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Hay un linchamiento mediático del gobierno, dice Carlos Varela

Por Carlos Duclos.- Abogado de Cantero y Machuca, acusados por asociación ilícita, dijo que el caso es una reacción por la causa Tognoli. El defensor se mostró preocupado por las amenazas contra el juez Juan Carlos Vienna y el fiscal Guillermo Camporini.


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Los últimos acontecimientos en la ciudad de Rosario, especialmente el arribo de fuerzas federales para combatir el narcotráfico, los procedimientos y allanamientos y la famosa causa Monos, no le dan respiro al abogado penalista Carlos Varela. Llegó a esta redacción apremiado por el tiempo y las circunstancias, pero ello no impidió que hablara de todo. Se refirió a las amenazas contra el juez Juan Carlos Vienna, que instruye el expediente mencionado, y el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, dijo que la familia Cantero sufre las consecuencias de la arremetida contra el ex jefe de Policía Hugo Tognoli, y que detrás de todo este bagaje de proceso jurídico hay cuestiones políticas. Pidió que no se proteja a policías sospechados de corrupción.

—¿Usted cree que existió un plan para asesinar al juez Vienna y al fiscal Camporini?

—Yo creo que los hechos son de extremísima gravedad. Los indicios indicaban que esa posibilidad existió y creo que se actuó en consecuencia. No creo que haya sido grato, tanto para el juez como para el fiscal, enterarse de que dos personas detenidas planeaban con detalles casi precisos un ataque a su integridad física. Yo entiendo que la situación ameritaba las decisiones que se tomaron en cuanto a protegerlos.

—Algunas fuentes y algunos funcionarios dicen que usted quiere patear el tablero en la causa, que persigue el fin de que la causa se desmorone, que se “se pudra”, entre comillas ¿Qué responde a eso?

—Eso yo lo escuché en particular de la gente que proviene del socialismo. Va a ser amplia la respuesta.

—Adelante.

—Creo que muchas de las personas que vienen de ese partido deberían recordar que el socialismo tuvo como eje o proyecto máximo, en cuanto a su formación, el defender las garantías individuales. En estos tiempos, en los cuales está de moda por parte de la sociedad un retroceso en las costumbres, como son los linchamientos a las personas que cometen delitos contra la propiedad, es paradojal que el Estado por un lado trate de frenar con aciertos, con legitimidad y con la legalidad a esas conductas propias de la barbarie y no de la civilización, y por otro lado muchas de las personas que forman parte del Estado intenten un linchamiento mediático de personas y su honestidad. Creo que la política no debe meterse en la casa de la Justicia, creo que los vientos todavía son turbulentos y creo también que tratar de sacar un rédito político de una causa judicial es vulnerar los principios más elementales de lo que constituye una república. El socialismo debería respetarlo a rajatablas, quizás más que otros partidos, ya que en sus orígenes tenía clarísimos cuáles eran sus principios y sus objetivos. Espero que después de este período de turbulencia que hay, propio de la intervención política en causas judiciales y de la mediatización que ha tenido esta causa, todo se calme y quienes estén encargados de juzgar alcancen el equilibrio emocional necesario para dictar una resolución que se ajuste a la ley. El mayor problema que ha tenido la Argentina y también los países no desarrollados (y creo que esa ha sido la causa de su no desarrollo) es la falta de respeto a la legalidad. Lo único que salva a la sociedad es el respeto a la legalidad, que es lo que define la continuidad estatal. Tomar decisiones basadas en una legitimidad presunta, por ejemplo siguiendo un clamor popular que ha sido inducido por el aparato enorme que tiene el gobierno central provincial, vulnera todo principio elemental de justicia.  Debemos estar en contra de lo que es esa intención de linchamiento mediático por parte de los funcionarios. Por otro lado, creo que nunca se ha visto como en esta causa una construcción a la inversa de lo que es normal.

—¿Cómo es eso?

—Lo normal es que un hecho luctuoso, por las propias características del mismo, tienda a tener repercusión en los medios. Por ejemplo un asesino serial, un violador, etcétera, y que eso alcance los medios. En esta causa fue a la inversa: han arropado la causa para que tuviera repercusión en los medios y después han buscado el objeto y en ese objeto los que daban el physique du role perfecto por aquella construcción que se había hecho en la causa de Newell’s (el crimen de Walter Cáceres, ocurrido en 2010, en la que cuatro imputados fueron absueltos), para enrostrarle la conducta que se le pretende enrostrar, ha sido la familia Cantero.

—¿Puede ser más preciso?

—Creo que habían fracasado en aquel intento de construcción jurídica en cuanto a la aplicación eventual de una pena a la familia Cantero en aquella causa de Newell’s, pero el paradigma del mal que sobre ello se construyó permaneció indemne y la razón por la cual se le adjudican un sinnúmero de hechos ilícitos a esta familia tiene que ver con aquella construcción anterior.

—Usted habla de politización de la causa; ¿con qué fin, con qué propósito?

