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Insisten por nueva ley de Agroquímicos

Las organizaciones que forman parte de la multisectorial Paren de Fumigarnos insisten en la necesidad de avanzar hacia reforma de la actual ley provincial de Agroquímicos, con el objetivo de establecer nuevos límites al uso de productos tóxicos y a las fumigaciones sobre zonas pobladas.


Las organizaciones que forman parte de la multisectorial Paren de Fumigarnos insisten en la necesidad de avanzar hacia reforma de la actual ley provincial de Agroquímicos, con el objetivo de establecer nuevos límites al uso de productos tóxicos y a las fumigaciones sobre zonas pobladas.

El proyecto estaba trabado en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde no hubo acuerdo para avanzar hacia un dictamen unificado. Tras varios reclamos y movilizaciones, las entidades ambientalistas lograron que el proyecto sea estudiado en la comisión de Salud. Los integrantes de esa comisión citaron para el 13 de diciembre a los referentes de Paren de Fumigarnos para analizar la reforma.

Sin embargo, es poco probable que el tema prospere. Este jueves es la última sesión del período ordinario y desde la semana próxima –y hasta el 1º de mayo de 2018– sólo podrán ser tratados en la Legislatura aquellos proyectos que sean remitidos desde el Poder Ejecutivo.

Con el objetivo de darle visibilidad a la problemática de las fumigaciones y apurar el trámite legislativo, militantes de Paren de Fumigarnos se movilizaron la semana pasada hacia la Legislatura para exigir el tratamiento de la reforma.

La ley vigente es de 1995, antes del ingreso al país de la soja RR (resistente al Round-Up) que modificó los esquemas productivos y dio origen al actual sistema agrícola basado en los paquetes tecnológicos. Desde hace una década, entidades ambientalistas buscan promover una legislación protectiva del ambiente y la salud. Pretenden establecer áreas libres de agroquímicos en torno a las poblaciones y las escuelas rurales, pero hasta ahora la Legislatura les dio la espalda.

Desde Paren de Fumigarnos proponen un límite de 800 metros respecto del ejido urbano para las fumigaciones terrestres y plantean además la prohibición, en toda la provincia, de las fumigaciones aéreas. La ley vigente establece 500 metros para las terrestres y 3.000 para las aéreas.

El último proyecto votado por la Cámara de Diputados, que le dio media sanción en octubre de 2015 y lo giró al Senado, es mucho más permisivo que el proyecto de Paren de Fumigarnos e incluso que la ley actual: establece límites de 200 metros para las fumigaciones terrestres y deja en 3.000 metros el límite para las aéreas.

Ese proyecto, elaborado por la diputada socialista Inés Bertero, está cajoneado hace dos años en el Senado. Hasta ahora fue imposible lograr consenso en torno a una iniciativa que satisfaga tanto a las entidades ambientalistas como a los productores. Desde Paren de Fumigarnos siguen sosteniendo que la iniciativa de Bertero es permisiva, ya que hace foco en la producción y no en la salud y el cuidado del ambiente.

El caso Hersilia

Mientras la Legislatura no logra avanzar hacia una ley que proteja a las poblaciones de las fumigaciones, en Hersilia –un pueblo de 3.000 habitantes en departamento San Cristóbal– la movilización de los vecinos logró la sanción de una ordenanza que fija una zona de resguardo de 800 metros libres de químicos y la puesta en marcha de un plan para promover la agroecología.

El pueblo tiene 900 hectáreas periurbanas con restricción para fumigar. Su objetivo es, a largo plazo, que en toda esa superficie se produzcan alimentos en forma agroecológica, es decir, sin usar semillas transgénicas ni agrotóxicos, respetando los ciclos naturales y la biodiversidad, con un sistema de producción y comercialización justo para productores y consumidores, económicamente sostenible.

El grupo, conformado en parte por integrantes de la Universidad Trashumante (una red de educación popular que recorre el país desde hace 20 años), tomó el nombre de Vecinos Autoconvocados de Hersilia y comenzó a trabajar junto a sus pares de Ceres, ciudad ubicada 20 kilómetros al norte. Organizaron charlas con médicos de pueblos fumigados, repartieron volantes, difundieron el reclamo en los medios locales y pidieron audiencias con las autoridades.

En 2011, lograron que se sancione la ordenanza Nº 1.712 que prohíbe las fumigaciones con cualquier tipo de agroquímicos en un radio de 800 metros desde el límite del ejido urbano.