Paulo Freire sostiene que la educación es una permanente búsqueda de la libertad y, en este marco, propone avanzar hacia la emancipación de un sujeto que pueda apropiarse de la realidad para cambiarla. El pedagogo sostiene que la educación es una herramienta de liberación para excluidos y oprimidos y un instrumento para construir ciudadanía.
Educación y libertad son dos términos mancomunados, indisolubles, a veces tan mimetizados que quien los goza suele no advertirlos. Pero adquieren una importancia extraordinaria para quienes están privados de ambos derechos.
La “educación negada” es un camino sin retorno y quienes la padecen suelen integrar las largas filas de la ignorancia, marginación y pobreza, que en ocasiones, son un pasaje abierto a la desidia y el olvido.
Las cárceles están llenas de hombres y mujeres sin educación, personas que no sólo perdieron su libertad, sino que repiten su tragedia cuando se desconoce su condición de sujetos de derecho, incluso los más básicos, como la educación. El sociólogo canadiense Erving Goffman sostiene que la organización de las cárceles responde a “instituciones totales o cerradas” cuyo fin es el control de los sujetos, el cual se logra mediante la deconstrucción de los signos identitarios de las personas a través de la homogeneización, la masificación, la clasificación y el despojo de todos los derechos, incluso el de la educación.
En el año 2011, la diputada Adriana Puiggrós presentó una iniciativa de “educación en contexto de encierro”, que surgió como decisión de un grupo de internos de la Unidad 2 de la cárcel de Villa Devoto. El proyecto se transformó en ley meses después y fue promulgada con el número 26.695, conocida como “ley de educación en contexto de encierro”.
La norma establece que el Estado “tiene la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias”.
Muchos fueron tomando la posta desde distintos lugares, entre ellos, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR que desde el año 2014 (y desde el 2011 de manera experimental) desarrolla a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación un programa de intervención en cárceles del sur de la provincia de Santa Fe, que contribuye a que sujetos privados de su libertad encuentren trayectos de inclusión.
Las actividades se realizan en las unidades carcelarias número 3, 6, 16, 5 y 11, a través del Programa de Educación en Cárceles que la Facultad desarrolla en cooperación con otras facultades de la UNR, entre ellas la de Derecho y Ciencias Médicas, y en una experiencia inédita en el país, con institutos de Educación Superior de la provincia como el Iset N°18 “20 de Junio” de la ciudad de Rosario. El objetivo del proyecto tiene que ver con la ampliación de las trayectorias educativas, culturales y laborales de las personas privadas de su libertad.
La experiencia más antigua
La experiencia más antigua en nuestro país se desarrolla en la la cárcel de Devoto. En esta unidad penitenciaria funciona un pabellón universitario que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el que cursan cerca de doscientos internos, donde también dictan talleres destinados a los que no han terminado el secundario.
En el marco del Programa de Educación en Encierro la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR trabaja sobre un relevamiento permanente de trayectorias educativas, que intenta visualizar las experiencias previas y durante el encierro, para diseñar políticas educativas sobre los gustos y deseos de los internos. La iniciativa también apunta al seguimiento y acompañamiento de los presos en diferentes instancias de educación superior, a través de un dispositivo que integra aspectos sociales, culturales y de formación cultural. Por otra parte, se trabaja sobre la realización de talleres de educación no formal y capacitación en oficios que permiten la formación del interno en actividades que puedan contribuir a su futura inserción laboral.
La Facultad tiene proyectado, para este año, avanzar en la implementación de carreras Universitarias y terciarias a partir de la creación de un “centro universitario”, que tiene como fin garantizar el acceso y derecho a la educación superior para aquellas personas que, por las características de sus condenas, no están en condiciones de cursar extramuros.
El modelo que inspira a los autores del proyecto, es el que se desarrolla en la cárcel de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires. Este Centro Universitario, que depende de la Universidad de San Martín, ofrece carreras, no solo a personas que están detenidas, sino también al personal penitenciario, lo que define una idea de educación integral e igualitaria.
En la actualidad, los internos de las cárceles del sur santafesino que realizan alguna modalidad educativa en el marco del programa cursan carreras como: Diseño Equipacional, Enfermería, Trabajo Social, Comunicación Social y Derecho, entre otras. El cursado está vinculado con la progresividad de la pena y la posibilidad de obtener salidas por estudio. Además, al interior de las unidades se realizan talleres de Comunicación y Periodismo, Producción Audiovisual y Cine, con grupos que no exceden las 20 personas
En este sentido, la Facultad ofrece ampliar la oferta de oficios en convenio con organizaciones sociales, sindicatos y otras instituciones, a los efectos de promover formaciones que puedan constituirse en un oficio que contribuya a la inserción laboral del interno.
Por otra parte, se realizan capacitaciones en Mosaiquismo y Cestería que se articulan con un proyecto de feria que consiste en pensar las trayectorias laborales más allá del encierro. De esta manera, se resignifican los espacios de inserción laboral como modo de articular el pasaje entre el adentro y el afuera.
Este trabajo está enmarcado en un proyecto conjunto con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario y la Dirección de Asistencia Pos Penitenciaria, que es una entidad encargada de las personas que salen de la cárcel, cuyo objetivo es propiciar proyectos cooperativos en las cárceles que vinculen los contextos de encierro con los liberados.
La realidad de la educación vinculada con personas privadas de su libertad es alarmante. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), publicados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 68,64% de los presos ingresó a la cárcel con el nivel educativo primario completo y un 23 % tenía el secundario completo cuando fue detenido. En la actualidad sólo el 1,6 % de los internos cursa alguna carrera Universitaria o terciaria en los pabellones de las 19 universidades que están instaladas en 30 cárceles argentinas.
Un informe de la UBA alienta la tarea de las universidades y los Institutos. Según estos datos, el 84% de los internos que cursó alguna carrera del nivel superior no volvió a cometer hechos ilícitos. Es decir que 8 de cada diez graduados no han vuelto a ser condenados. Estas cifras dan cuenta de la importancia de las universidades, y la educación superior en su conjunto, en generar instancias en contextos de encierro que garanticen la educación. Si los programas de “educación en encierro” lograran instalarse como políticas públicas, los problemas de inseguridad serían significativamente menores.
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