El juez José Luis Suárez, quien quedó en la mira del Ministerio de Seguridad nacional tras considerar “arbitrario” el proceder de la Fiscalía provincial en la causa por la clausura de 23 desarmaderos, sentó ayer su posición, un día después de que la Nación pidiera su juicio político. “Están intimidando a otros magistrados y no sólo a mí. De decir: «Cuando yo estoy, hacé lo que yo digo». Pero no lo puedo afirmar, es una cuestión subjetiva mía”, dijo en declaraciones a la prensa.
La Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, presentó anteayer ante la Corte provincial un pedido de juicio político contra el juez Suárez, quien el pasado 11 de septiembre determinó que se levantaran las 23 clausuras dispuestas tras los operativos del 20 de agosto, luego de una presentación hecha por tres de las firmas allanadas.
La conferencia de prensa posterior al procedimiento fue encabezada por el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, acompañado por el ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, y el fiscal de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja. En esos operativos se determinó que unas veinte mil autopartes, valuadas en unos 60 millones de pesos, presentaban irregularidades al no tener pegado el sticker reglamentario previsto por el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (Rudac), que depende de la dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes. Esas piezas quedaron en los desarmaderos donde habían sido individualizadas.
Ayer, Suárez recordó ante la prensa que en una primera audiencia los representantes de tres firmas pidieron que les devolvieran los libros incautados porque no podían seguir trabajando. “La Fiscalía les dice que no, porque estaban clausurados. Se enteran en la audiencia que estaban clausurados, porque no les habían dejado copia”, describió el magistrado, quien recordó haber dispuesto que fueran a la dirección nacional mencionada, que es la que había llevado adelante la clausura, con dos alternativas: si el organismo nacional levantaba la clausura y la Fiscalía no acusaba, les debían devolver los libros; pero si la Fiscalía acusaba –lo que hasta el momento nunca sucedió– se convertían en elementos de prueba de un delito y debían conservarse en poder del Ministerio Público de la Acusación.
El magistrado recordó que el artículo 5 del instructivo de la dirección dice que se procederá a la clausura preventiva del lugar en infracción previa, identificación de personas y al resguardo de la existencia de piezas y secuestro. El organismo nacional sostiene que en cada lugar allanado consultó con la Fiscalía antes de llevar adelante la clausura y puso esa documentación con fecha 2 de septiembre a disposición de los tres desarmaderos que pedían la devolución de los libros en la segunda audiencia, describió ayer Suárez. Para entonces, la dirección sostenía que estaba a la espera de una resolución de la Fiscalía antes de proceder al levantamiento de la clausura, dijo el magistrado, quien especificó que la inhabilitación para el comercio va por carril separado: se le informó al Rudac que se hacía un trámite administrativo para ello.
El 11 de septiembre, el juez consideró que se había dispuesto una clausura preventiva a fin de cautelar la prueba, pero la Fiscalía no había tomado decisión alguna sobre lo secuestrado. Dijo ayer Suárez: “El mantenimiento de esta clausura era arbitrario, porque el motivo por el que se habían clausurado era para preservar las autopartes y la documental que se había encontrado irregular, para que el fiscal pudiera disponer de las autopartes”. Así, el magistrado revocó la cautelar, decisión que hizo extensiva al resto de los desarmaderos allanados, y le dio un plazo de un día al fiscal Narvaja para que “disponga de estos elementos cautelados y determine el destino que le asignará”.
“No sé lo que se está cuestionando: mi resolución es idéntica a la que han tomado otros magistrados del fuero federal, que han declarado arbitrario el mantenimiento de este tipo de clausuras, porque no se puede estar in eternum con una clausura que fue preventiva a un determinado fin cuando ese fin ya se cumplió”, alegó ayer Suárez por LT8.
“Por una decisión judicial con la que no estoy de acuerdo, pedir el juicio político me parece que está fuera de lugar. Están intimidando a otros magistrados y no sólo a mí. De decir: «Cuando yo estoy, hacé lo que yo digo». Pero no lo puedo afirmar, es una cuestión subjetiva mía”, amplió el juez a Radio Dos.
El trámite
Anteayer, la Fiscalía Regional apeló la resolución de Suárez. El mismo día, el Ministerio de Seguridad hizo la presentación del pedido de jury ante la Corte Suprema provincial. Ahora, según dice la ley 7050 de enjuiciamiento de magistrados, la Corte debe correr vista en los tres días siguientes a la denuncia al procurador general del máximo tribunal, Jorge Barraguirre, y a la vez convocar a los otros miembros del jury para analizar si es o no admisible. Tras una evaluación, si el pedido es procedente, se conformará el jury de enjuiciamiento que en Santa Fe está compuesto por integrantes de la Corte y un diputado y un senador.
Durante este trámite, se suspende provisoriamente al juez y le pagan la mitad del sueldo: el resto se lo retienen. Se debe presentar el acusado o su abogado ante el tribunal y el procurador debe formular acusación. Luego de que haya sido acusado, se corre traslado al juez y se abre la etapa de prueba. Vencido dicho plazo, se hace una audiencia de vista de causa, lo que una fuente definió como un especie de alegato final de las partes. Y luego, el tribunal resuelve.
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