Ciudad

Fuerza Bruta

Fiscal citó a declarar al jefe de la URII por el caso de barrio Toba

Ponce Asahad también imputó a los seis miembros del Comando Radioeléctrico y al médico policial que hizo el acta.


El jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Villanúa, tendrá que declarar hoy en el marco de la investigación por la represión que denunció la comunidad Qom este domingo en el oeste de la ciudad. Así lo dispuso el fiscal Gustavo Ponce Asahad después de que el jefe policial defendiera públicamente el accionar de los uniformados del Comando Radioeléctrico y del médico policial. Ayer, los seis agentes que firmaron el procedimiento quedaron imputados por apremios ilegales. Sobre el médico recayeron las acusaciones de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y falsedad ideológica, ya que no dejó asentado en el acta ninguna de las lesiones por golpes que tenían los detenidos. Anteanoche, los 12 hombres y dos mujeres de la comunidad Quom que habían sido arrestados y trasladados a la comisaría 19ª, recuperaron la libertad. Horas antes, pasó lo mismo con dos menores llevados a la seccional. Todos los mayores quedaron imputados por resistencia a la autoridad y tres de ellos por tenencia de arma de fuego.

“Ordené la citación de Marcelo Villanúa para que ratifique o rectifique sus dichos. Ya que se ha expedido sobre este hecho, calculo que tiene información que debe ser interesante para nosotros”, refirió ayer el fiscal Ponce Asahad en relación a las declaraciones que, más temprano, dio el jefe de la Unidad Regional II a medios de la ciudad.

Es que un día después de los hechos sobre los cuales hay dos versiones diametralmente opuestas –de la comunidad Qom y de los uniformados–, las irregularidades observadas por el fiscal en el accionar policial fueron negadas una por una por el jefe de la Unidad Regional II: no hubo represión ni persecución hacia la comunidad Qom; no hubo irregularidades en el acta del médico policial ni en la entrega de las actuaciones por parte de la Policía.

“Estaban haciendo una inspección de rutina, una de las tantas diarias y de las cientos mensuales que se hacen en los barrios de Rosario. No hay ningún tipo de persecución, lo que nosotros perseguimos es el delito y el delincuente, y no a ninguna comunidad ni a ninguna otra minoría”, sostuvo Villanúa sobre el accionar de los efectivos en el denominado barrio Toba.

Según su versión, lo que comenzó como el intento de arresto por parte de dos efectivos de cuatro jóvenes que estaban en una esquina, terminó con una “turba de 40 a 50 personas”. Eso llevó a los uniformados a pedir refuerzos y a detener a 12 hombres, dos mujeres  y dos menores de edad. Siempre según sus dichos, en el procedimiento los agentes entraron a una vivienda donde había dos hombres armados. “Para entrar a la casa no hace falta una orden judicial de allanamiento porque es un caso de Flagrancia”, aclaró.

En relación al acta hecha por el médico policial –que según el fiscal no dejó constancia de ninguna de las lesiones que presentaban varios de los detenidos y en la que se registró a los 14 exactamente a la misma hora– Villanúa respondió: “El médico de la Policía, como el de la División de Asuntos Internos, simplemente constata lesiones en dos personas y son de carácter leve”. Y añadió: “Las actas figuran con el mismo horario con el que ingresa el médico”.

Según Villanúa, “muchas de estas personas tenían antecedentes por resistencia a la autoridad, lesiones, homicidios, abuso y tenencia de arma de fuego”. “Al que se le secuestra un arma estaba siendo requerido por la Justicia por homicidio de 2012”, agregó.

“El personal policial fue también víctima de agresión por parte de una turba con amenazas de armas blancas”, dijo y concluyó: “Tenemos el apoyo del gobierno de la provincia porque se trató de un procedimiento policial”.

Sobre el presunto evadido de la Justicia, el fiscal aclaró que desde la cárcel de Coronda no confirmaron la existencia de ese pedido de captura.

