El nuevo sistema penal fue creado, entre varios objetivos, para darle mayor transparencia a los procesos legales. Mediante la implementación las audiencias orales, se buscó que cualquier ciudadano tenga acceso a las investigaciones y pueda presenciar las ponencias de los defensores, fiscales y querellantes. Si bien los procesos públicos se realizan a diario, al cumplirse en febrero un año de la implementación del nuevo sistema, el balance dejaban en claro que un gran número de juicios fueron resueltos en forma abreviada; es decir, mediante un acuerdo entre la defensa la Fiscalía en cuanto al hecho, la calificación legal y la pena a imponer, que luego es homologado por un juez. Los juicios abreviados representan una forma de agilizar las causas que se amontonan en los juzgados, pero implica que las condenas se decidan por escrito y, según el Defensor General Provincial, Gabriel Ganón, en algunos casos bajo decisiones de dudosa constitucionalidad.
Más de 500 procesos penales se resolvieron durante el año pasado en los famosos juicios abreviados. “Estos números que alegremente tira el Ministerio Público de la Acusación creo que tiene que tener una segunda lectura. Cuando se reformó el código de procedimiento penal se prometió que iba a haber más cantidad de juicios orales y públicos. Pero la realidad muestra que cada vez hay menos y que todo se termina resolviendo por escrito”, expuso Ganón. Es que de acuerdo a las estadísticas oficiales, en el primer año de implementación del nuevo sistema 562 juicios fueron resueltos en forma abreviada. En este marco el letrado se atrevió a cuestionar la modalidad y desmenuzó lo que ella implica. “El tipo de causas que se trabajan en los abreviados son las de más baja complejidad. A su vez, la llave de ingreso al enjuiciamiento penal de estos hechos la sigue teniendo, como siempre la tuvo, la Policía de la provincia de Santa Fe, ya que no existen hasta el momento investigaciones realizadas por los fiscales; por lo que la discrecionalidad que utiliza la Policía es la que determina la agenda de trabajo de la Fiscalía”, explicó el Defensor.
De acuerdo con Ganón, los beneficios de los abreviados para los imputados no son claros, ya que no existe una verdadera negociación sobre las calificaciones y las tipificaciones de la conducta, lo que implica una perdida del valor de la justicia. “A veces una persona accede a un acuerdo y no es culpable. Otras el imputado es culpable de conductas mucho más graves y le dan una condena débil. Hay que poner un límite a las condenas por las que puede realizarse abreviadas, porque evita que hechos graves puedan resolverse sin el conocimiento público. Lo saludable en una causa es que toda la población pueda verla y tener contacto con la realidad”, pormenorizó.
Otro de los puntos débiles que el Defensor Público marcó sobre los juicios abreviados es que no existen los límites para los acuerdos. Según Ganón, en otros sistemas hay topes para arreglar una causa previo al juicio; es decir: los procesos iniciados por delitos graves bajo ningún punto de vista pueden ser resueltos sin una instancia oral. “La Defensoría tiene límites para los abreviados. Las pruebas con la que se dicta la condena no son suficientes, ya que sólo fue recolectada por la Policía. Nosotros entendemos que tienen que haber sido controladas por la defensa pública, algo que muchas veces no está permitido. Hay muchas presiones para que las partes se acoplen a esta modalidad”, señaló.
Ganón considera que los abreviados no sólo pueden representar perjuicios en el aspecto legal. Este cambio implica que causas de baja relevancia, desde el punto de vista criminal, tengan sentencias importantes; aumentando el índice de encarcelamientos. De acuerdo con el entrevistado, cuando se cambió el sistema penal en provincia de Buenos Aires la población carcelaria rondaba las 20 mil personas, luego del primer año se disparó a 32 mil. “Lo que va a pasar es que va a haber un aumento del lumpenaje criminal tras las rejas”, explicó el entrevistado.
