A Cecilia Gisela Basaldúa la violaron y asesinaron mediante asfixia. Su cadáver apareció 20 días después de su desaparición en una zona rural de Capilla del Monte, la ciudad cordobesa donde realizaba una suerte de retiro para escribir un libro en el que pensaba contar su recorrido por América Latina durante casi cinco años, sin más compañía que una mochila al hombro. Ese sueño, y tantos otros de la joven de 35 años, se vieron truncos en abril de 2020. La fiscal que investiga el crimen no pudo precisar el día exacto de su muerte y según su familia, tampoco descubrir al autor del femicidio, ya que el único detenido —un retraído peón de albañil, sin estudios primarios, contextura menuda y un metro y medio de estatura— será juzgado “sin pruebas en su contra” para “encubrir” a los verdaderos asesinos a los que vinculan con una red de trata y drogas. A partir de esa hipótesis, los padres de Cecilia, querellantes en la causa junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, insistieron en que el joven no sea acusado y se inicie una nueva investigación que apunte, entre otros sospechosos, a un rosarino que la alojó. El pedido no prosperó y se presume que antes de fin de año tendrá lugar el juicio oral.
“Prácticamente todos nuestros pedidos y nuestros aportes han sido desestimados. No se investigó la posibilidad de red de trata o de drogas detrás de crimen, tampoco se profundizó sobre una de las últimas personas que estuvo con ella”, dijo Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia, al apuntar a un rosarino de 47 años que alojó a su hija en su casa de Capilla del Monte hasta que desapareció.
De esa manera dijo que la fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, buscó “proteger a los responsables”, cerró el expediente y elevó a juicio como autor del crimen a Lucas Adrián Bustos, un peón de albañil de 24 años retraído, sin estudios primarios y prácticamente sin vínculo social con ciertas características lombrosianas –la rama de la criminología positivista que sostiene el carácter criminal de una persona por sus rasgos físicos– quien se encuentra con prisión preventiva pese a haber denunciado que sufrió apremios ilegales por parte de la Policía al momento de su detención, a partir de los cuales le sacaron a golpes una declaración sin la presencia de un abogado defensor.
Además resaltó que su hija estaba formada en defensa personal y artes marciales por lo que consideró poco probable que Bustos, de contextura menuda, 50 kilos y 1.50 metro de altura haya podido doblegar a Cecilia.
En la misma línea se manifestó la abogada querellante de la familia Daniela Pavón: “De la investigación surge que no hay elementos suficientes que nos indique que Bustos es responsable del femicidio. El joven está acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa, que contempla condena de prisión perpetua.
En los últimos días, la abogado le adelantó a Télam que se va a reunir con la Fiscalía de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, que tendrá a cargo la acusación en el proceso de enjuiciamiento para comunicar que, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que es también querellante, tomaron la decisión de “no acusar” a Bustos y pedir que se devuelvan las actuaciones a la fiscalía que corresponda para una nueva investigación.
“No podemos sostener una acusación que no cuenta con los elementos pruebas que se requiere en un proceso acusatorio”, aseveró Pavón.
Asimismo, dijo que siempre han “cuestionado la línea investigativa” que llevó la fiscal Kelm y que “hay serias sospechas de encubrimiento sobre la actuación policial y otras responsabilidades que tendrían vinculaciones con una red de trata de personas con fines sexuales y el narcotráfico”.
A pesar de las presentaciones de oposición a la elevación a juicio y pedido de apertura de una nueva investigación, el expediente sigue su curso para el proceso de enjuiciamiento que podría realizarse antes de fin de año o los primeros meses de 2022 y con jurados populares, estimó la abogada.
“Nuestro desafío es también evitar que se imponga un jurado popular integrado por sectores patriarcales o vinculados a los encubridores”, añadió la letrada querellante por parte de la familia de la víctima.
Una causa repleta de irregularidades
En la misma líneas se expresó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, también querellante en la causa, quien recibió a los padres de Cecilia el 9 de abril, oportunidad en la que se pronunció en contra de cerrar la investigación.
“Hay una persona detenida sin pruebas y hay otros sospechosos a los cuales no se ha investigado”, había señalado mediante un comunicado oficial el funcionario nacional.
En el mismo texto había aseverado que “la causa está repleta de irregularidades”, incluso había resaltado que sobre el acusado Bustos “no existe en el expediente ninguna prueba fehaciente de que haya estado en contacto con la víctima”.
Orfandad probatoria
El abogado Sergio Sánchez, defensor de Bustos, se sumó a la oposición de la elevación a juicio aunque no lo formalizó como trámite procesal, al fundar esa decisión en que le rechazaron todos los recursos que presentó.
No obstante -dijo- que el expediente tiene una “orfandad probatoria” sobre su defendido, que es una “persona con estudios primarios, retraída y prácticamente sin vínculo social”.
“No hay una sola prueba que incrimine a Bustos”, afirmó a Télam el abogado Sánchez, quien añadió que la única prueba es el testimonio de la policía que relata manifestaciones supuestamente de su cliente.
El letrado había denunciado por “apremios” a los efectivos policiales que le tomaron declaración, y se espera que la Justicia se expida al respecto y sobre el pedido de libertad.
Último destino
En 2015, Cecilia integraba la selección argentina de hockey sobre hielo, y en ese rol integró la comitiva para participar del los Juegos Panamericanos en México y luego de concluir la competencia se quedó en ese país para luego recorrer, durante casi cinco años, otros destinos americanos.
En 2019, regresó a la casa de sus padres, en barrio Núñez de la Capital Federal, y pasó las fiestas de fin de año y vacaciones con su familia.
En marzo de 2020, al inicio de la pandemia del coronavirus, Cecilia se trasladó a Capilla del Monte, para instalarse en esa localidad al pie del cerro Uritorco para comenzar a escribir un libro sobre las experiencias de esos viajes.
El 5 de abril de ese año fue vista por última vez y fue encontrada sin vida 20 días después, el 25 de abril, en una zona rural de Capilla del Monte (cercana a la ruta nacional 38 y a unos 500 metros del río Calabalumba) en proximidades de la vivienda del imputado Bustos.
Para la fiscal Kelm, “en fecha y hora que no se ha podido determinar con exactitud pero comprendida entre las 23 del 5 de abril y el 15 de abril de 2020, en lugar tampoco determinado con exactitud, el imputado Bustos se habría encontrado con Cecilia que caminaba por el lugar, con quien mantuvo una conversación acerca de caballos”.
Siempre según esa investigación fiscal, en ese lugar, Bustos “doblegó al víctima” para luego someterla sexualmente y asfixiarla, estimándose que “la asfixia ha sido la causa eficiente de la muerte” de la mochilera.
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