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Profesionales en banda

Hecho por hecho, la operatoria achacada a la singular gavilla

La organización trabajaba con contactos de alto nivel, y también con violencia, para hacerse con inmuebles en forma ilegal. “La paloma está en el nido, acaba de firmar y ahora ya estamos afuera”, celebra en una escucha un acusado.


Los hechos delictivos imputados a las diez personas detenidas el miércoles pasado en la causa por la megaestafa fueron 7: uno de ellos, la asociación ilícita que agrupó a todos. Luego hubo imputaciones diversas para los distintos casos investigados.

El hecho más emblemático de la investigación, tal como publicó este diario en su edición de anteayer, es el fraude con un campo de 124 hectáreas ubicado en Monte Flores, en la localidad de Villa Amelia. Esta propiedad pertenece a la viuda del camarista penal Ernesto Navarro, quien detectó la venta apócrifa cuando le pidió a su hijo que revisara por la web los impuestos porque ya no le llegaban. Allí su hijo descubrió que el CUIT que figuraba no era el de su madre. Al día siguiente solicitaron informes al Registro de la Propiedad y descubrieron que el 13 febrero de 2014, en la escribanía del imputado Eduardo Torres, se realizó un poder de la dueña del campo al también acusado Juan Roberto Aymo para concretar la venta. Este documento apócrifo, según la Fiscalía, se utilizó el 31 de marzo de ese año cuando Aymo vendió la propiedad al asimismo imputado Maximiliano De Gaetano por 3 millones de pesos, en la escribanía de Juan Bautista Aliau (también acusado), que luego inscribió la compraventa a sabiendas que era un fraude, describieron los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot.

Luego De Gaetano se lo vendió a los también sospechosos Marcelo Jaef y Pablo Abdala en 3.200.000 pesos, en la escribanía de Aliau, y estos finalmente en mayo de 2015 se lo vendieron al acusado Jorge Oneto por 3.500.000 de pesos, transacción que documentó el escribano Luis María Kurtzemann, aunque no se pagó en efectivo sino que se cambió por tres propiedades, dos de ellas en la torre Aqualina. En estas últimas dos transacciones hizo las veces de intermediario Leandro Pérez, también acusado. Luego se produjo una nueva venta, esta vez por boleto de compraventa a un tercero. La pesquisa se inició con la denuncia del hijo de la víctima, quien ratificó la estafa en mayo de 2015. La anciana sostuvo que no conocía a ninguna de las personas que figuran en las transacciones y que no vendió ni firmó poder alguno. La pericial dio que no era su firma y ella declaró que una vez se contactaron con Jaef, con quien tuvo una conversación. En ella el hombre le dijo: “Si usted es mala conmigo yo voy a tener que ser malo con usted”.

Registro, Gitano y los Monos

El caso disparó una serie de escuchas telefónicas que resultaron jugosas y que dejaron en claro los vínculos estrechos entre algunos integrantes. Por ejemplo Aymo y Torres y estos dos con una empleada de mesa de entrada del Registro de la Propiedad. También hay charlas entre Aymo y De Gaetano. Existen conversaciones de Pérez con Jaef, Oneto y De Gaetano donde aparecen charlas sobre la transacción del campo, el conocimiento de que se estaba investigando el caso y el apuro por cerrar la transacción con Oneto con el fin de deslindar responsabilidades, especialmente cuando se enteraron de que el inmueble era de la viuda de un ex camarista. En estas charlas también participaron Kurtzemann y Aliau. Finalizada la transacción con Oneto, hubo una conversación donde dicen: “La paloma está en el nido, acaba de firmar y ahora ya estamos afuera”, aunque Oneto, cuando conoce la investigación, pretende firmar un acuerdo para cubrirse.

La segunda propiedad que, según la Fiscalía, los acusados desapoderaron estaba al lado del campo de Navarro en Villa Amelia. El 13 de enero de 2014  Aymo generó un poder para vender el 50 por ciento de esa propiedad en una de las tres escribanías mencionadas; el detalle es que quien había firmado el poder estaba muerto desde 2002. Posteriormente, se vendió al aún prófugo Tránsito Manuel P. R. en 450 mil pesos, pero para la Fiscalía esta transacción es falsa. El heredero del lugar, un primo del titular, hizo la denuncia. Explicó que en el campo había un cuidador que fue golpeado por una patota que llegó armada en dos autos importados. Cuando el vigilador volvió a los dos días aparecieron nuevamente y lo amedrentaron. Finalmente vinieron con un camión y demolieron la construcción. Todo ello está denunciado en el viejo sistema penal.

