El ex intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y su ex vice Fabio Aquino, fueron procesados este jueves con prisión preventiva al darse por probado que integraron una asociación ilícita para la venta de drogas en ocho distritos del país, incluida la ciudad de Rosario, que utilizó a niños para llevar a cabo el delito, amparados por policías y otros miembros de fuerzas de seguridad y a quienes la Justicia les adjudica vínculos con la gobernación de Corrientes.
Según el procesamiento de 642 carillas del juez federal porteño Sergio Torres, la organización delictiva usaba a chicos de edad “escolar” a los que llamaba escueleros para la descarga de la marihuana que llegaba en balsas desde Paraguay y se estimó que la cantidad de droga que ingresaba a la localidad era superior a las 15 toneladas semanales.
Además de Terán (51) y Aquino (36), el magistrado procesó a otros 26 acusados, 25 de ellos con prisión preventiva y embargos de un millón y medio de pesos, y entre ellos están el ex miembro de Prefectura Naval Julio César Saucedo (25) y el comisario de Itatí Diego Alvarenga (51).
En su resolución, Torres explicó que la banda operaba al menos desde mayo de 2014 y que montó una ruta de acceso por vía fluvial desde Paraguay para luego distribuir y comercializar la droga en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Terán, jefe comunal de la localidad de 8.000 habitantes, era el encargado de “coordinar la obtención de la droga” y dar protección a los demás integrantes de la banda, lo mismo que su vice, quienes tenían un “vínculo cercano con autoridades de la gobernación”, se remarcó en el fallo.
El juez consideró que el prófugo ex empleado municipal Luis “Gordo” Saucedo (36), Carlos “Cachito” Bareiro (38) –actualmente preso en Chaco– y Federico “Morenita” Marín –también fugitivo– tenían un desempeño preponderante en la banda y coordinaban en mayor medida las operaciones de tráfico ilícito, obteniendo el mayor rédito comercial por estas actividades delictivas.
En el caso del ex miembro de la Prefectura Saucedo se concluyó que distribuía la droga y se investiga si hasta gestionó un préstamo personal para la compra de un cargamento que terminó secuestrado por Gendarmería.
El comisario Alvarenga “brindaba protección a los narcotraficantes, información y acción directa frente a un procedimiento de otra fuerza, invocando jurisdicción local”, remarcó el juez sobre el detenido, quien guardaba dos panes de marihuana en su seccional.
Cachito Bareiro, por su parte, coordinaba la venta de la droga desde la cárcel gracias a las visitas que recibía, entre ellas la de un prófugo en la causa, Hugo Ayala, y también mediante el uso de teléfonos celulares que tenía en su poder.
Sobre los demás miembros, Torres indicó que “estarían abocados a la manipulación directa de la droga, su transporte, al monitoreo de las rutas y caminos alternativos, como así también a coordinar con quienes recibirían los cargamentos de estupefacientes”.
En la investigación, el juzgado estableció que la droga era comprada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, de allí trasladada a Itá Cora y se cruzaba a Itatí en balsas por el río Paraná.
Una vez del lado argentino, la banda usaba a chicos en edad escolar para descargar las lanchas, luego colocaba la droga en autos y las llevaba a los compradores.
Por la utilización de los escueleros, al dictar los procesamientos, Torres entendió que el delito estaba agravado por “haberse servido de menores”.
Además ordenó seguir la investigación para determinar “el contexto” en el que se permitió que Itatí se convirtiera en una localidad donde ingresaban más de 15 toneladas de droga a la semana.
También se estableció que el dinero obtenido era lavado mediante la compra de viviendas y vehículos, que eran puestos a nombre de terceros con cédulas verde que autorizaban el manejo por parte de sus reales propietarios.
Todos los detenidos quedaron procesados como “miembros de una asociación ilícita, en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes –en la modalidad de comercio–, en calidad de coautores, agravado por haberse servido de menores de dieciocho años de edad y por la intervención de funcionarios públicos”.
Además, fueron procesados Alejandro Piris (40), hermano de Ricardo Piris (38) –preso en otra causa por narcotráfico junto a su pareja e hija del intendente de Itatí, Alejandra Terán (27)– y Corina Noguera (31), secretaria de la Municipalidad.
“Era uno de los encargados de trasladar grandes cantidades de droga desde Corrientes a la provincia de Buenos Aires para su posterior distribución a otras bandas”, se advirtió sobre Piris, en tanto que Noguera era una supuesta prestanombre para el registro de automotores de la banda.
Esta causa se inició luego de que se descubrió que gran cantidad de la marihuana que llegaba a la villa 21 del barrio porteño de Barracas provenía de Paraguay, previas tratativas con distintos integrantes de la banda asentados en la provincia de Corrientes.
Ruta verde: la banda de Los Monos y la conexión Rosario
El juez porteño Sergio Torres acumuló en su despacho ocho causas que tenía en su poder su cuestionado par Carlos Soto Dávila, todas sobre narcotráfico, aunque en realidad le había pedido 21 expedientes. Es una compleja trama que vincula la operatoria de Itatí con siete provincias y la Capital Federal. Con respecto a Santa Fe, la causa Los Patrones que tiene procesados a integrantes de Los Monos probó que la marihuana que manejaba una célula del clan Cantero provenía de Itatí, a través del Patrón, como se conoce a Elías Sánchez, un correntino encausado en varios casos. En otra causa trascendió que Los Monos canjeaban marihuana por cocaína o autos con el sector liderado por Luis Saucedo, cuyo hermano Cirilo –prófugo en el expediente original que tramita Torres– vivió al menos dos años en barrio Cabín 9. Cristian Aquino, hermano del vice –quien había caído pocos días después que la hija y el yerno del intendente– “se encarga de hacer los viajes a Buenos Aires, Rosario, Santa Fe”, dijo un testigo de identidad reservada al magistrado Torres.
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