Después de cinco años de haber presentado el primer proyecto, los docentes privados del Sadop lograron la sanción definitiva de la ley para sancionar a los establecimientos privados que despidan trabajadores sin causa justa. En esos casos, el Estado provincial les quitará por 18 meses los subsidios que otorga para el pago de salarios.
El primer proyecto había ingresado en 2011. Desde entonces, hubo dos medias sanciones de la Cámara de Diputados que luego quedaron cajoneadas en el Senado. Pero este año, a raíz de una serie de acciones del Sadop –en los últimos tres meses, en la previa de cada sesión, instalaron una carpa en la explanada de la Legislatura para reclamar el tratamiento del proyecto–, las dos cámaras votaron después de varias negociaciones entre sí mismas y con el sindicato.
“Una alegría enorme y un paso histórico para nuestra organización”, definió ayer Martín Lucero de Sadop Rosario. “En la provincia de Santa Fe, en el país y en Latinoamérica nunca hubo una ley de este tipo que le pone freno a la arbitrariedad y regula los millones de pesos que reciben los colegios privados”: 4.500 millones al año.
Cambiemos, en contra
La norma contra los despidos arbitrarios en escuelas privadas había sido votada la semana pasada por el Senado. En la sesión de ayer, 35 diputados se pronunciaron en favor de la ley (Frente Progresista, PJ y Frente Social y Popular) mientras que los representantes del interbloque Cambiemos se abstuvieron.
El diputado Sergio Más Varela justificó la posición de Cambiemos con el argumento de que los dueños de establecimientos privados van a ir a la Justicia ante cualquier sanción que les imponga el Estado, sobre todo si es de índole económica. Para el legislador, la ley aprobada ayer “tiene falencias y zonas grises”.
En cambio, según Lucero, “los que justifican eso parten de un profundo desconocimiento de la ley. Esto no modifica la ley de contrato de trabajo, no modifica ninguna regulación del empleo privado; lo que hace es regular fondos públicos”.
Réplica de Benas
Durante la sesión, la diputada del partido Pares (Frente Progresista) Verónica Benas fue la primera en replicar los argumentos de Cambiemos: “No tienen razón de ser”. Según la diputada oficialista, con la ley “sólo se pretende proteger a los trabajadores de los despidos arbitrarios”.
También la socialista Silvia Augsburger defendió el proyecto por considerarlo “justo y necesario” para la estabilidad laboral de los docentes del sector privado.
Desde el bloque del Frente Justicialista para la Victoria, Héctor Cavallero aclaró que la norma sancionada ayer sólo apunta a “cumplir con las leyes laborales nacionales” vinculadas con los subsidios del Estado y que de ninguna manera se puede entender como una intromisión sobre la legislación laboral.
En tanto, el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade también cuestionó los argumentos de Cambiemos (a quienes acusó de defender los intereses de las patronales) y señaló que la ley es necesaria “para ponerles un límite a las escuelas privadas para que no tiren trabajadores por la borda”.
Cannabis medicinal
La Legislatura provincial convirtió ayer en ley el proyecto que garantiza el derecho al acceso a medicamentos a base de cannabis a las personas que lo necesitan, y promueve el acceso informado y seguro al cannabis medicinal como recurso terapéutico, de investigación, de uso científico y de producción pública.
Fue a partir de una síntesis de dos proyectos similares, uno del presidente de la Cámara Antonio Bonfatti y de los diputados socialistas Julio “Paco” Garibaldi y Joaquín Blanco y el otro del diputado del PJ Leandro Busatto. El proyecto había sido modificado la semana pasada por el Senado; ayer, ambas cámaras acordaron la redacción final de la norma y quedó aprobada en forma definitiva. Bonfatti señaló tras la sesión: “Como legislador, pero especialmente como médico, estoy muy satisfecho de esta ley, porque es un paso más que damos en Santa Fe para seguir mejorando nuestro sistema de salud pública que es modelo en Argentina y Latinoamérica”.
“Creo que le estamos dando herramientas fundamentales al Estado provincial para atender patologías como epilepsias, tratamientos del dolor y otras enfermedades poco frecuentes y asimismo garantizando el derecho de las personas a recibir este tipo de tratamientos amparados en la ley”, señaló el ex gobernador y actual diputado.
Para la elaboración de la iniciativa, los legisladores trabajaron en forma coordinada con representantes del Ministerio de Salud de la provincia y de las organizaciones Apucam, Macame, Mamá Cultiva y Arec.
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