La Policía les mató a un hijo de 25 años. El cuerpo sin vida de Carlos Godoy les llegó con un escueto informe de que había sido abatido en un enfrentamiento seguido a un intento de robo. Los vecinos dijeron otra cosa y llevaron sus testimonios a la Fiscalía, donde también denunciaron las amenazas que empezaron a llegar a la par de manifestaciones en pedido de justicia por gatillo fácil. Quince días después del crimen, Vicente y Deolinda, padres de Carlitos, fueron atendidos por el fiscal, quien les mostró un informe forense que resultó ser de otra víctima, según les aclaró el mismo funcionario por teléfono al día siguiente. Ahora, un juez determinó que no pueden ser querellantes en la causa que investiga el homicidio de su hijo por no ser “herederos forzosos”, ya que la víctima tenía esposa. El fallo fue apelado ayer por Gabriel Ganón, a cargo del Servicio Público de la Defensa provincial, cuyo patrocinio también fue rechazado en la resolución judicial que firmó el juez Luis María Caterina.
“La verdad es que nos sentimos muy mal por todo esto. Por la manera que ellos quieren dejar pasar por alto la muerte de nuestro hijo. ¿Por qué no tiene valor lo que han visto y dicho todos los vecinos? Me da mala impresión la Justicia. Esto no es Justicia, es injusticia. Porque con los que tienen que hacer Justicia, como la Policía que les quita la vida a personas inocentes, no lo hacen. Entonces esto no sólo nos hace sentir muy mal a nosotros. Esto le hace daño a la sociedad entera. Es una corrupción tremenda. Parece un complot entre policías, fiscales y jueces que no les da derechos a las personas que tienen derechos. Quieren que abandonemos todo. Pero nosotros vamos a seguir luchando hasta el final”. Así se expresó ayer Vicente Godoy que junto con su mujer Deolinda Retamar solicitaron constituirse como querellantes en la investigación del homicidio de su hijo y fueron rechazados por el juez Caterina.
Con bronca y dolor, Vicente enumera puntos oscuros del caso, aunque todavía no conoce cuántos disparos recibió Carlitos, asesinado el 24 de mayo pasado a metros de su casa de Garzón al 1200 bis, en Empalme Graneros. Sus únicas certezas coinciden con las decenas de vecinos que asistieron anonadados a su velorio. Que Carlitos trabajaba todo el día para darle mejor vida a su mujer e hijo de tres años. Durante la mañana en una distribuidora de alimentos y de tarde en un taller mecánico. Y que cuando lo mataron, en las escalinatas que elevan Garzón a la avenida Sorrento, tenía el documento y el recibo de sueldo en el bolsillo.
Según la versión policial que dio a conocer el fiscal Miguel Moreno, los dos uniformados circulaban en moto por Sorrento cuando fueron víctimas de un intento de robo, que derivó en un enfrentamiento armado. Del mismo habría sido testigo el conductor de un vehículo que observó parte de la secuencia por el espejo retrovisor. “El chofer dijo que vio todo pero es imposible, no se puede ver nunca desde la banquina de enfrente lo que acontece abajo”, dijo Vicente, quien averiguó que quienes mataron a su hijo no pasaban ocasionalmente por el lugar, sino que trabajan haciendo adicionales en sus cercanías, al igual que el chofer que avaló sus declaraciones. “Hay muchas cosas dudosas en la causa y testigos amenazados para no hablar”, concluyó.
Forzosos
Ayer, los padres de Carlitos, patrocinados por la defensoría pública de Santa Fe, a cargo de Gabriel Ganón, apelaron la resolución del juez Caterina por “arbitraria”, debido a que la decisión sobre la constitución de querellante debe adoptarse en una audiencia oral y pública. Además, consideraron que el argumento del juez sobre el término “heredero forzoso” resulta inadecuado y les niega el acceso a la Justicia. En relación con el rechazo de que sean patrocinados por Ganón, Caterina argumentó que si no tienen recursos deben acudir al Centro de Asistencia a la Víctima. Pero los apelantes manifestaron su falta de confianza en el abogado que les brinda esa institución.
Víctimas
“En Rosario tienen un criterio muy restringido de lo que debe entenderse como víctima”, dijo Ganón consultado sobre el tema. “Se apegan a lo que dice la norma del Código Procesal Penal que solamente puede ser víctima el heredero forzoso. Nosotros no compartimos ese criterio porque creemos que se da de patadas con las interpretaciones que le han dado los organismos de aplicaciones de los tratados de derechos humanos, que es un concepto de víctima mucho más amplio. No solamente los herederos forzosos, que tiene que ver con una cuestión económica y de derecho civil, sino todas aquellas personas que se ven afectados por un delito y sobre todo por un delito tan grave como cuando participan agentes del Estado”.
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