El ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, fijó ayer su posición sobre el conflicto en torno al defensor general Gabriel Ganón: dijo que debería renunciar a su cargo. A Ganón lo quieren destituir algunos legisladores –17 de los 19 senadores se pronunciaron en ese sentido– pero el trámite está varado en la Comisión Bicameral de Acuerdos debido a la falta de consenso en la Cámara de Diputados, donde sectores del justicialismo rechazan la remoción de Ganón.
Consultado sobre el caso, el ministro de Justicia de la provincia opinó que hay argumentos “más que suficientes” para iniciar el proceso contra el defensor general del sistema penal.
Ganón fue designado por la Legislatura al frente del Servicio Público de la Defensa de la provincia por seis años. Asumió su cargo el 21 de febrero de 2011. Cumplida la mitad de su mandato, la mayor parte de los sectores políticos de la provincia –el Frente Progresista y los senadores del PJ– quiere removerlo de sus funciones.
Lewis se sumó ayer al debate, al señalar que “hay argumentos muy sólidos para pedirle juicio político a Gabriel Ganón y hay argumentos que no integraron el inicial pedido”.
En la sesión del 22 de mayo, 17 de los 19 senadores provinciales firmaron una nota remitida a la Comisión de Acuerdos para iniciar formalmente el trámite de remoción del funcionario judicial. El año pasado lo había intentando el oficialismo en la Cámara de Diputados, pero la movida no prosperó porque el PJ no la acompañó.
El pedido de remoción de Ganón es por “mal desempeño de sus funciones”. Los únicos senadores que no la suscribieron fueron los kirchneristas Ricardo Kaufmann y Cristina Berra. La Comisión de Acuerdos tiene seis meses para analizar el pedido –de los cuales ya pasaron dos– y emitir un dictamen, que luego deberá ser votado por las dos cámaras.
Entre los motivos que esgrimieron los senadores para pedir la remoción del defensor provincial están la “falta de compromiso” de parte de Ganón para llevar adelante su cargo “con buena fe”. Además, le reprochan haber participado en expedientes en los cuales no estaba habilitado, bajo el viejo sistema, lo que constituye “comportamientos procesales impropios”. Y sumaron a la lista de motivos los insultos vía Twitter contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la proviancia, Rafael Gutiérrez.
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