La Legislatura provincial aprobó anteayer una ley que permite la suspensión de los remates judiciales de viviendas únicas, familiares y permanentes por 180 días. La norma concede que, hasta fines de septiembre del año próximo, más de 5.500 familias de la provincia tengan un respiro. Además, la Cámara de Diputados se comprometió a encontrar una solución definitiva que les permita a los deudores cancelar acreencias ejecutables sin quedar en la calle. La iniciativa fue elevada por la organización de la Concejalía Popular de Rosario, que había denunciado una catarata de subastas al extinguirse la vigencia de las leyes que los impedían y que abrían nuevas instancias para que las partes llegaran a acuerdos.
Lo que se aprobó en la Legislatura es la prórroga de la ley 13.116, más conocida como ley Lamberto, que dispone la suspensión de remates de viviendas únicas. Al vencer, la mayor porción de más de 8 mil familias no logró un acuerdo con los acreedores –en muchos casos, estudios de abogados que compran las “carpetas”– y los litigios continuaron hacia sentencia, poniendo de nuevo en riesgo a las familias y activando la especulación de quienes van a comprar bienes a las subastas.
Con la participación del titular de la Cámara de Diputados de la provincia, Luis Rubeo, y del vicegobernador Jorge Henn, cabeza del Senado, la norma fue aprobada casi por unanimidad por todos los bloques del acuerdo legislativo, salvo el diputado radical Santiago Mascheroni, que se abstuvo.
Nire Roldán, uno de los integrantes de la Concejalía Popular, explicó a este diario que presentaron tres propuestas: la suspensión de los remates; el registro de propiedades de vivienda única en riesgo de remate, y por último, una ley que solucione “en términos integrales” la situación de viviendas únicas en riesgo.
“En Rosario hay más de tres mil personas que pasan por esta situación. Son más de 5.500 en toda la provincia. Nosotros proponemos un registro para terminar con la imprecisión. Hay personas que les rematan la casa y después vienen a hablar con nosotros. Actualmente tenemos 56 casos en la ciudad que estamos defendiendo hasta fin de año en la Concejalía Popular. Nuestro aporte es asistir y darles recursos”, detalló Roldán.
El ex edil rosarino expresó que la ley “es un avance y un compromiso para seguir trabajando”, pero el eje es lograr un consenso para sacar una ley definitiva en 2016 y que no haya una fecha de caducidad, es decir, una ley que garantice la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles. “Este plazo nos permitirá conocer quiénes son los acreedores, el origen de la deuda, en qué juzgado se encuentra y quién es el juez que tiene a cargo la causa. También corroborar si es cierto o no que existen los 5.500 casos que estimamos”, sostuvo el dirigente.
Desde la entidad afirman que hay muchos estudios jurídicos, contables y compañías financieras que compran a precios irrisorios estos paquetes deudores –como fondos buitres a pequeña escala– para después recuperar ampliamente la inversión original, quedándose con propiedades y realizar negocios altamente rentables, “pero vulneran el derecho de acceder a una vivienda digna de miles de santafesinos”.
“Esta ley es un éxito de la Concejalía Popular y de los legisladores que nos acompañaron de todos los bloques. Estamos muy alegres porque más de cinco mil familias de Santa Fe van a terminar el año más tranquilos, con un respiro. Fue una lucha voluntaria, peleamos ante la adversidad y estamos agradecidos a los trabajadores de prensa que también nos apoyaron y acompañaron”, deslizó Roldán. Y concluyó: “El Estado no puede por un lado garantizar viviendas sociales y, por otro, permitir que rematen viviendas únicas, porque los que ganan son los sectores ligados a la especulación inmobiliaria y a la usura. Lo importante es haber sacado esta prórroga que nos permite trabajar con cierta tranquilidad en el ámbito legislativo”.
Remate frustrado
El último caso de un remate frustrado ocurrió hace diez días: la Justicia decidió suspender por 20 días la subasta, por ausencia de oferentes –la Concejalía Popular plantó una protesta en Tribunales para escracharlos–, por lo que la casa de Gilda, una jubilada bancaria de 70 años que sufre una discapacidad, quedó a salvo.
“Estamos muy contentos, pudimos frenar, con el diálogo, un abuso”, deslizó el referente de la Concejalía Popular, Nire Roldán. Explicó que no había un oferente efectivo para poder resolver el problema, es decir, no fue un comprador sino un usurero vinculado con alguien que intentaba participar de la subasta. “La idea es encontrar una salida donde una entidad mutual le dará una asistencia. Intentaron hacerle una oferta a la otra parte, pero no la aceptaron argumentando que querían el remate”, concluyó el ex concejal.
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