Durante la mañana de ayer familiares de víctimas de homicidios a manos de miembros de fuerzas de seguridad y la Multisectorial contra la Violencia Institucional realizaron una movilización que identificaron como Marcha Negra contra el Archivo. Los manifestantes caminaron desde la Fiscalía de Homicidios Dolosos hasta el edificio del Ministerio Público de la Acusación, donde se ubica la oficina del fiscal regional Jorge Baclini. Puntualmente, solicitaron el retroceso en los archivos de dos investigaciones fiscales por los crímenes de Maximiliano Zamudio, ultimado por un prefecto en barrio Tablada, y Alejandro Ponce, quien murió en el río Paraná luego que, según testigos, un policía le arrojara piedras. A su vez expresaron su preocupación por la suerte del caso de Carlos Godoy –ultimado por una bala policial en el puente Sorrento–, ya que adelantaron la posibilidad de un nuevo archivo en este caso.
La convocatoria estaba marcada para las 8 y desde la Unidad de Homicidios Dolosos, en Montevideo al 2200, marcharon hasta la sede de la Fiscalía Regional, ubicada a tres cuadras de la primera. La movilización se produjo en el marco de la campaña “no al archivo en casos de violencia institucional” y estuvieron presentes familiares de Jonatan Herrera, Gerardo “Pichón” Escobar, Maximiliano Zamudio, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, entre otros, quienes fueron acompañados por allegados y miembros de la Multisectorial. El objetivo fue hacer oír su reclamo para reactivar las causas de Alejandro Ponce y Maximiliano Zamudio, recientemente archivadas por el fiscal Miguel Moreno, y reavivar el pedido de revisión de esa decisión presentado ante el fiscal regional Jorge Baclini. A su vez se juntaron firmas en el marco de la causa del juicio oral por el crimen de Jonatan Herrera. El fin es lograr apoyo para que la lectura de la sentencia se emita en una pantalla gigante en las puertas de Tribunales.
Guillermo Campana, abogado de la Multisectorial, sostuvo: “Hasta el momento tenemos archivadas las causas de Ponce y Zamudio. Tememos por la causa de Carlos Godoy que, si bien resta producirse algunas pruebas, podría sufrir la misma suerte, por advertencias que nos ha hecho el propio fiscal (Moreno) en audiencias que hemos tenido”.
La movilización de los familiares tiene que ver con eso: que no se garantice impunidad desde el Poder Judicial y la Fiscalía, refirió. El letrado afirmó que las investigaciones en estos casos, donde hay una grave deficiencia en la pesquisa, están destinadas al fracaso. Y agregó: “Tiene que ver con no producir pruebas en tiempo y forma, no responder a los pedidos de las querellas, no atender a los familiares, no responder a los deberes y obligaciones que tienen los fiscales, especialmente al principio de objetividad que debe regir en toda la investigación y que se ve gravemente alterado en estos casos”.
A modo de ejemplo sostuvo que existen intervenciones telefónicas a los familiares de las víctimas y no hay intervenciones a algunos de los sospechosos, a lo que sumó “la estigmatización de las víctimas: revestirles la calidad de delincuente para justificar su muerte”, sostuvo y agregó: “Al haber personal de fuerzas seguridad involucrado, no hay una perspectiva de derechos humanos al momento de investigar. No se respetan los instrumentos internacionales a los cuales el Estado argentino tiene que responder y entendemos que es una responsabilidad de la Fiscalía Regional, que debe instruir a los fiscales para que, en los casos en los que hay personal de la fuerza de seguridad involucrado, la perspectiva desde la cual se lleve la investigación sea de derechos humanos”, afirmó.
Campana refirió que presentaron pedidos de disconformidad con el archivo de las causas Ponce y Zamudio, tuvieron una entrevista con Baclini y están a la espera de una resolución. También adelantó que concurrirán al ámbito judicial para discutir los archivos.
Por su parte, el letrado Salvador Vera se refirió puntualmente al fiscal Miguel Moreno, quien estuvo al frente de estas dos investigaciones que fueron archivadas y tiene en sus manos la pesquisa por el crimen de Godoy. En torno al fiscal Moreno, refirió: “Les cree siempre a los policías autores de los asesinatos y ejecuciones. En el caso de Zamudio es alarmante cómo sostiene y cree la coartada que planta el propio imputado; de hecho en esa causa el fiscal decidió imputarlo y luego, sin realizar ninguna medida de investigación que confirme o descarte la coartada del propio imputado, decide archivar”, sostuvo.
Criticó que la instrucción fiscal se base, y no se mueva un ápice, de lo que dijeron los funcionarios policiales en el acta. Y citó algunos ejemplos concretos en los casos para afirmar: “Hay evidencia de cargo suficiente para avanzar”. Y de inmediato añadir: “No podemos decir que en toda la Fiscalía de Homicidios esté marcada esa tendencia. Sí hay una gran y seria dificultad de las víctimas de hechos de violencia institucional policial de avanzar en las investigaciones. Si los familiares no se constituyen en querellantes difícilmente avanzan y eso es un hecho. Hay fiscales con los que tenemos muchas dificultades para avanzar, pero con Moreno es con el que más dificultades tenemos”.
A modo de ejemplo sostuvo que en el caso Godoy discutieron con el fiscal un acta policial que se encontraba en original y copia. “En la original no figuraba el arma que finalmente le plantaron a Godoy en la escena del hecho y en la copia figuraba. Un acta visiblemente interlineada, escrita con otra caligrafía y el fiscal no lo había advertido. Ese tipo de irregularidades estamos marcando en Moreno y nos parecen gravísimas”, afirmó.
Por su parte, desde la Fiscalía Regional refirieron que el fiscal Miguel Moreno puso a disposición, en forma completa y en un formato descargable, los dos archivos, tanto Zamudio como Ponce, para quien lo quiera leer, y la Oficina de Prensa los colgó en las redes para su consulta. A su vez informaron que en la semana los manifestantes fueron recibidos por el fiscal regional, donde además del planteo de disconformidad al archivo expresaron algunas referencias al trato dispensado por el organismo. Baclini aún se encuentra en plazo para expedirse sobre la cuestión.
Modus operandi
EL 2 de noviembre de 2015 Alejandro Ponce se encontraba a la vera del río Paraná, en cercanías de los silos Davis, junto a su hermano. Según la Policía, ambos intentaron cometer un robo y se inició una persecución. La familia sostuvo desde un primer momento que los uniformados lo obligaron a tirarse al río, el chico no sabía nadar y le arrojaban piedras por lo que terminó ahogándose. Maximiliano Zamudio fue muerto de un balazo disparado por un prefecto, en un pasillo de barrio Tablada, en mayo de 2015. Por su parte, Carlos Godoy fue asesinado por balas policiales, a mediados de 2015, cuando fue confundido con un asaltante. El chico fue hallado con sus documentos y su recibo de sueldo en el bolsillo.
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