La provincia deberá indemnizar a un sargento retirado de la Policía con 61.500 pesos, más los intereses acumulados en una década y media, por haber sido baleado en un cinematográfico motín con toma de rehenes que duró casi un día, en agosto de 2000, en la comisaría 19ª. Además, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N° 2 de Rosario resolvió que el Estado provincial pagará las costas y los honorarios de los abogados junto con los peritos que intervinieron por 100.800 pesos, más intereses.
El 13 de agosto de 2000 al mediodía, el agente Ulises A. y el sargento Alberto A. ingresaron al penal para llevar la comida a los 45 reclusos que estaban hacinados en la seccional 19ª, ubicada en Calchaquí 3580. Cuatro internos, Raúl T., Gabriel A., Roberto S. y Miguel C., redujeron a los policías y los trasladaron a una oficina donde estaba el arsenal de la comisaría, forzaron las cerraduras y se hicieron con el armamento para intentar evadirse. Uno de los policías logró liberarse y corrió para avisar al resto.
Entonces, el oficial a cargo de la dependencia y el sargento primero Miguel Ángel D. –el demandante– fueron en auxilio del rehén y realizaron disparos intimidatorios. La acción enardeció el ánimo de los internos, que respondieron de la misma manera.
A raíz de la balacera, un proyectil impactó en la espalda de Miguel Ángel D., entonces de 42 años. La pistola de la cual surgió el disparo era una de las armas reglamentarias que uno de los presos había conseguido en la revuelta. Los policías pudieron poner a resguardo a Miguel Ángel D., pero el agente Ulises A. continuó como rehén de los reclusos por casi 20 horas. En ese lapso, otro uniformado terminó con un tiro en la mano cuando se quiso acercar al interno que usaba como escudo humano al agente para que depusiera su actitud. Recién a las 7 de la mañana del día siguiente, tras las negociaciones con el personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), los reclusos liberaron al rehén y acordaron entregarse con la condición de ser trasladados a otro penal.
En su resolución, los magistrados civiles indicaron que a través de las pruebas presentadas en la demanda se corroboró el reclamo del policía, hoy de 57 años, quien fundó el pedido en el resarcimiento de los daños físico y moral, así como los gastos médicos y colaterales. En su exposición, los abogados del sargento presentaron las pruebas, entre las que se encontraba un certificado de pobreza para remarcar la situación en la que había quedado su defendido tras ser herido.
Con respecto al reclamo, los letrados explicaron que “existe indudable responsabilidad de la demandada atento la clara negligencia del Estado al permitir que internos de gran peligrosidad sean alojados en aquella seccional, sin ningún tipo de seguridad ni preparación para el personal en lo concerniente al cuidado de presos, actividad exclusiva del Servicio Penitenciario”. A su vez, el escrito describió las deficiencias edilicias y la superpoblación carcelaria que existía entonces en la comisaría. “Había siete calabozos con lugar para 12 reclusos y en ese momento existía una población carcelaria de 45 presos”, describieron los testigos que declararon en la causa penal.
A pocos meses de cumplirse 15 años del hecho en el cual terminó baleado Miguel Ángel D., los jueces que integran el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual N° 2, Gustavo Antelo, Viviana Cingolani y Juan José Bentolila, resolvieron que el Estado provincial deberá resarcir por incapacidad sobreviviente –el policía sufre de dorsalgia al estar parado, no puede hacer actividades físicas y posee dolor en las cicatrices– por la suma de 35 mil pesos. A su vez, por daño moral, lo que supone el shock traumático de la situación vivida, el monto es de 25 mil. A lo que se suma 1.500 pesos por los gastos de asistencia, movilidad y farmacia, más los intereses acumulados.
En el fallo, también se detalla que el gobierno provincial deberá abonar 100.800 pesos más intereses, por las costas y los honorarios de los abogados y los profesionales que intervinieron en la causa.
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