La Corte Suprema de Justicia de la provincia reclamó a la Legislatura que arbitre las medidas pertinentes para la urgente inclusión de los juzgados de Faltas en el nuevo sistema penal. El pedido se basa en que ya son demasiados fallos a los cuales las cámaras de apelaciones declararon nulos “porque violaban las normas constitucionales al no existir en el proceso un necesario contrapunto entre un fiscal y un defensor”. Además, el más alto organismo del Poder Judicial resolvió que hasta que diputados y senadores santafesinos resuelvan la cuestión, ante una contravención deberán intervenir los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Cabe recordar que los juzgados de Faltas no fueron incluidos en la modificación del Código Procesal Penal que rige en la provincia desde febrero de 2014, por lo que seguían actuando de acuerdo a las viejas reglas del anterior sistema, que establecía la no intervención de fiscales en causas de contravenciones.
“Las declaraciones de nulidad en segundas instancias habían puesto a la Justicia de Faltas en una delicada situación que exigía una clarificación por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial”, señalaron voceros de la Corte con respecto al funcionamiento actual.
Uno de los casos más relevantes ocurrió en Vera, en el norte de la provincia, cuando una causa contravencional llegó hasta el máximo organismo judicial que resolvió que, si bien las faltas no son delitos, sí son competencia del fuero penal y por lo tanto deben actuar tanto los fiscales del MPA como los defensores.
“Lo vamos a aprobar”
En diálogo con El Ciudadano, el diputado socialista Eduardo Di Pollina recordó que el proyecto en cuestión fue enviado a la Legislatura en noviembre del año pasado por el entonces gobernador Antonio Bonfatti –hoy presidente de la Cámara baja– y que, efectivamente, contemplaba la adecuación de los procedimientos contravencionales en el nuevo sistema.
Actualmente, la iniciativa está en tratamiento en la comisión de Derechos y Garantías, luego pasará a la de Asuntos Constitucionales y, en caso de obtener el visto favorable en la mesa de trabajo, llegará al recinto. “No hay dudas de que lo vamos aprobar y en consecuencia trataremos de actuar con la mayor celeridad posible”, subrayó Di Pollina.
En tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, aseguró que los litigios por contravenciones están paralizados en toda la provincia hasta tanto se incorpore la actuación de la parte acusatoria. “El problema no es sólo de un circuito en particular sino que afecta a toda la provincia, incluso mucho más en aquellos lugares en donde las faltas y contravenciones las llevan los juzgados de circuito”, concluyó Gutiérrez.
Sobre el accionar judicial
A nivel local el Tribunal Municipal de Faltas actúa ante determinadas contravenciones e impone sanciones o penas a través de vías administrativas.
No obstante, en algunos de estos quebrantamientos a la ley –que no llegan a constituirse en delitos– puede y debe intervenir la Justicia provincial, según lo que ordena la ley 10703 del Código de Faltas.
De acuerdo a la norma provincial, algunos casos que se consideran contravenciones o faltas son aquel que por imprudencia, negligencia o impericia haga caso omiso a una disposición de la Justicia en materia de seguridad o de higiene, por lo cual será reprimido con arresto de hasta quince días.
También cometerá una falta o contravención quien se niegue a brindar datos sobre su identidad a las autoridades, antecedentes o domicilio. En tanto, el uso malicioso de alertas de emergencias como los es la activación de alarmas contra incendios o comunicaciones telefónicas sobre amenazas de bombas que obliguen al arribo de dotaciones de Bomberos, también entran en el detalle de los tipos de faltas. Entre otros, se pueden mencionar el funcionamiento e comercios sin la debida habilitación o las violaciones de clausura cuando un organismo del Estado así lo haya determinado.
Uno de los artículos de la norma establece, además, que el propietario o gerente responsable de un hotel, casa de hospedaje o inquilinato, que no lleve los registros exigidos por la autoridad, relativos a la identidad, domicilio y a la entrada o salida de pasajeros, huéspedes o inquilinos, también serán penados con prisión o sanciones económicas.
Habrá 40 fiscales más
La Cámara de Diputados tratará en la sesión del próximo jueves, en carácter especial, el proyecto presentado este año por el legislador de la UCR-NEO Jorge Henn, que busca modificar la ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La propuesta del ex vicegobernador apunta a elevar el número de fiscales en todos los circuitos del territorio santafesino. “Si la cantidad de trabajo sobrepasa los recursos humanos de la Justicia es muy peligroso”, señaló. Según indicó Henn, “actualmente hay 144 fiscales, lo que representa uno cada 22 mil personas”. El proyecto del legislador prevé aumentar a 184 la cantidad de representantes del MPA, de modo que haya un fiscal cada 17 mil habitantes. Los funcionarios se distribuirán de la siguiente manera: 15 fiscales y 30 adjuntos para la 1ª Circunscripción (Santa Fe); 32 y 64, respectivamente para la 2ª Circunscripción (Rosario), mientras que los restantes se repartirán en Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela.
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