Un tiroteo en la entrada de una escuela del barrio Cabín 9 puso en los medios una problemática que vecinos de distintas zonas sufren desde hace bastante tiempo. Si bien el episodio ocurrió fuera de la escuela, involucró a estudiantes del nivel primario que realizaban el cambio de turno entre la mañana y la tarde.
La alarma se propagó entre los padres de los alumnos, que sintieron que “cualquiera y en cualquier momento puede quedar expuesto a una balacera”. La madre de un alumno de la escuela sostuvo que “todos los días hay enfrentamientos y ya no se sabe qué hacer con los chicos”. Otra dijo que “muchas veces los chicos se refugian cuando escuchan tiros porque ya están habituados a esa situación”. El caso mereció que los estudiantes tuvieran que “refugiarse” en el ingreso del establecimiento.
Esta situación, que se repite en otros barrios, pone a la escuela como referente institucional que no sólo debe trabajar con lo que pasa dentro de las aulas, sino también con lo que ocurre puertas afuera, y que en ocasiones la convierte en un eventual “territorio de refugiados”.
A esta altura de los acontecimientos parece ser inevitable que todos los malestares sociales se manifiesten en las aulas. La tensión que sufren esos niños en el contexto, está destinada a estallar en las escuelas. La pregunta es si la estructura escolar está en condiciones de asimilar esos conflictos cada vez más complejos.
No es la primera vez que padres de alumnos utilizan la palabra “refugiarse”, para dar cuenta de la necesidad de “meterse” en la escuela para estar protegido. El refugiado es una persona que busca un lugar donde guarecerse debido a una persecución. Es el que está obligado a marcharse de un lugar porque su vida está en peligro y su territorio ya no le brinda protección. Por su parte, las instituciones que refugian son el “área protegida” que puede brindar “resguardo” a personas que huyen en busca de condiciones de seguridad.
Si bien la definición precedente está dirigida a personas que “se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden o, a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección de éste”, bien podría compartir conceptos con lo que pasa en algunas escuelas de los barrios de Rosario.
Es posible que la madre que utilizó el término “refugiarse” no haya pensado en la definición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Pero seguramente tenía bien en claro la necesidad de protección de su hijo y el rol de la escuela, al menos en su aspecto simbólico, como un lugar de “protección”.
En el marco de la violencia social, la escuela se va transformando no sólo en un lugar de contención, sino también de “refugio”. La tarea de la comunidad educativa suma una nueva responsabilidad para la cual nunca fue formada.
Lo cierto es que la fuerza de los acontecimientos hacen necesario que el personal docente deba asumir roles y tareas que exceden lo pedagógico, que se instalan en un plano social y hasta de “protección humanitaria”.
En este marco, los docentes suelen encontrarse con escasas herramientas para hacer frente a un contexto social marcado por hechos de violencia, que desde hace un tiempo forman parte de su vida cotidiana.
La situación merita que en las escuelas haya profesionales estables, que puedan ayudar a entender estas problemáticas para intentar dar respuestas en un ámbito educativo concreto. No es un problema que pueda resolverse sólo con el accionar docente, requiere personal especializado en otras disciplinas que entiendan el fenómeno desde sus especialidades.
Estos equipos integrados por docentes, psicólogos, psicopedagogos, sociólogos, entre otros, deberían tener más cercanía con las escuelas para que la resolución de los problemas responda al contexto social en el que se están manifestando. Esto permitiría abordar los conflictos desde su desarrollo, y no en el momento que estallan.
La provincia de Santa Fe cuenta desde el año 2008 con equipos socioeducativos multidisciplinarios que están integrados por distintos profesionales, entre ellos, docentes, trabajadores sociales, terapeutas, profesores en ciencias de la educación, psicopedagogos, y de otras disciplinas. Son cerca de 100 profesionales que se distribuyen en 9 equipos para toda la provincia (uno por regional) y todos los niveles que abordan las problemáticas sociales que aparecen en las escuelas.
A pesar que desde Educación sostienen que con la evaluación del “mapa de conflictividad” se podrán habilitar “subsedes territoriales”, queda claro que la complejidad que han adquirido las problemáticas sociales, principalmente las vinculadas con violencia y adicciones, hace necesaria una mayor intervención en los territorios de profesionales que puedan trabajar antes de que los conflictos se hagan insostenibles.
Es este sentido, anticiparse a los hechos es una política de acción eficiente, que permite vislumbrar los conflictos que se están gestando en múltiples biografías cotidianas. Las situaciones complejas no estallan de un día para el otro, siempre hay señales que se expresan antes de la estampida.
El psiquiatra Enrique Pichón Riviére sostenía que la violencia puede ser definida como una reacción colectiva ocasionada por la acumulación de frustraciones de individuos que, en un momento dado, por identificarse en un mismo conflicto, adquieren una pertenencia.
La agresión, aunque se manifieste caóticamente, va precedida siempre de una etapa de planificación y tiende a destruir lo que representa la fuente de frustración o de miedo, ya sea un objeto concreto o un símbolo de ese objeto.
La realidad social está dando señales concretas de que la violencia crece. También que en algunas instituciones, como la escuela, la problemática se instala fuertemente con toda su complejidad, dejando a los actores institucionales desinstrumentados para enfrentar la gravedad del problema. No alcanza con los trabajadores de la educación para dar cuenta de una realidad tan compleja, tampoco con equipos multidisciplinarios que actúan en situaciones puntuales sin entender como se viene gestando el malestar en la comunidad.
Las barreras de contención de las escuelas son superadas por la complicación de un contexto que presiona y aísla a los propios miembros de la comunidad. La hostilidad de los grupos organizados desde el delito comienza a dar forma al concepto de “refugiado”.
En este marco, la escuela se va transformando en una institución que además de educar y contener, es requerida para brindar “seguridad”.
Si la escuela está cumpliendo esta tarea, es porque las instituciones encargadas de ese cuidado no están dando respuestas. La escuela no fue creada para que la comunidad se “refugie” en ella, sino para enseñar a sus integrantes a vivir con libertad.
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