La Sociedad Argentina de Derecho Canónico (Sadec) analizó la situación del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, donde se investiga privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre, y afirmó que se trata de “parámetros religiosos, de la propia conciencia y del derecho subjetivo a la libertad religiosa, aunque sea incomprensible para algunos”.
“Ciertamente que todo sacrificio tiene el límite de la libertad personal y el cuidado de la salud física y psíquica, tal como enseña la Iglesia en su Magisterio”, afirmaron en un comunicado con la firma de su presidente, Esteban Alfón, difundido por la Agencia Informativa Católica Argentina.
En el convento entrerriano se realizó el pasado jueves 25 de agosto un allanamiento donde se hallaron elementos de tortura y autoflagelación como látigos y cilicios, por lo que luego de tomar declaraciones a ex religiosas, el fiscal a cargo de la causa, Federico Uriburu, decidió imputar a la madre superiora del monasterio por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.
En el escrito explicaron que las “Hermanas Carmelitas es un instituto de vida consagrada y además persona jurídica pública, que forma parte de la Iglesia Católica” y el de Nogoyá “es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según constituciones de las propias religiosas y erigido por la Santa Sede, de quien cuya potestad depende inmediata y exclusivamente”.
Desde la Sadec sostuvieron que las religiosas “consagran su persona y vida entera como ofrenda a Dios, en el apartamiento del mundo según establecen sus estatutos, al servicio de toda la humanidad, orando por ella y acogiendo fraternalmente a quien necesita de consuelo, fortaleza y oración” lo que “implica un llamado de Dios que lleva a la persona a su más profunda realización”.
“Sintiendo un especial llamado de Dios -continúa-, viven de un modo diferente al de otras vocaciones en la Iglesia, viven con ese espíritu la penitencia, la disciplina, el ayuno y otras prácticas que constituyen parte de esa entrega a Dios y unión con los hermanos que sufren”.
Asimismo, remarcaron que “para pertenecer al Instituto se requiere tener al menos 18 años de edad y ser libres de ingresar y permanecer” y que “es la propia persona quien en su conciencia y ante Dios, junto a la Iglesia, decide elegir esta vocación y por supuesto puede abandonar este modo de vida libremente”.
“Quienes conocen la vida consagrada, saben que existe además la posibilidad de ausencias temporales del monasterio, por motivos de enfermedad de las religiosas, cuidado de familiares enfermos y dudas vocacionales”, agregaron.
“Puede entenderse que algunos no comprendan este modo de vida, pero la vocación a la vida monástica requiere el respeto de todos, y de ningún modo puede justificar actitudes ofensivas, ni poner públicamente en tela de juicio una forma de vida ascética y espiritual, de tradición milenaria tanto en Occidente como en Oriente”, precisaron.
En ese sentido, aseguraron que esas “actitudes no constituyen ningún delito, sino que responden a parámetros religiosos, de la propia conciencia y del derecho subjetivo a la libertad religiosa, aunque incomprensible para algunos, con sacrificios que como todo sacrificio, tiene el límite de la libertad personal y el cuidado de la salud física y psíquica, tal como enseña la Iglesia en su Magisterio”.
Comentarios