—El propósito es claro, todo se origina a partir de la actuación de la Justicia federal, en lo que se llama la causa Tognoli. Creo que cuando un juez federal disparó la orden de detención de Hugo Tognoli, la primera reacción que tuvo el gobierno, que se entera a través de un medio periodístico, es  removerlo de su cargo y el gobierno central provincial entendió, creo que desacertadamente en aquel momento –la Justicia lo dirá–, que la intervención de la Justicia federal imputando al jefe provincial había sido un ataque político pretendiendo desprestigiar a los candidatos del 2015 para la presidencial que se avecina. El doctor (Hermes) Binner era uno de los eventuales candidatos para disputarle al candidato del oficialismo que se eligiera. Y más aun: en aquel momento todavía había visos de una reforma para que la señora presidenta pudiera ser electa. Obviamente que los hechos acaecidos a nivel nacional produjeron la imposibilidad de la reforma constitucional, pero así y todo el esmerilado que ellos creyeron que se le pretendió dar a Binner tuvo como natural respuesta perseguir a tontas y a locas a cualquiera, invadiendo jurisdicciones que no son propias de la competencia ordinaria provincial sino que son de competencia federal. ¿Por qué afirmo esto? Porque en definitiva lo que se pretende investigar es la presunta participación en delitos relativos a la comercialización de estupefacientes por parte de la familia Cantero, algo que la defensa rechaza de plano y que los propios acusados rechazan de plano y en todo caso, si esa debía haber sido la acusación formal o la investigación seria que debió realizarse, debió  estar en manos de la Justicia federal. Todos los hechos que tengan que ver con la violación a la ley 23.737 deben ser investigados por un juez federal. La Justicia provincial intervino fuera de su competencia.

—Usted dice que la familia Cantero no tiene nada que ver con la comercialización de drogas. ¿Por qué no se presentan en todo caso sus clientes?

—Hay dos clientes que están prófugos: Ariel Máximo Cantero (padre) y el señor (Ramón) Machuca. Las razones que nos han dado son valederas. En aquel momento, hasta hace pocos días atrás, estaba lo que se llamaba la División Judicial encargada de la presunta investigación. Estaba conformada por una serie de personas que cometieron irregularidades y son sospechadas de actos de corrupción de gran calibre. Cualquier persona sensata jamás podía entregarse ante estas personas porque en definitiva si se presentaba ante la Justicia hubiera quedado a disposición de la División Judicial. El sinnúmero de hechos delictuales que cometieron estas personas me exime de mayores comentarios; sólo cito, como ejemplo, su intervención en lo que fue un pretendido encubrimiento como consecuencia de la muerte de Luis Medina en la Circunvalación, la desaparición de datos en la computadora, el querer copar la casa del barrio de Pilar en Buenos Aires.

—La desaparición de datos no tanto, porque no desapareció ningún dato según Gendarmería

—No lo sabemos con certeza: es posible que no haya habido desaparición de datos, pero la simple intención de apoderarse de una computadora a como dé lugar, por fuera de los carriles de la Justicia, indica que la presunción de ellos era que había datos precisos en contra de alguna persona que tenía el poder como para poder esperar esa conducta.

—Fue un gran embate contra la banda Los Monos, contra la familia Cantero; ¿se acabó entonces la droga en Rosario?

—Esa es la gran paradoja. Ha quedado probado por investigaciones periodísticas que han hecho medios de Buenos Aires que la comercialización de estupefacientes no ha menguado, con lo cual el silogismo es que la familia Cantero nada tenía que ver con la comercialización de estupefacientes.

—Sabemos lo que se investiga, doctor; ¿usted  puede decir qué es lo que no se investiga y qué es lo que se debería investigar en todo caso?

—Yo creo que hay una cuestión que es central, hay un principio constitucional que hay un juez natural; cualquier investigación que tenga que ver con una eventual comercialización, una presunta comercialización de estupefacientes, lo debe realizar la Justicia federal. Y creo que la Justicia provincial, en particular, debe investigar con mayor ahínco, con mayor fuerza, la conducta de la gente que forma parte de la Policía de la provincia que han provocado irregularidades durante todo este proceso y en otros.

—¿Usted cree que la Policía de la provincia, en general, está en una situación comprometida?

—Yo creo que los miembros de la Policía son personas que juegan su vida cobrando dos mangos con cincuenta, como se dice en la calle. Se los tiene que respetar. La mayoría son héroes; hay un grupo como en cualquier profesión, como en los abogados, los periodistas, los mecánicos, etcétera, que comete delitos y creo que haría bien a la salud de la propia organización estatal que sean excluidos, sean sometidos a procesos y que no sean protegidas aquellas personas que han cometido delitos para no perjudicar la causa de Los Monos o cualquier otra. Tratar de hacer una maniobra táctica en procura de no dañar una causa tropieza con los principios de justicia que el Estado debe respetar.

—Usted recusó al juez o pidió que se declarara nula la actuación.

—Respecto de eso no haré manifestaciones hasta tanto se dirima en el tribunal de alzada. No es prudente hacer alguna manifestación al respecto.

—¿Cree que el juez viajó con el señor Luis Paz, padre de Martín, cuyo crimen originó la causa?

—Lo desconocemos por completo. Es el juez quien debe aclarar esos puntos, creo que lo está haciendo y que hizo una presentación.

—Queda flotando la idea, luego de escucharlo, que dan vueltas legalidad y conveniencia por aquí.

—Bueno, en la Justicia no se puede cambiar legalidad por conveniencia. La legalidad debe primar, seguir lo que es una conveniencia circunstancial nos ha traído demasiados dolores de cabeza. Alguna vez, allá por marzo del 76, se prefirió seguir la conveniencia a la legalidad y así nos fue. La legalidad debe estar ante todo: que se haga justicia aunque se caiga el mundo. En un proceso judicial lo que indica que una persona es culpable es el material probatorio, ni siquiera lo que diga el defensor o la conjetura que pueda hacer una fiscalía, mucho menos una conjetura periodística y mucho menos la conjetura de los políticos que tienen intereses diferentes a la aplicación de la legalidad.

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