que lo que se votó en el Senado no se sancione. Y con todas estas modificaciones sólo apuestan a trabar el avance”, agregó.
La indexación
Los dos proyectos de ley contemplan regular la actualización por inflación de los contratos, que hoy queda al arbitrio de las partes. Pero con diferencias sustanciales.
El proyecto que salió del Senado dice que solo podrá efectuarse un ajuste de precios por año. Y que la actualización se hará tomando un promedio entre el IPC del Indec y el Coeficiente de Variación Salarial que también elabora el ente estadístico. Es decir, deberán tomarse en partes iguales la variación de precios y la de los salarios del sector formal.
Pero el texto sólo admite estos ajustes cuando el IPC anual supere el 10 por ciento. Si la inflación del año es del 9,9% o menor, el propietario no podrá reclamar una actualización. Este punto generó críticas del sector inmobiliario y también en el Poder Ejecutivo nacional, que quiere impulsar el mercado de alquileres. Para Nación la restricción va a sacar propiedades del mercado y así se limitará la oferta.
Plazos y renovación
En tanto, el proyecto del Senado extiende el plazo mínimo de un contrato de alquiler para vivienda a tres años. El del oficialismo lo deja sin cambios, en dos años.
Ambas iniciativas coinciden en que la renovación del contrato debe acordarse al menos sesenta días antes de su finalización. De no llegar a un acuerdo, el locatario puede resolver el contrato de forma anticipada en esos dos meses, sin pagar indemnización.
En el caso de rescisión anticipada, el inquilino debe pagar un alquiler y medio si resuelve el contrato durante el primer año y un alquiler si lo hace a partir del segundo.
La diferencia es que el texto que salió del Senado indica que la inmobiliaria no puede cobrar más de un mes de comisión. El tema cuenta con un antecedente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Justicia prohibió que esos comercios pidan una comisión mayor. El proyecto del oficialismo no dice nada sobre el tema.
D’orazio mencionó que lo votado por los senadores “ya cumplió un año, se debatió muchísimo y salió por unanimidad”. Y es por eso que debería ratificarse en breve. “Creemos que esa nueva ley es necesaria para acceder a un alquiler justo. Sabemos que no es perfecta, pero es un piso para comenzar a discutir hacia adelante muchas mejoras más”, cerró el integrante de la Concejalía.
Datos duros
A principios de marzo, un informe elaborado por la Defensoría del Inquilino, otra de las organizaciones locales que pugnan por los derechos de los que tienen que salir a rentar, confirmó que alquilar en Rosario cuesta al menos un 30% más que hace un año, cinco puntos por encima de lo que las cámaras inmobiliarias sostienen.
“Está pasando que te aumentan un 15% por semestre, dando como resultado un aumento anual que supera el 30%. Por ejemplo, un alquiler de 5.000 pesos paga el primer semestre con el 15% de aumento, un alquiler de 5.750 pesos. Pero el aumento del 15% del segundo semestre se calcula sobre este monto actualizado, lo que da 826,5 pesos. Este segundo aumento es del 17,25% si tomamos como referencia el monto original de 5.000 pesos”, había señalado Sebastián Artola, titular de esa entidad.
Consenso
Desde Inquilinos Agrupados señalaron que diputados del Frente para la Victoria (FPV), el radicalismo y el Frente Renovador de Sergio Massa podrían llegar a encolumnarse detrás del proyecto que llegó del Senado. “Queremos que este proyecto se debata y se vote en Diputados y que discutan los otros proyectos y hagan una nueva ley dentro de un año o el tiempo que tarden”, señalaron desde la entidad de quienes alquilan.
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