Alvaro Arellano
Mientras Nación y provincia terminan de definir detalles sobre la instrumentación del pago de la deuda por fondos detraídos de coparticipación, asoma otra cuestión que traerá polémica en relación al tema. Tiene que ver con el porcentaje que les corresponderá a los abogados que iniciaron la demanda en el año 2015. Se trata nada más ni nada menos que del estudio que en su momento integraban los reconocidos abogados Ricardo Gil Lavedra, Gabriel Bouzat y el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rozenkrantz.
En el año 2015, el por entonces legislador provincial (hoy diputado nacional) Eduardo Toniolli, había presentado un pedido de informe para conocer bajo qué circunstancias había sido contratado el estudio de abogados. La contratación se dio en 2008 durante el gobierno de Hermes Binner, con el objetivo de llevar adelante el reclamo a Nación por la deuda que mantenía con la provincia y que comenzaría a saldarse antes de fin de año.
En su requerimiento, Toniolli reclamó transparencia sobre las condiciones y honorarios por los que cada uno de los letrados fue contratado. Básicamente pidió saber cuánto cobrarían por el servicio y por otra parte que se informe por qué la contratación se dio de forma directa y no a través de una licitación.
En el decreto provincial de 2008 (3165/08), se establece que la selección de los estudios contratados, “obedece a razones objetivas fácilmente constatables tales como la altísima especialidad que tienen sus integrantes, su impecable y destacable currículum y la trayectoria y responsabilidad que han demostrado en el desempeño de su profesión”.
En el texto, el entonces gobierno provincial detallaba que estaban en curso cuatro reclamos en particular: la demanda contra la Administración Nacional de Seguridad Social; el reclamo por la detracción de fondos coparticipables al Estado Provincial (15% de la masa coparticipable prevista en el artículo 2º de la Ley 23.548 y sus modificatorias vigentes; las acciones por la detracción de fondos provinciales (30%) del tributo a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque Nº 25.413); y causas en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también en materia de coparticipación federal de impuestos.
Consultados por este diario al respecto, dos importantes funcionarios del actual gobierno provincial, consideraron que toda la información que tienen disponible sobre la contratación se encuentra en el Decreto mencionado. De acuerdo a ese texto, “el estudio cederá a la provincia sus honorarios profesionales hasta la concurrencia del monto percibido”. Este fin de semana, el gobernador Omar Perotti anticipó que habrá novedades sobre la firma del acuerdo al regreso de la gira de Alberto Fernández por Alemania.
Una contratación cuestionada
El caso está atravesado por algunas particularidades vinculadas al contexto político del año en que la Corte falló a favor de Santa Fe. Una es que en ese entonces, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra se mostraba cercano a referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) en la antesala a la asunción de Mauricio Macri a la presidencia y mantenía vínculos con el Frente Progresista Cívico y Social, algo que Toniolli puso en tela de juicio en su momento.
Otra particularidad tiene que ver con la participación de Carlos Rozenkrantz, quien comenzó el trámite como abogado de la provincia en el reclamo a Nación, pero transitará la resolución del caso como miembro de la Corte que falló a favor de la provincia. Cabe mencionar que el magistrado se excusó al momento de firmar el fallo más reciente (diciembre de 2021), que contó con la rúbrica de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
El tercer integrante del estudio de abogados contratado en su momento por la provincia, Gabriel Bouzat, también quedó bajo un manto de sospecha ya que formó parte de juicios similares iniciados por otras provincias.
Pasó más de media década de aquella presentación por parte de Toniolli, y consultado al respecto por El Ciudadano, reconoció que al día de hoy se desconoce el monto que la provincia le debe a los abogados, pero sí es una certeza que el número se dará a conocer una vez oficializada la instrumentación de pago.
El actual diputado nacional por el Frente de Todos, recordó que además del monto, junto a sus pares provinciales había pedido conocer por qué la contratación se hizo de manera directa y no por medio de una licitación pública. Además, en ese entonces cuestionaba la decisión de contratar profesionales para el caso, al considerar que ese trámite deberían llevarlo adelante abogados de la provincia o Fiscalía de Estado.
A pocos días de que se brinden más detalles acerca de la instrumentación del pago, desde la provincia mantienen la cautela respecto al tema y se remiten a la letra del Decreto 3165 para contestar. Hasta que provincia y Nación no avancen con el detalle, no habrá mayores novedades sobre lo que les corresponde a Bouzat, Rozenkrantz y Gil Lavedra.
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