San Luis se sumó el miércoles último a las jurisdicciones del país donde la Justicia ordenó suspender los aumentos en las tarifas de gas que rigen desde el 1º de abril. En igual situación se encuentran Mendoza, Mar del Plata, Necochea, San Nicolás y otras localidades del norte bonaerense, y Santa Fe.
A estos distritos hay que sumarles las provincias patagónicas, que el gobierno exceptuó de entrada de los ajustes: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Neuquén, a las que se incorporó después La Pampa porque el gobierno local argumentó que tradicionalmente se considera parte de la Patagonia. También quedaron exceptuados por decisión oficial los departamentos correspondientes a la Puna en Jujuy y en Salta, Patagones en Buenos Aires y Malargüe en Mendoza.
Si se considera que todos los usuarios industriales quedaron excluidos de los ajustes, y que si las centrales eléctricas los están pagando, esto entra dentro de lo que gasta el Estado en la electricidad, se puede estimar que más del 80 por ciento del gas que se consume en el país sigue totalmente subsidiado. (Según el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, alrededor del 38 por ciento del consumo anual de gas corresponde a los alcanzados por las alzas: residenciales y comercios, y entes oficiales, y de ese total, puede estimarse que la mitad corresponde a Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde por ahora no hay medidas judiciales).
A fines de marzo pasado, el gobierno había anunciado un aumento de tarifas para usuarios residenciales, excluidos los que viven al sur del río Colorado, que implica un aumento en el precio del metro cúbico de gas y del margen que perciben las transportistas y las distribuidoras.
Aumento camuflado
Fue oficialmente presentado como una reducción de subsidios, en tanto la mayor parte de la suba es recaudada por el Estado para compensar el precio de 7,50 dólares que les paga a las petroleras por el gas que obtienen por encima de lo producido en 2012.
A su vez, la parte del aumento correspondiente a los márgenes de transportistas y distribuidoras se amparó en las actas de renegociación con esas empresas que se fueron firmando desde 2005, sin haberse concretado ajustes, con la excepción de Gas Natural BAN que había percibido dos subas.
Como todas las actas de renegociación fueron precedidas de audiencias públicas, y en ellas se firmaron acuerdos transitorios para recomponer los márgenes, el gobierno considera que no necesita realizar nuevas convocatorias a debates.
La falta de ese trámite es hoy uno de los principales argumentos de las presentaciones judiciales, aunque legalmente sería vulnerable, porque las actas aprobadas por decretos y homologadas por una comisión bicameral del Parlamento admiten que se irán produciendo ajustes transitorios hasta la revisión integral de tarifas.
Mucho aumento, poco rédito
Los aumentos en las facturas de gas rondan un 300 por ciento promedio al cabo de las tres etapas bimestrales, la última de las cuales corresponde al período agosto-septiembre. Pero al quedar excluido más del 80 por ciento del consumo, por decisión oficial, por fallos de la Justicia y por la aplicación de excepciones, la reducción de subsidios y del gasto del Estado en lo que se refiere al gas no superaría el 20 por ciento del total.
En ese contexto, gobiernos que responden a fuerzas de la oposición y se manifiestan a favor del sinceramiento de tarifas y de la eliminación de subsidios se están presentando en la Justicia para pedir la suspensión de los aumentos y que se los declare inconstitucionales por considerarlos excesivos.
Es el caso del gobierno de San Luis, que promovió la presentación de los usuarios en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y fue el primero en recurrir a la Justicia, con resultado rápidamente favorable conocido el miércoles. A esto se suma la Municipalidad de Tigre, cuyo intendente, Julio Zamora, responde al Frente Renovador de Sergio Massa, quien también recurrió a solicitar una medida cautelar, aunque hasta ahora sin resultados.
Santa Fe
En Santa Fe, la situación es distinta. La medida cautelar fue dictada por el juez federal de San Nicolás a requerimiento de la Unión de Consumidores Unidos (UCU) y este magistrado aplicó la medida a toda el área de prestación de Litoral Gas, por lo cual Santa Fe quedó comprendida.
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