Tres resoluciones judiciales sin necesidad de llegar a juicio oral
Según los números del Ministerio Público de la Acusación, en el primer año de vigencia del nuevo sistema penal un 27,5 por ciento de los casos judicializados se resolvió por procedimiento abreviado en la circunscripción correspondiente a Rosario. Un porcentaje que casi se duplica a nivel provincial: 46 por ciento. Así las cosas, cada semana la Fiscalía Regional Rosario resuelve una decena de causas de esta manera. Entre los que se resolvieron en las últimas semanas, hay algunos que se destacan: en un caso, el penado recibió 4 años por intentar matar a una joven; en otro, le dieron al condenado tres años de prisión condicional por un asesinato y lesiones leves con exceso en la legítima defensa; en el restante, 2 años y medio por intento de robo agravado por el uso de arma blanca y daño en un colectivo del transporte urbano.
El 31 de mayo del año pasado Natalia F., de 20 años, terminó con un puntazo en la yugular al ser atacada por una amiga y la pareja de ésta en inmediaciones de 27 de Febrero (al 7900) y Camino de los Indios. La pareja sospechada de ser autora de la brutal agresión fue detenida unas horas después gracias a que la víctima escribió unas referencias en un papel que luego derivaron en la identificación de estas personas. Decía: “Una amiga y la pareja me hicieron esto. Mi casa Colombres 2800, soy Natalia F., mi mamá es Justina”.
Según un testigo, aquella tarde Natalia fue perseguida por los agresores que, al darle alcance, le provocaron un profundo corte en el cuello que la puso al borde de la muerte y la dejaron tirada en un baldío. Los agresores, identificados como Sergio Servín, de 19 años, y Rocío C., de 22, fueron detenidos por la Policía en las cercanías. Días después, se les dictó a ambos la prisión preventiva por 60 días.
De acuerdo con la madre de la víctima, la pareja acusada le pidió a ella y su hija, de la que eran amigos, si los dejaba quedarse allí junto con sus dos hijitos, de un año y seis meses y el bebé de 6 meses. Le dijeron que sí pero por algunos días y la víctima le prestó su cochecito para que no trajera las dos criaturas en brazos. Por alguna razón, se produjo una discusión que acabó con el saldo conocido. La víctima apuntó a Servín como autor del puntazo.
El juez Hernán Postma avaló el juicio abreviado por el cual Servín fue condenado a cuatro años de cárcel por tentativa de homicidio, en un procedimiento en que intervinieron la fiscal Gisela Paolicelli y la defensora Luisa Cañavate.
Exceso en legítima defensa
El 27 de septiembre del año pasado, una trifulca en barrio Godoy dejó como saldo a un hombre de 32 años, Juan Manuel Mansilla, asesinado de un escopetazo y su hermano Ezequiel, de 27, herido por una perdigonada en pasaje 1709 al 4800. Las víctimas apuntaron como el homicida a Gabriel Arellano, a quien le atribuyeron tener a maltraer a los vecinos y haber agredido a las víctimas luego de que éstas respondieran a un insulto. Arellano se entregó a la Policía y dijo un versión diferente: se había defendido luego de que intentaran balearlo, quitándole el arma a uno de los agresores y disparando. Según su versión, la pelea comenzó por un problema menor: dijo que le habían recriminado que su perro les había matado un pollo.
El juez Juan Carlos Curto homologó un procedimiento abreviado por el cual Arellano, de 39 años, admitió su responsabilidad en el hecho, encuadrado como homicidio y lesiones leves con exceso en la legítima defensa, por lo cual fue condenado a tres años de prisión condicional, luego de que el fiscal Ademar Bianchini y la defensa, a cargo de Juan Ubiedo, se pusieran de acuerdo. Por cuatro años, el penado –quien quedó de inmediato en libertad– deberá someterse al cuidado del Patronato y abstener de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes.
Robo y daño
Franco Barrera, de 19 años, fue condenado en un abreviado a 2 años y 6 meses de prisión por el delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca y daño en calidad de autor, acuerdo homologado por el juez Juan Carlos Vienna, a instancias de la fiscal Andrea Vega y el defensor Hernán Soto.
El acusado se reconoció culpable de un hecho ocurrido en la madrugada del 12 de diciembre pasado en Santa Fe y Cafferata. Voceros del caso dijeron que empuñando un cuchillo de 20 centímetros de hoja, junto con un cómplice, hirió en la zona toracoabdominal de un hombre de 32 años a bordo de un colectivo de la línea 35/9 al resistir el robo. Los dos imputados fueron detenidos en las cercanías con el arma blanca en su poder.
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