Han transcurrido treinta y nueve años del 24 de marzo de 1976, día en el cual las fuerzas armadas de la Nación argentina se hicieron con el control formal del Estado y el gobierno.
Se iniciaba entonces lo que autodenominaron Proceso de Reorganización Nacional, una dictadura cívico-militar y eclesiástica que contó con el beneplácito de banqueros, industriales, estancieros, la jerarquía de la Iglesia católica y hasta de burócratas sindicales como el entonces secretario general de la CGT.
Los militares no estaban solos. Dirigentes políticos del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Socialista Democrático, el Partido Demócrata Progresista y hasta del Partido Comunista prestaron su anuencia al golpe.
Esta afirmación puede sorprender a algunos jóvenes en estos días en que pretenden embriagarnos con “la panacea democrática”.
Los que vivimos esa etapa del terrorismo de Estado explícito bien sabemos que mientras secuestraban, encarcelaban, torturaban y hasta desaparecían a activos miembros de esas organizaciones, a estudiantes rebeldes y a trabajadoras y trabajadores insumisos, los partidos políticos mencionados “prestaron” a cientos de sus miembros para que ocuparan cargos de intendentes, presidentes comunales y hasta ministros, y apoyaron a la dictadura .
La Iglesia católica a través del cardenal primado, la mayoría de los obispos, el vicario castrense y el nuncio apostólico los bendijo a todos ellos, militares y civiles.
En efecto, a partir de marzo de 1976, las Tres A pasaron a ser las tres fuerzas armadas.
Esta banda de asesinos comenzó a esbozarse con la masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973, día del retorno definitivo de Juan Domingo Perón a la Argentina. Se llamaba por entonces Comando de Organización y disputaba con Montoneros la hegemonía en el Movimiento Nacional Justicialista, pero atacó a balazos a la multitud que se hallaba en los bosques cercanos al aeropuerto.
Antecedentes del terrorismo
La Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) operó amenazando a proletarios combativos, escritores, artistas, periodistas enfrentados con el gobierno del general Juan Domingo Perón y de su esposa María Estela Martínez. Los mencionados en la lista divulgada por las Tres A debieron partir al exilio, fueron miles quienes tuvieron que abandonar el territorio de argentino. La Triple A asesinó, entre muchos otros, al diputado Rodolfo Ortega Peña y al abogado defensor de presos políticos Silvio Frondizi.
En septiembre de 1973 sus esbirros incendiaron el local de la Biblioteca Emilio Zola de Santa Fe, impulsada por militantes anarquistas. Pero en septiembre de 1974, un año después del último atentado, José Mazzola y otros activistas libertarios reabrieron este ámbito de difusión cultural.
Durante el llamado operativo Rocamora, ordenado por el gobierno de María Estela Martínez, fue aplastado El Villazo, la huelga de los obreros disidentes de la Unión Obrera Metalúrgica y el movimiento popular solidario con los trabajadores rebeldes desarrollado entre los años 1974 y 1975.
La Triple A, en alianza con Lorenzo Miguel, secretario general de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas y de la UOM, dinamitó el local de los trabajadores portuarios de la Federación Obrera Regional Argentina (Fora), cedido solidariamente a la Lista Marrón que conducía a la seccional metalúrgica disidente de Villa Constitución.
Lo que había detrás
Es falaz el argumento es que el golpe de marzo de 1976 se haya dado por el peligro que implicaban las organizaciones armadas insurgentes para la continuidad del sistema de dominación y explotación imperante.
En diciembre de 1975, el teniente general Jorge Rafael Videla anunció en un discurso que el Ejército Argentino había culminado “El Operativo Independencia” en Tucumán cumpliendo con la orden del decreto presidencial de “aniquilación de la subversión” (firmado por Italo Luder, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf) y le otorgó al gobierno de Isabel Perón un plazo de tres meses: si no dimitía, lo derrocarían.
En marzo de 1976 faltaban seis meses para que se realizaran elecciones y ya la heredera de Perón estaba aplicando el plan de ajuste Mondelli (apellido del ministro de Economía de entonces). Ya había ocurrido el “Rodrigazo”, Gómez Morales había reemplazado a Celestino Rodrigo y Mondelli estaba al frente de Economía.
El dirigente de la Unión Cívica Radical Ricardo Balbín hablaba de la necesidad de terminar con la “guerrilla fabril” y el “Cordón Rojo” que iba desde Puerto San Martín hasta La Plata, dando con estas palabras un claro aval al golpe de Estado en ciernes y a la continuidad del terrorismo de Estado.
Más que un opositor, Balbín era un aliado táctico de la viuda de Perón y de las fuerzas armadas.
A pesar del ajuste que rebajó los salarios vía aumento de tarifas y una brutal disparada de precios con la que la burguesía se forró los bolsillos igual llegó el fatídico 24 de marzo.
El verdadero objetivo del golpe de Videla, Massera y Agosti era disciplinar a la clase obrera.
La aplicación por parte de las patronales, desde mediados de la década del ‘70, de nuevas formas de organización del trabajo que aceleraran los ritmos de producción agudizó de este modo la alienación de los proletarios, lo que implicó la multiplicación de los accidentes laborales. Esto generó resistencia y los trabajadores impulsaron huelgas por fuera de las estructuras sindicales como Smata, la UOM y la CGT.
El patrón de acumulación capitalista fue variando a partir de la crisis del petróleo de 1973.
Países como Chile y Argentina fueron los “laboratorios” de aplicación de estas políticas llamadas neoliberales con predominio del capital financiero y especulativo, vueltas de tuerca empresariales y estatales para aumentar la tasa de ganancia, elevando los niveles de explotación y extracción de plusvalía.
Sembrando el terror para asegurar la dominación y la expoliación.
En 1978, el Campeonato Mundial de Fútbol fue la cortina de humo para que continuaran las matanzas en centros clandestinos de detención y exterminio como la Esma, cerca del estadio de River Plate.
La aventura de la guerra en las islas Malvinas (1982) y la derrota posterior fue el principio del fin para los uniformados.
El advenimiento de Raúl Alfonsín al gobierno en 1983 significó el juicio a las juntas militares en 1985, pero también las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos dictados por Carlos Menem. Estas leyes amnistiaron a los genocidas y a sus socios civiles.
El modelo instalado por José Alfredo Martínez de Hoz, brazo económico de la dictadura cívico-militar-eclesial encabezada por Jorge Rafael Videla, sentó las bases del neoliberalismo. Este modelo, variante del capitalismo amasado en sangre de luchadores sociales, trabajadores desempleados y miles de mujeres, hombres y niños detenidos-desaparecidos. Alrededor de 30.000.
El 24 de marzo no es una fecha más. Es un día nefasto en los calendarios. Significa el comienzo de la tragedia contemporánea de Latinoamérica y en particular de la Argentina.
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