El gobierno nacional y el Poder Judicial de la provincia firmaron ayer en Santa Fe el contrato de adjudicación para construir una cárcel federal en la ciudad de Coronda (llamada Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino). La medida genera rechazo en la ciudad capital del departamento San Jerónimo. De hecho, un grupo de vecinos se manifestó ayer en la puerta de Tribunales en contra del proyecto.
La firma del contrato fue en el salón de actos de la Corte Suprema. Allí estuvieron tres ministros del gobierno nacional: Agustín Rossi (Defensa), Julio Alak (Justicia) y María Cecilia Rodríguez (Seguridad). Los representantes de la Corte provincial fueron su presidente Roberto Falistocco y el juez Rafael Gutiérrez.
La nueva cárcel de Coronda, cuya ejecución está prevista en dos años, tendrá capacidad para albergar a 192 presos (en una primera etapa, ya que pretende alojar a 400 reclusos en total) y su finalidad principal es que el Estado nacional cuente en la provincia con un establecimiento para alojar reclusos del sistema federal, que en la actualidad están alojados en cárceles provinciales.
Se construirá en un predio de 62 hectáreas ubicado cerca de la autopista Rosario-Santa Fe, con una inversión de 350 millones de pesos y prevé emplear a 250 guardiacárceles que se radicarán con sus familias en Coronda.
El rechazo vecinal
La decisión de instalar una nueva cárcel en Coronda, donde ya funciona la Unidad Penitenciaria Nº1 de la provincia, es resistida por vecinos de esa localidad. Antes del acto, ciudadanos corondinos se concentraron en Tribunales para manifestar su rechazo al nuevo penal. Pretenden otro tipo de fuentes laborales para su ciudad.
“Creemos que esto es contraproducente”, dijo uno de los manifestantes y agregó: “¿Por qué nosotros, que ya tenemos una cárcel, tenemos que aceptar otra? No estamos de acuerdo, Coronda está para otras cosas”.
El intendente electo, Hugo Calvet, propuso una solución intermedia: que se haga la cárcel y que la Nación “compense con otras obras” a la ciudad.
Cuestión de fondos
Esa no fue la única polémica en torno al convenio firmado ayer. El ministro de Seguridad de la provincia Raúl Lamberto y el vicegobernador Jorge Henn recordaron que la provincia tiene alojados en sus penales a 285 presos federales y que la Nación adeuda, por esos gastos, unos 60 millones de pesos. Según los funcionarios provinciales, la última partida de la Nación llegó en 2007.
El ministro Alak contestó ante la prensa: “Estamos al día. Muchas veces los trámites se dilatan porque no hay precisión; primero, porque para que paguemos tiene que estar certificado por la Justicia Federal que es la titular de la acción de la detención. Con el gobierno de la provincia tenemos una excelente relación, así que si fuera así se resolvería rápidamente”.
Idas y vueltas
Una primera intención de construir un penal federal en suelo santafesino se esbozó en la presidencia de Carlos Menem, proceso que luego, al llegar el gobierno de Fernando de la Rúa, se descartó por sospechas de irregularidades en la licitación. Posteriormente, la gestión de la Alianza anunció la obra como parte de un plan penitenciario nacional, a construirse en 2002, pero la crisis social que se llevó puesto a De la Rúa la hizo naufragar.
En 2005 el gobierno de Néstor Kirchner intentó reflotar el proyecto. En aquel momento, el fracaso de la obra coincidió con la renuncia del por entonces ministro de Justicia nacional Horacio Rosatti, a quien se le atribuyó la negativa a firmar la adjudicación por supuestas irregularidades y sobreprecios.
Nación prometió para fines de 2012 el llamado a licitación para la construcción de la cárcel, instancia que recién se concretó en octubre de 2014. Todo este periplo finalizó ayer con la firma del contrato para la construcción del penal federal en Coronda.
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