El ex agente civil de inteligencia del Destacamento 121 de Rosario Juan Carlos Francisco Bossi –extraditado hace once días desde Colombia– será indagado hoy en la cárcel federal de Ezeiza por el juez federal Marcelo Bailaque, en el marco de la denominada causa Guerrieri III, en la que se investigan crímenes contra la humanidad en esta ciudad.
Bossi, capturado por Interpol en Medellín en marzo pasado, se encuentra detenido en el hospital intramuros del Complejo Penitenciario Federal I desde el 25 de noviembre pasado, cuando arribó tras un proceso de extradición más breve que en la mayoría de los casos, pues consintió y no recurrió a instancias superiores la decisión de los tribunales colombianos de remitirlo a la Argentina para su juzgamiento.
Conocida la noticia de la extradición, el fiscal general Adolfo Villatte, a cargo de la unidad que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en la región, formuló ayer una ampliación del pedido de indagatoria para que Bossi sea intimado en orden a los hechos que tuvieron como víctimas a 122 personas.
Villatte requirió la indagatoria por el delito internacional de genocidio “perpetrado durante la última dictadura cívico militar”, “comprensivo” en el orden interno de privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real con desaparición forzada de personas, aplicación de tormentos agravados, robo agravado, homicidio calificado y “asociación para cometer genocidio comprensivo del delito de asociación ilícita” tipificado en el Código Penal.
Según su legajo de servicios en el Ejército, Bossi integró la inteligencia castrense formalmente desde el 1° de octubre de 1977 hasta el 1° de mayo de 1981 y se incorporó como “colaborador del Destacamento” en la especialidad de “agente S”, de la mano del entonces teniente y segundo jefe de la sección Operaciones Especiales de Inteligencia de aquel organismo, Juan Daniel Amelong, quien cuenta con tres condenas por este tipo de delitos en los juicios de las causas Guerrieri I y Guerrieri II y Hospital Militar de Paraná.
Bossi utilizó como nombre de cobertura el de Julio César Balonchard. La Fiscalía sostiene que, pese a su designación formal en octubre de 1977, hay elementos que hacen sospechar que “integraba el Destacamento desde mucho tiempo antes”. En efecto, Villatte describió el contenido de una causa penal abierta a Bossi en 1976 por portar “en su automóvil material panfletario de corte subversivo”, por la que fue detenido por violación a la ley 20840, conocida como antisubversiva.
Buceo documental
La detención habría sido producida por personal que desconocía que Bossi estaba interviniendo en una operación de inteligencia. La Fiscalía citó en su pedido una nota enviada por la Jefatura del Destacamento al juzgado federal para dejar “constancia que, en la comunidad informativa que atañe a este Destacamento, el señor Juan Carlos F. Bossi no registra antecedentes desfavorables gozando de un excelente concepto en todo aspecto”. La defensa del imputado, además, ofreció al teniente Amelong como testigo de concepto en esa causa.
“Todos esos elementos así reunidos y valorados llevan claramente a dilucidar que Juan Carlos Francisco Bossi prestaba servicios en el Destacamento de Inteligencia 121 o en los estamentos represivos diseñados desde el mismo Estado mucho antes de su ingreso formal, de otra forma no se explica que una persona supuestamente detenida y sometida a un proceso judicial por supuesta infracción a la ley 20840 haya sido luego incorporada como Personal Civil de Inteligencia”, concluyó Villatte en su presentación.
Ese expediente fue hallado en el marco de un trabajo de relevamiento del archivo de los Tribunales federales de Rosario, con el objeto de identificar causas por infracción a la “ley antisubversiva”, habeas corpus y otras causas iniciadas a víctimas del terrorismo de Estado. La tarea –a la que se sumó la Unidad Fiscal en 2016– fue emprendida junto a la Dirección de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, especialmente por las abogadas Nadia Schujman y Cecilia Moragues, que ya venía trabajando en la iniciativa hace algunos años. Como en este caso, el relevamiento remitió aportar nuevos elementos –fueron relevados más de 800 expedientes, de los cuales ya se aportaron cerca de un centenar– de utilidad para las investigaciones que tramitan en la jurisdicción.
Vestido de médico
El Destacamento 121 estuvo a la cabeza de la represión ilegal en esa zona del país. De hecho, una de las causas emblemáticas de esa jurisdicción lleva en la carátula el apellido de uno de sus jefes: Pascual Oscar Guerrieri. Actualmente, está en curso el debate oral y público del expediente Guerrieri III.
Uno de los ex compañeros de Bossi, el ya condenado ex agente de inteligencia Eduardo Costanzo, lo sindicó en la causa Guerrieri I como “otra de las personas que cargaron los cuerpos” de los desaparecidos que eran arrojados en vuelos de la muerte. “Usaba chaquetilla de médico y drogaba a las víctimas, les hacía una «corbatita», que consistía en una goma de sacar sangre, que le ponían en el cuello hasta que quedaban muertos. Bossi es también un integrante de los vuelos de la muerte”, narró, según la cita de la Fiscalía en el pedido de indagatoria.
En Guerrieri II, Costanzo agregó más información: “(Alberto Enrique) Pelliza junto a Juan Carlos Bossi, que está prófugo (…), eran quienes inyectaban a los presos para luego asesinarlos. Bossi se ponía una chaquetilla blanca de médico para hacer el trabajo. En total conozco que inyectaron por primera vez veinte personas en La Calamita, la segunda vez quince, en La Calamita, la tercera vez diez, once o doce en La Calamita, y la última vez 27 en un chalet en la localidad de Monje”.
La Calamita es uno de los cinco centros clandestinos de detención que tuvieron como escenario la actuación de los miembros del Destacamento 121 de Inteligencia en crímenes contra la humanidad. Los restantes son los conocidos como Quinta de Funes, la Escuela Magnasco, La Intermedia y la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.
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