La Fiscalía sostuvo que Tránsito Manuel P. R. es hermano de María P. R., madre de Edgardo Andrés Fernández, apodado Gitano y sindicado miembro de Los Monos y procesado en el crimen de Diego Demarre. Se le achaca haber conducido el auto del que partieron las balas que terminaron con la vida del dueño del boliche Infinity Night donde horas antes había sido asesinado el líder de los Monos Claudio Cantero, en mayo de 2013. Como publicó este diario ayer, el auto usado en el crimen de Demarre fue vendido por un integrante de la banda a Aymo.

En el allanamiento a la oficina del escribano Torres se encontró documentación de compraventa de un  inmueble en calle Martín Fierro a nombre de la madre de Fernández. Esta mujer sostuvo que le prestó el documento al luego asesinado Roberto Cavalli –cuñado del Gitano–, quien  luego la llevó a firmar, refirió la fiscalía.

Un Pilay

Otra de las estafas que se achacó al grupo fue en perjuicio de Bauen Pilay, cuando los imputados concretaron la venta de una propiedad de Pasco 1038/40 que estaba a nombre de Ramona Rodríguez, mujer de Aymo. El inmueble estaba inscripto como litigioso porque había sido usurpado. En febrero de 2016 Aymo presentó dos oficios judiciales que según la acusación eran truchos y levantó la inscripción. Así lograron cerrar la transacción con la firma por una suma de 450 mil dólares en tres cuotas. Llegaron a cobrar la primera, de 112.500 dólares, cuando Bauen fue al tribunal y se descubrió la falsedad.

Esta propiedad tenía cuatro titulares: dos estaban fallecidos y dos fuera del país desde hacía 20 años. Si bien había poder para administrarla nunca se vendió. Un día el administrador fue al inmueble y no funcionaba la llave: estaba usurpada; posteriormente se enteró que había un juicio de escrituración en marcha con documentación falsa, por lo que radicó la denuncia en 2011, caso que tramita en el viejo sistema. En este fraude también fue imputado Torres y allí actualmente viven Aymo y Rodríguez, sostuvo el fiscal.

Secretaria alerta y un desmayo

Otra de las propiedades fue la de Viamonte al 5300. Sus dueños estaban muertos y apareció un poder de estas dos personas a nombre de Zárate en mayo de 2013. Según la Fiscalía Aymo acordó con su ex chofer, Jonatan Zárate, para que apareciera como compradora Rodríguez. Surgió la venta apócrifa cuando se hizo la declaratoria de herederos. Otra maniobra tuvo como víctima a una familia que explota una constructora. La propiedad se ubica en Presidente Roca 820 y quedó en la mira de los estafadores. De nuevo un poder falso realizado en la escribanía de Torres fue el vehículo. La farsa no se concretó porque Jaef se presentó en una escribanía con la documentación apócrifa para realizar la compra del inmueble. Pero la secretaria del lugar conocía a la familia propietaria y así se abortó la estafa, dijo la Fiscalía. El último hecho tuvo como eje una propiedad de Córdoba al 7600. De nuevo Aymo, a través de Torres, le generó un poder a Zárate para vender la propiedad a Rodríguez. La esposa del dueño se dio cuenta de la transacción en febrero de 2014, cuando fue al distrito municipal a interiorizarse por los impuestos, lo que le valió un desmayo.

El fronting, según Narvaja

El fiscal describió a los integrantes de la  tercera célula, la ubicada en la cima de la pirámide social, con la palabra fronting. Ello le valió la crítica del letrado Héctor Superti, defensor de Jorge Oneto, quien dijo no entender lo que decía. “Hablamos en español; fronting no lo registro” refirió. El fiscal Sebastián Narvaja explicó el concepto. Dijo que fronting es el uso de su posición económica y social, de sus cualidades personales, sus recursos y sus contactos para generar una pantalla detrás de la cual se puede esconder una actividad ilícita y así dar apariencia lícita. Y remató: “Me parece que su cliente no va a tener inconvenientes para entender a qué nos estamos refiriendo”.

Los de Ciencias Económicas

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Cuando la jueza solicitó a los imputados que se identificaran por sus nombres dos de ellos resaltaron en el grupo cuando antepusieron a su filiación sus profesiones. “Contador Jorge Oneto”, dijo el veterano y conocido corredor de bolsa que fue el impulsor de la torre Aqualina. “Doctor en Ciencias Económicas Marcelo Basilio Jaef”, dijo el empresario que está al frente de una céntrica clínica de implantes dentales que lleva su apellido (foto). Entre otros delitos, ambos profesionales de los números quedaron vinculados con el lavado de activos en la célula que, según la Fiscalía, operaba en la cima de la pirámide social.

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