El ex fiscal anticovid Gustavo Ponce Asahad fue condenado a tres años de cárcel al consentir un procedimiento abreviado por el cual reconoce su responsabilidad como integrante de una asociación ilícita, en cuyo marco recibió coimas e incumplió sus deberes de funcionario, informó el Ministerio Público de la Acusación. El ex funcionario, así, recuperará pronto la libertad, luego de firmar ante la jueza María Isabel Más Varela el convenio, acordado entre su defensa y los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes llevan adelante la investigación por juego ilegal. En rigor, la pena acordada es del doble, seis años, que se reducen a tres al aceptar el ofrecimiento de Ponce Asahad de ser imputado colaborador.
El fallo determina para Ponce Asahad, detenido hace poco más de un año y a quien le prorrogaron la preventiva el 30 de agosto pasado por otros diez días (rechazándole la domiciliaria) inhabilitación especial perpetua para ejercer un cargo o empleo público por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y miembro integrante de una asociación ilícita en carácter de coautor, detalló el MPA, que a la vez amplió que “todos los hechos concurren en forma ideal y en grado de consumado”.
Para los fiscales, Ponce Asahad conformó una asociación ilícita junto con su superior Patricio Serjal, el empresario Leonardo Peiti (estos dos últimos considerados organizadores), el empleado del MPA Nelson Ugolini, el llamado Zar del Juego Clandestino de Rafaela David Perona y el comisario retirado Alejandro Torrisi. Es la misma investigación por la cual el MPA de Rosario pretende imputar al senador Armando Traferri, por ahora sin suerte a la hora de que le retiren sus fueros.
“El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal”, describieron los fiscales.
La condena señaló que Serjal y Ponce Asahad “ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.
En cuanto a Ponce Asahad, indicó que su rol en la asociación ilícita “consistió en haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal adjunto, aprovechando ese lugar para recibir dinero de Leonardo Peiti a cambio de transmitirle directa y/o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tenerlo como sospechoso”.
Puntualmente, le adjudicaron al exfiscal –que fue destituido el año pasado cuando se desató el escándalo público- haber contactado a Peiti a mediados de diciembre de 2018 “a fines de informarle que existían en el ámbito del MPA investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas”.
También haber creado en Rosario una causa “melliza” a una por juego clandestino tramitada en la localidad santafesina de Melincué para evitar la persecución penal de Peiti.
Además, la sentencia recordó que Ponce Asahad se reunió en varias oportunidades con Peiti “para recibir el pago acordado”, que se estima entre 4 y 5 mil dólares mensuales.
“El condenado concurrió a un encuentro con Peiti el 9 de julio de 2020 a las 12.30 en el Pasaje Rosales de Rosario y acordaron que aquél entregaría U$S 10.000 dólares ese mismo día, por la tarde”, se explicó en el fallo.
Y agregó que “esa entrega se concretó a las 18 aproximadamente, en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario”, donde Ponce tenía una oficina.
El ex fiscal Ponce Asahad pidió ser “imputado colaborador” y se vislumbra un acuerdo abreviado
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