La investigación

El Fiscal Ponce Asahad informó que los seis uniformados del Comando Radioeléctrico que firmaron el procedimiento quedaron imputados ayer por apremios ilegales. “Tenemos un acta que consigna una versión y los testimonios en serias contradicciones”, dijo el fiscal. En tanto, el médico policial fue acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento y falsedad ideológica en documento público. El profesional quedó en la mira de la investigación por haber realizado un acta en la que no figuraba ninguna de las lesiones por golpes que, horas después, fueron observadas por el fiscal en varios de los alojados en la seccional 19ª. Entre ellos, una mujer tenía quebraduras, traumatismos y un ataque de epilepsia. “Me llamó poderosamente la atención que había 14 actas hechas a la misma hora. Un examen lleva entre 10 y 12 minutos. Pero, además, no consignaba lesión o tratamiento a seguir, cuando en realidad pude ver a varios detenidos muy golpeados”, aclaró Ponce Asahad.

Según el fiscal, después de las actuaciones en la comisaría, citó a todos los testigos a declarar en Fiscalía. “De las entrevistas no sólo participamos el fiscal y el defensor, también está Asuntos Internos, miembros de organismos de derechos humanos y los traductores para que miembros de esta comunidad puedan expresarse con total soltura y con todas las garantías”, expresó y aclaró que también se acercaron a la sede judicial referentes de derechos humanos y de defensa de los pueblos originarios de los gobiernos municipal, provincial y nacional. “Esta es una investigación a la que hemos querido imprimirle un viso incuestionable de transparencia”, agregó.

En las últimas horas del domingo, los 14 detenidos fueron puestos en libertad. De todos modos, el fiscal aclaró que los imputó por resistencia a la autoridad y a tres de ellos por tenencia de arma de fuego.

Testigos

“Entraron a la casa de dos o tres familias y los levantaron a los golpes de la cama. Fue un horror, parecían años de dictadura, se llevaron presos a menores, mujeres y adultos sin distinción”. Así describió Griselda Coria, una de las referentes de la comunidad Qom, lo que pasó este domingo alrededor de las 7.30 con el despliegue de entre 40 y 50 uniformados en el barrio Toba de Rouillón al 4300. “Pude entrar a la comisaría porque soy una agente sanitaria de la comunidad y vi que las mujeres detenidas tenían lesiones, traumatismo de cráneo, costillas rotas. Una chica estaba con ataques de epilepsia y necesitaba medicación. Había jóvenes a la intemperie bajo la lluvia, con lesiones en el cuerpo y en la cara. Había niños menores presos”, relató.

La mujer recordó que a los detenidos se los llevaron a las 7.30, pero recién a las 9.30 ingresaron a la seccional policial. “Nadie nos explicó a dónde los llevaron y qué les hicieron durante esas dos horas. Los chicos tienen mucho miedo de hablar por las amenazas”, contó y agregó: “Es algo terrible lo que pasó en nuestra comunidad. El Estado tiene que garantizar nuestros derechos, velar por nuestra seguridad, no maltratar niños, no torturarnos. Somos ciudadanos y seres humanos, no nos merecemos ese trato”.

Además de los detenidos, un chico de 15 años fue encontrado por un familiar en una canchita de fútbol, “muy golpeado”. Se lo habían llevado en el procedimiento y “lo dejaron por el camino”, contaron los vecinos. El chico quedó internado varias horas en el Hospital Carrasco. Su familia fue asistida por las defensorías del Pueblo y del Niño, la Niña y el Adolescente.

Doce horas de demora

“Los policías del Comando Radioeléctrico demoraron 12 horas en entregar las actas de procedimiento a la Fiscalía”, dijo a El Ciudadano el concejal Eduardo Togniolli, quien fue uno de los primeros referentes que este domingo llegó a la comisaría 19ª para respaldar a la comunidad Qom. “Apenas fueron los hechos hablé con el ministro Maximiliano Pullaro y la primera versión del jefe de la Unidad Regional II refería que el operativo era el resultante de un tiroteo que había ocurrido en el barrio y que por eso habían intervenido en la zona. Pero a las pocas horas el fiscal tomó declaración a la Policía y era un procedimiento de rutina en el que cuatro chicos se resistieron a ir detenidos”, dijo el concejal y agregó: “La versión de los vecinos es la más firme. Hay filmaciones de un patrullero que se acerca al barrio y empieza a hostigar a los jóvenes que estaban ahí. Se da una reacción cuando empiezan a reprimir con balas de gomas”.

Comentarios