Las declaraciones del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el sacerdote Juan Carlos Molina, sobre la necesidad de “descriminalizar” el uso personal de estupefacientes y “habilitar el consumo de todo”, generó repercusiones en especialistas en adicciones del ámbito local y referentes de la Iglesia en las zonas más carenciadas de la ciudad. Todos coincidieron en que se debe dar un debate profundo sobre el tema y entre las distintas opiniones se remarcó que es “simplista” pensar que con reformas en las leyes se va a solucionar un problema que crece día a día y que afecta a todas las clases sociales.
Otros coincidieron en que es necesario dejar de criminalizar al adicto pero que habilitar el consumo aumentaría el mismo, tal como ocurre con el alcohol, los cigarrillos o los psicofármacos en la actualidad.
El ex director provincial de Prevención de Adicciones, Julio March, remarcó que “hay que aclarar que lo de Molina no es una declaración técnica, es política y lo único que persigue, como toda declaración política, es un fin determinado para obtener o retener poder”.
“Esto ocurre por designar a una persona que no conoce del tema. Igualmente la cuestión tampoco pasa por él, ya que (José) Granero estuvo una gran cantidad de tiempo al frente de la Sedronar y surgió todo el escándalo con la efedrina. Hace falta más prevención y asistencia y lo mismo ocurre en la provincia”, señaló.
“Desde mi punto de vista es simplista e ingenuo pensar que a través de la reforma de leyes se van a resolver las cosas. Es una cuestión social y como todas las cuestiones sociales está rodeada de complejidades. Ninguna persona antes de consumir piensa si es lícito o no, simplemente busca un efecto determinado. Tenemos muchos problemas más serios que resolver que la habilitación del consumo, estamos tratando de apagar un incendio con nafta. Lo que hace falta son las mismas cosas que en otros ámbitos, como generar trabajo, inserción, hay huecos muy grandes que se están generando y que son llenados con las drogas por muchas personas”, explicó.
“No estoy a favor ni en contra de la modificación de una ley, lo que recuerdo es que cuando salió la ley de divorcio parecía que se iba a cambiar el mundo y no pasó mucho que digamos”, agregó el también docente de la Universidad Nacional de Rosario.
Por su parte, el fundador de la ONG Vínculo, Horacio Tabares, que hace más de 25 años trabaja en los barrios de la ciudad con casos de adicción, dijo que está de acuerdo con el criterio expresado por Molina de no criminalizar la tenencia de sustancias psicoactivas para el consumo personal. “Venimos postulando desde hace tiempo que una persona que ha llegado a una fase adictiva de consumo tiene que ser abordada por el sistema de salud y no por el sistema de Justicia penal”, remarcó.
En cambio, se mostró en desacuerdo con la legalización del consumo, la producción, distribución y comercialización como ocurrió con el caso de la marihuana, por ejemplo, en Uruguay. “Esto lo único que hace es aumentar el consumo de las sustancias psicoactivas y el mejor ejemplo de ello es lo que ocurre con el alcohol, la nicotina y los psicofármacos. Como ejemplo también sirve el tema de la legalización del juego que llevó a la ludopatía a muchísima gente. Son muchos más los argumentos que podemos dar y se merecen un debate mucho más profundo”, explicó.
Por último, el sacerdote Jorge Aloi, quien trabaja desde hace décadas en zonas carenciadas de la ciudad y es capellán de la colonia psiquiátrica de Oliveros, sostuvo que el tema es “bastante complejo”.
“Están los que dicen que habilitar el consumo estaría bien porque de esa manera se terminaría el negocio que tienen en complicidad la Policía y sectores políticos. Hay otra parte que recuerda que nosotros no somos Holanda u otros países de esas características, por lo que se haría muy complicado controlar a una sociedad con las drogas legalizadas.
La droga en la actualidad es uno de los temas más complicados que estamos atravesando y que genera mucha violencia y mucho dolor, especialmente en los barrios más pobres donde consumen de la peor calidad. Otro punto es que es uno de los principales medios de ascenso social en las zonas más pobres y es muy difícil de revertir esto porque se transforma en una salida económica”, subrayó.
“Otro de los temas es que en los operativos suele caer el eslabón más débil y que son los soldaditos. Muy pocas veces se apunta a los que llevan adelante el negocio. También está el tema del daño que producen en los chicos más jóvenes. Yo soy capellán en la colonia psiquiátrica de Oliveros y ahí se ven de manera tremenda las consecuencias del consumo de drogas, con finales muy tristes. Ojalá que esto no termine siendo sólo una nueva polémica sino que sirva para que se trate el tema más profundamente”, afirmó Aloi.
“Estoy en esto hace 30 años y hemos ido viendo cómo se fue profundizando el tema. Hoy es una realidad que abarca a todas las clases sociales, lo que pasa es que se patentiza más en los barrios marginales porque el modo de acceder es a través del robo o la delincuencia. La clase media o alta tiene sus propios medios. Además, en los operativos los pobres son siempre la carne de cañón y así no se soluciona nada”, concluyó el sacerdote.
Armas: “La solución no es despenalizar”
Jorge Armas, presidente y fundador de la Generación Francisco –un movimiento creado tras la asunción de Jorge Bergoglio al frente de la Iglesia Católica–, disertó ayer junto a otros especialistas en el marco de una Jornada de Actualización Política, Económica y Social desarrollada en el edificio de la Asociación de Empleados de Comercio. En charla con El Ciudadano, analizó que la despenalización del consumo de droga, planteada anteayer por el titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, “no resolverá el problema” ya que ello representa “una parte muy fragmentada” de un problema tan complejo como el narcotráfico.
Si bien reconoció que “la culpa no la tiene el consumidor” y que el objetivo “es atacar otras estructuras de poder” como las redes de distribución, estimó necesario que todo el proceso esté enmarcado en un proyecto encarado por la sociedad en su conjunto, al tiempo que hizo una fuerte crítica hacia las fuerzas de seguridad. “Estamos en condiciones de asumir el problema, pero no desde el punto de vista policial. Por eso, si además no hay un compromiso colectivo, no se podrá solucionar el problema. Lo que debemos hacer es generar espacios de encuentro”, insistió Armas.
En esa misma línea de análisis, reconoció que “esta sociedad fue dejando mucha gente afuera del sistema”, por lo que la problemática de la seguridad no debe ser concebida como un problema de represión, sino de organización y unificación de esfuerzos.
“El esfuerzo central es que la sociedad tome conciencia de que una parte de sus miembros está consumiendo por una serie de cuestiones relacionadas con aspectos personales y también sociales, que no son menores como la falta de proyecto o de esperanza; y de eso nos tenemos que hacer cargo todos”, cerró.
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