Iban camino a purgar perpetua pero arreglaron por tres años

Abreviar significa reducir o acortar la duración de una cosa. En una causa penal, el término se utiliza cuando, con previo acuerdo entre las partes, se evita el juicio oral a fin de reducir el tiempo del proceso; aunque muchas veces, lo que se negocia es la reducción de la pena. Ayer un policía y sus tres hijos, que estaban imputados por un delito que prevé perpetua, firmaron un acuerdo abreviado de tres años de prisión, lo que los dejó a un paso de la libertad. Estaban acusados de linchar, frente a su domicilio, a un presunto ladrón con golpes de puño, patadas, piedras y palos hasta hacerle perder la conciencia y luego atropellarlo varias veces con una motocicleta. Las heridas eran tantas –tenía fractura de cráneo y costillas, pérdida de piezas dentales y le faltaba media oreja– que en la autopsia no se pudo determinar cuál fue la lesión que le provocó el deceso. A la víctima, Mario Sergio Fernández, de 36 años y padre de tres hijos, le abreviaron la vida a golpes.

El brutal crimen ocurrió la noche del 24 de febrero de 2015 en una canchita de fútbol de Villa Gobernador Gálvez, a metros de la casa del sargento de Policía Sergio Daniel Monzón, de 51 años, quien ayer, junto a sus hijos Sergio Jesús, de 30; Walter Alejandro, de 24; y Nicolás Daniel, de 20, fue condenado a tres años de prisión por el delito de homicidio en riña. Fernández falleció el 13 de abril de ese año, tras casi dos meses de agonía.

En principio, la fiscal Marisol Fabbro acusó al cuarteto de homicidio calificado por ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautores, delito que prevé prisión perpetua. A esa imputación llegó por varios testimonios que sindicaban al policía y a sus hijos de ser los autores de la brutal golpiza en represalia de un intento de robo en su domicilio de Riccheri al 2700. Se sumaron seis ruedas de reconocimiento positivas y el dato de que Sergio, el mayor de los hermanos, que estuvo prófugo hasta hace un mes, era el dueño de la motocicleta secuestrada con la que fue atropellado Fernández luego de quedar desvanecido por los golpes.

Linchamiento

El juicio abreviado, que ayer fue homologado por el juez Juan Carlos Vienna, se alcanzó con una modificación en la calificación legal, que tipificó el hecho como homicidio en riña, que prevé una pena considerablemente menor que homicidio calificado por alevosía. Así, con el acuerdo de la fiscal Fabbro y el abogado defensor, Cristian Anderson, se pactó una condena de tres años de prisión efectiva para los cuatro imputados, con una restricción de acercamiento y cualquier tipo de contacto respecto a los familiares de la víctima, que viven a pocas cuadras de distancia, y la promesa de mudarse de barrio.

“Es un caso típico de homicidio en riña. Es un linchamiento”. Así explicó la fiscal Fabbro al cambio de la calificación legal tras aclarar que “no se pudo acreditar quién fue el autor del homicidio y tampoco cuál fue la lesión causante del deceso”. En ese sentido aclaró que en una ampliación, los testigos dijeron que fueron unas 15 personas las que golpearon a Fernández, y que la causa del fallecimiento, casi dos meses después, fue sepsis generalizada.

Consultada sobre la defensa de los imputados, que durante todo el proceso dijeron que no estaban en el lugar del crimen (el policía ofreció cien testigos que lo ubicaron en un club y a dos de sus hijos en otra ciudad) pero que ahora firman un convenio por el homicidio, la fiscal explicó: “El abreviado no implica el reconocimiento del hecho. Es un acuerdo entre las partes –imputado, defensor y fiscal– respecto de la calificación legal, de la pena y el modo del cumplimiento de la pena”, explicó. “Lo que quiero decir es que el procedimiento abreviado no implica una confesión”, insistió.

Fabbro aclaró también que cuando la pena es de tres años o menos, a los ocho meses de prisión ya se está en condiciones de pedir la condicional, situación que deja prácticamente en libertad a Monzón padre y a sus dos hijos menores, que llevan más de un año detenidos. En tanto, al mayor de los hermanos, que se presentó ante la Justicia hace un mes –en el marco del acuerdo alcanzado ante las partes– deberá purgar algunos meses de prisión, y ya solicitó que la misma se efectivice en la seccional 27° de Arroyo Seco, donde brindaba servicio su padre antes de ser imputado de homicidio, y donde también sus hermanos y su progenitor estuvieron alojados durante el proceso.

“Nos parece totalmente injusta la condena, no estamos de acuerdo”

“Nos parece totalmente injusta la condena”, dijeron ayer entre sollozos Teresa, la mamá de Fernández, y Natalia, una de sus hermanas, quienes escucharon la lectura del juicio abreviado en una sala de audiencias vacía y en la que no le sacaron la mirada a los condenados.

“Le dijimos a Baclini (el fiscal Regional, Jorge) que no estábamos de acuerdo con la condena. Pero él nos explicó que si íbamos a juicio el policía podía quedar libre y volver a ejercer su cargo. Y que si firmábamos el abreviado él no iba a poder seguir siendo policía”, dijeron.

“Nosotras sabemos que el de mi hermano no es el único caso. Ese señor policía ya había golpeado a otro chico que estuvo dos meses en terapia intensiva y por miedo no se animó a denunciarlo. Y a una chica también. Por eso aceptamos, para que no siga haciendo lo mismo, y para que se vaya del barrio: nosotras vivimos a seis cuadras, en barrio San Diego de Villa Gobernador Gálvez. Y también por miedo, porque nos dijeron que si firmábamos se iba a presentar su hijo mayor, que andaba suelto, y fue el que más se ensañó en torturar a mi hermano”, dijo Natalia.

Sin entender muy bien los términos del acuerdo, ambas mujeres no sólo dijeron estar en desacuerdo con la pena acordada sino que quieren apelar: “Tenemos copia del expediente. Vamos a buscar a un abogado por fuera del Tribunal. Tiene que ser por otro lado, porque acá se arregla todo, porque todos se conocen. Estamos peleando contra la corriente. Sabemos que esto es totalmente injusto. Nosotros se lo dijimos a la fiscal Baclini. La Justicia en este país es para los que tienen plata, para los que pueden arreglar. Para los demás no”, dijo Teresa, de 60 años y madre de cinco hijos.

Natalia también se mostró confusa: “Dicen que no se sabe quién le dio el golpe. Cuando los mismos testigos aseguran que ellos (el policía y sus hijos) le pasaron por arriba con la moto. Y a una persona que no se le pasa por arriba con la moto para hacerle lesiones sino para matarlo. No quisieron darle una golpiza como ellos dicen. Incluso cuando se retiraron del lugar fue porque lo dieron por muerto, porque gritaban: «Vamos, ya lo matamos». El que le pasaba por arriba con la moto es uno de los imputados”.

Teresa repasó las heridas que tenía su hijo, y al que pudo ver durante los dos meses de agonía que pasó en el Heca. “Los médicos le sacaron parte del cerebro porque fueron tantos los golpes que le molieron el cráneo. Tenía el cráneo partido. Tenia puntos hasta en la lengua, le faltaban dientes, tenía la boca partida, le faltaba la mitad de una oreja. Dice que este hombre policía le tiró la oreja de mi hijo a un perro”.

“Lo peor de todo –concluyeron– es que durante la audiencia ni siquiera bajaron la mirada. No mostraron ni un poquito de arrepentimiento. Sólo miradas amenazantes”.