Ya asciende a 400 el número de denunciantes por la estafa, perpetrada por una mujer y su pareja que solicitaban importantes sumas de dinero en concepto de anticipos y cuotas para el presunto otorgamiento de terrenos y viviendas en Zona Cero. La Fiscalía continúa recibiendo denuncias y tomando declaraciones para intentar determinar el monto total apropiado. En tanto, la defensa de las víctimas rubricó, como consuelo, un acuerdo con el gobierno provincial para que sus defendidos sean incorporados en los próximos sorteos de viviendas sociales.
“Actualmente seguimos en etapa de instrucción. Estamos esperando los resultados de algunas medidas e información que solicitamos a organismos públicos. En lo que refiere al dinero en cuestión, aún lo estamos analizando porque hay mucha gente que apareció en un primer momento pero que después no se presentó mas”, explicó Sebastián Narvaja, fiscal a cargo de la causa.
Por su parte, Carlos Sánchez Locke, uno de los representantes legales de las familias damnificadas, explicó que en lo que respecta a la investigación todavía no se registraron bienes a nombre de la pareja estafadora, lo que nubla el panorama para que las víctimas puedan recuperar, aunque sea en parte, el dinero entregado, que en la mayoría de los casos rondaba los 5 mil pesos.
“Hasta el momento no se les ha encontrado ningún bien. Por lo que sabíamos la mujer viajaba regularmente a Europa porque tenía familiares allí, de modo que es probable que el dinero haya seguido esa ruta”, especuló el letrado.
La maniobra
El hecho se conoció a principios del mes pasado cuando un grupo de vecinos de la zona norte de la ciudad denunció que una mujer del barrio Bella Vista, identificada como Lidia G., solicitaba junto a su pareja, Ricardo U., importantes sumas de dinero en concepto de anticipo o cuotas para la adquisición de las viviendas, argumentando ser intermediaria en los proyectos habitacionales de la provincia y la Municipalidad.
Estafadores complicados
Ambos letrados confirmaron que la pareja acusada de orquestar la estafa permanece con prisión preventiva, “ante el riesgo que supone una posible fuga”. No obstante, la pena prevista para el delito de estafa podría verse agravada por el hecho de que entre los damnificados había diez personas con discapacidad.
“Las penas acumuladas en concurso real pueden dar lugar a penas de hasta 50 años de prisión”, aclaró Sánchez Locke.
Dentro de todo, una promesa para acceder a la casa propia
El abogado que representa a las familias denunciantes explicó que el hecho de que fueron víctimas “motivó reuniones con la autoridades gubernamentales”, con las que alcanzaron un acuerdo para que los damnificados puedan ser incluidos en un registro para acceso a las viviendas y ser luego considerados en futuros sorteos.
“Ya pedimos que todos los datos sean enviados a (el Servicio Público de la) Vivienda para que estas personas puedan acceder, por lo menos, a los sorteos, una vez que estén completadas todas las cuestiones legales”, indicó Carlos Sánchez Locke.
“Ahora ya se están dando turnos semanales para que puedan presentar todos los antecedentes documentales e integrar esta lista”, añadió.
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