El canciller Héctor Timerman instó ayer a Estados Unidos a que “asuma la responsabilidad de los actos ilegales del juez Thomas Griesa” y reafirmó que seguirá exigiéndole a ese país que “respete el derecho soberano de seguir pagando la deuda sin interferencias violatorias al derecho internacional”, al brindar detalles de la presentación que hiciera la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya.
“Vamos a seguir exigiendo que Estados Unidos respete el derecho soberano de seguir pagando la deuda sin interferencias violatorias al derecho internacional”, dijo, y agregó que la Argentina seguirá insistiendo ante tribunales y organismos internacionales para concluir este proceso de reestructuración de deuda que comenzó en 2005, “en forma justa, legal, equitativa al ciento por ciento de los bonistas”, sostuvo el canciller desde Casa de Gobierno.
La conferencia de prensa fue brindada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el canciller Timerman y la consejera Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, quienes dejaron en claro que la demanda presentada ante el Tribunal Internacional de La Haya es “contra Estados Unidos, en el marco de la controversia entre Estados y no contra los fondos buitre, ni de revisión de las decisiones adoptadas por la Justicia”.
Para el canciller la controversia es porque “las decisiones de los tribunales de Estados Unidos comprometen la responsabilidad internacional de dicho país” y violan la responsabilidad del Estado, según la Carta de Naciones Unidas, dijo.
Timerman denunció que Estados Unidos no ha contestado “ni al país, ni a la Corte si acepta dirimir la controversia nacida de las decisiones ilegales que su país ha permitido, violando la soberanía de la Argentina”.
Timerman consideró luego que es “producto de cierta ignorancia” el planteo del principio de división de poderes, “que son inoponibles ante el tribunal internacional, para desligarse del hecho ilícito. Estados Unidos debe asumir la responsabilidad de los actos ilegales del juez (Thomas) Griesa”.
También explicó que las decisiones sobre el pari passu –la cláusula de igualdad de condiciones en las ofertas a los bonistas– “no sólo es arbitraria; se extralimita en la competencia de los jueces” porque abarcó bonos “que no estaban judicializados, afectando a la inmensa mayoría que aceptaron el canje y no son parte del proceso iniciado por los fondos buitre”.
El canciller ratificó que se trata de una demanda ante la Corte Internacional de La Haya “por una violación directa a la soberanía, emanada de una decisión judicial de Estados Unidos”, y agregó que, después de la presentación, el Poder Ejecutivo estadounidense, a través de funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro que pidieron no ser identificados, rechazó la jurisdicción de la Corte.
El canciller denunció que Estados Unidos no ha contestado “ni al país, ni a la Corte, si acepta dirimir la controversia nacida de las decisiones ilegales que su país ha permitido, violando la soberanía de la Argentina”.
En la misma línea, Capitanich precisó que la demanda fue presentada el pasado 7 de agosto y agregó que se trata de una disputa vinculada con decisiones de la Justicia de Estados Unidos que afectan la reestructuración de la deuda soberana argentina.
“El rol de la Argentina tiene que ver con la defensa de su soberanía y entender que la aplicación de una serie de acciones o medidas han impedido objetivamente el cobro de parte de los acreedores y esto ha generado obstáculos para el proceso de reestructuración y constituye una violación de la soberanía argentina y de sus inmunidades”, consideró el jefe de Gabinete.
Presentaron una cautelar
La Fundación para el Desarrollo Latinoamericano (FPDL) presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que pide la suspensión del fallo del juez Thomas Griesa a favor de fondos buitre y en contra de la Argentina.
La iniciativa se concretó a partir de declaraciones formuladas por el jurista Daniel Herrendorf, consultor de Naciones Unidas, quien había recomendado al gobierno a que optara por esa vía, ya que hay precedentes de ese organismo contra Estados Unidos, debido a que el país del norte no puede desconocer la jurisdicción de la Comisión.
Amparándose en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión, los abogados esgrimen el impacto que puede significar para los habitantes del país el efectivo cumplimiento del fallo de Griesa, entre otras cuestiones.
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