Los fondos buitre ya tienen a su próxima víctima en la mira: la isla de Puerto Rico, que en plena batalla por no caer en default y evitar una severísima reestructuración de su deuda de aproximadamente u$s 72.000 millones con su correspondiente ajuste fiscal, recibió en las últimas horas dos pésimas noticias. Por un lado, la aclaración del Congreso de los Estados Unidos sobre que no podrá acogerse al capítulo 9 de la ley de quiebras (o bancarrota). Esto quiere decir que, aunque una mayoría esté dispuesta a aceptar una reestructuración en los pagos de la deuda puertorriqueña o una importante quita en el volumen adeudado, este estado asociado no podrá acogerse a la legislación federal norteamericana que impone que cuando más de un 65 por ciento de los acreedores esté de acuerdo con una propuesta, el resto deberá aceptarla. En síntesis, una situación igual a la que vivió la Argentina en los tribunales norteamericanos, y que derivó en el fallo de Thomas Griesa a favor de los fondos buitre, avalado luego por la segunda y la tercera instancia judicial de EE.UU. Y la segunda novedad, que complica más la situación, es que fuentes locales aseguran que un 20% del dinero que debe Puerto Rico fue adquirido en los últimos meses por fondos buitre. Entre ellos, el más importante es Aurelius, del magnate Mark Brodsky, ex empleado de Paul Singer en el fondo Elliott y demandante de la Argentina en unos u$s 324 millones de dólares originales, que con el tiempo se transformaron en unos u$s 900 millones.
Aurelius incluso recurrió a un viejo conocido para su embestida contra Puerto Rico: según fuentes locales, contrató a la consultora Centennial para elaborar un durísimo informe sobre la economía de la isla, donde se asegura que Puerto Rico puede pagar su deuda al 100%; aún sobre la base de un grave y profundo ajuste, que incluye bajar los fondos para la educación (incluyendo el cierre de escuelas), subir impuestos y menos dinero para las jubilaciones. El informe está firmado por tres ex altos funcionarios del FMI: José Fajgenbaum, Jorge Guzmán, y un viejo conocido de la Argentina, el compatriota Claudio Loser. Este último fue el argentino que más lejos llegó en el FMI, llegando a cubrir el cargo de director gerente para el Hemisferio Occidental. El trabajo financiado por Aurelius propone un severísimo plan de ajuste, y garantiza que de ejecutar ese plan, Puerto Rico podrá pagar el 100% de la deuda sin caer en la necesidad de una reestructuración de la deuda.
Puerto Rico entró en default por primera vez en su historia el 3 de agosto de 2015, al pagar sólo u$s 628.000 de un vencimiento total de u$s 58 millones, a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP). Inmediatamente la consultora Moody’s calificó la situación de Puerto Rico como de “default”, ante las protestas del Gobierno de Alejandro García Padilla que negó en ese momento que la isla se hubiera convertido en “la Grecia de América”. Sin embargo, unos días después comenzó a hablarse desde el propio Gobierno del inminente llamado a reestructurar la deuda, en sintonía con la aparición de señales claras de adquisiciones importantes de títulos públicos de Puerto Rico por parte de diferentes fondos buitre, con Aurelius a la cabeza.
La economía puertorriqueña se encuentra en una situación compleja. Se habla de cuatro años de estancamiento económico, de un desempleo del 12% (más del doble que el promedio norteamericano), y con un creciente nivel de emigración hacia Estados Unidos de parte de muchos ciudadanos, especialmente los más jóvenes. Aparentemente, la última palabra la tendrá el Gobierno de Barack Obama, que deberá decidir en poco tiempo si se aplica o no un plan de rescate especialmente diseñado para la isla. Hasta ahora las señales desde Washington son confusas, y la única que recibió Puerto Rico fue la negativa del Congreso de EE.UU. a aceptar modificar el capítulo 9 de la ley de quiebras para permitirle al país un rescate similar al de una empresa en bancarrota.
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