Ayer por la tarde concejales de distintos bloques, organizaciones sociales y hasta la escuela del barrio criticaron el accionar de la Policía en Garzón al 4400. El criminólogo Enrique Font apuntó al rol que cumplen los médicos en la Policía para constatar el estado de salud de los detenidos como pieza clave en el ocultamiento de apremios.
Voces y enojo
El concejal del PJ, Eduardo Toniolli acompañó a los familiares de los heridos en el centro de salud y la comisaría 19ª y vio cómo fue mutando la versión oficial de lo que había ocurrido. “Primero, esgrimieron que el accionar policial fue porque había ocurrido un tiroteo. Cuando el fiscal empezó a trabajar dijeron que era un operativo de rutina donde les pidieron documentos a unos chicos en una esquina. La última fue una supuesta persecución de un prófugo que se había escondido en una de las casas en las que entraron”, relató. Según el edil, los testimonios de más de 50 vecinos tomados por el fiscal forzaron la investigación que llevó a la imputación a los agentes y al médico que firmó las constancias señalando que los detenidos no estaban heridos. “El Ministerio de Seguridad debe llamarse a silencio y dejar que Justicia actúe. Les cuidan las espaldas sin justificación. No se puede sostener que aún cuando una persona esté armada los agentes irrumpan en el barrio y golpeen a menores de edad y mujeres”, criticó Toniolli.
La concejala Norma López, por su parte, pidió que “(Maximiliano) Pullaro y (Miguel) Lifschitz den explicaciones”. Al igual que Toniolli consideró que haber reportado las detenciones en el marco de una búsqueda de un prófugo fue una forma de legitimar un accionar violento y sistemático contra poblaciones humildes y en estado de vulnerabilidad. “Mientras el gobernador Miguel Lifschitz se saca fotos con las comunidades originarias para la prensa y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, felicita a uniformados por operativos contra manteros, envían a la Policía a reprimir a los más débiles. Atacan a los Qom en vez de luchar contra el narcotráfico, de bajar los hechos delictivos y de tener una verdadera política contra la violencia que vemos todos los días. Hicieron un impresionante despliegue policial sin ajustarse a derecho contra niños, adolescentes y mujeres originarias”, señaló la concejala del Frente para la Victoria junto a su ex colega Roberto Sukerman.
“El accionar de los policías debe ser investigado con urgencia. Nos solidarizamos con las familias afectadas y esperamos que estos terribles episodios, que nos recuerdan a los peores momentos de nuestro país, no se repitan”, concluyeron.
Contradicción
Desde la comunidad educativa de la escuela N° 518 “Carlos Fuentealba” del barrio donde ocurrieron los hechos de violencia repudiaron el accionar policial. “Responsabilizamos a la Policía que intervino al tiempo que exigimos que las autoridades del Ministerio de Seguridad señale a los responsables, proceda en consecuencia, y ordene cesar con este modo de operar inapropiado, antidemocrático y mancillador de los derechos humanos que hoy desplegaron en el barrio donde viven nuestros alumnos y sus familias”, indicaron en un escrito. “Tenemos conocimiento de la desaparición y brutal golpiza que sufrió un adolescente, quien luego fue hallado en un campo. Estas prácticas lúgubres nos retrotraen a momentos oscuros de nuestra historia. Esa historia que enseñamos a nuestros alumnos en las aulas del barrio donde hoy las balas y la prepotencia ganaron las calles”, insistieron desde la escuela.“Los procedimientos prepotentes y abusivos son moneda corriente en el barrio. Esta clase de procedimientos y mal llamadas políticas de seguridad se contradicen claramente con las políticas educativas orientadas a la inclusión que desde el Ministerio de Educación que el mismo Estado sostiene y nos pide concretar, incumpliendo además así las mismas normas que se nos pide y bregamos por enseñar. Atentos a los hechos y otros que se pudieran derivar de ellos permanecemos alertas y en pie de hacernos escuchar”, concluyeron.
“Los médicos no pueden estar en la Policía”
Consultado por El Ciudadano, el criminólogo Enrique Font analizó lo ocurrido ayer: “No hubo delito de los detenidos. Es un caso más del uso desmedido de la fuerza en una intervención no legal. Fue fruto de la interacción policial. Sólo así se produce la situación de tensión”. Para el integrante de la cátedra de criminología de la Facultad de Derecho de la UNR, el accionar desmedido de la Policía es apoyado no sólo por la justificación que hicieron del operativo desde el Ministerio de Seguridad. “Es vital para cualquier caso de violencia institucional como este que los médicos no violenten la realidad, algo que acá ocurrió. El problema es que no hay médicos independientes a la Policía y no se sigue con los protocolos internacionales que previenen estos casos. Son reglas básicas como que los uniformados no pueden estar presentes durante la entrevista con el médico, lo que impediría que se puedan denunciar abusos”, indicó Font. Para el especialista los médicos de la Policía, a cargo de las constataciones de detenidos a diario, no tienen lugar en la estructura de la fuerza. “Tenemos casos donde han firmado examinaciones y el imputado que fue examinado nunca vio al médico. En cualquier parte del mundo se toman recaudos que acá no se toman y por eso hay denuncias internacionales del mal funcionamiento. También se podrían sumar elementos de prueba estándar, simple y barata para comprobar si una persona fue picaneada. Es un test de piel celular que en 5 días puede demostrarlo”, explicó y agregó: “En Santa Fe ni se piensa en usarlo y por eso no hay documentación. Tenemos varias denuncias”.
A partir de esa falta de documentación sobre torturas y apremios es que se ensucia el trabajo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), un órgano que según Font también criticado por el mal funcionamiento de la Unidad de Violencia Institucional (dirigida por Florencia Bartocchi). “Tenemos muchas causas donde los investigadores no cumplen su rol y son las defensas públicas y las organizaciones las que se constituyen como querellantes, si es que cuentan con los recursos”, apuntó el criminólogo. Font insistió en que se trata de una decisión política del fiscal regional Jorge Baclini de no dotar de recursos a la unidad. “No hay voluntad política de investigar las ilegalidades. Es lamentable, pero en los próximos días veremos médicos forenses que no hicieron su trabajo, fiscales que no avanzan y organizaciones sociales sin respuesta”, concluyó Font.
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