Arlen Buchara
En la década del 60 las feministas italianas inventaron una red de mujeres que acompañaba y ayudaba a otras a abortar. Se llamaba Socorro Rojo y funcionaba en casas que se ofrecían como voluntarias, donde médicas, enfermeras y militantes practicaban los abortos y daban contención psicológica. La interrupción voluntaria del embarazo estaba penada por la ley y su legalización era la bandera que unificaba a un movimiento feminista amplio que llegaba a todas las ciudades italianas. Era tal el debate y la movilización social de esos años que la despenalización llegó de la mano de un referendum que en 1978 solicitó al Congreso Nacional que aprobara la ley. En esos grupos de socorro que también funcionaron en otros países de Europa y en Estados Unidos se inspiraron las Socorristas en Red de Argentina. Funcionan en más de 30 ciudades de todo el país a través de líneas telefónicas. Las mujeres que deciden abortar llaman y concretan un encuentro para charlar y sacarse todas las dudas. El uso de misoprostol, una droga de venta legal bajo receta, hace posible la práctica del aborto medicamentoso, un método seguro que no implica la intervención quirúrgica en el cuerpo de la mujer. La principal diferencia con los carteles que aparecieron hace algunas semanas en avenidas de Rosario en los que se promovía un teléfono para hacer “la primera consulta gratis” –y por los que se abrió una investigación fiscal– es que las socorristas acompañan sin ningún fin de lucro y dan información legal y pública avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación. En Rosario hay dos líneas telefónicas que son atendidas por los colectivos feministas Mala Junta y Las Pepas. En promedio, acompañan a más de 170 mujeres al año.
Las Socorristas en Red de Rosario están activas desde hace seis años a través de la línea 0341 156146625 de Mala Junta. A Fines de 2015, el grupo Las Pepas se sumó a la atención, con el 0341 156050279.
En diálogo con El Ciudadano, Pilar Escalante, de Mala Junta, explicó que el socorro tiene dos ejes. Por un lado, ayudan a las mujeres que quieren practicarse un aborto seguro a acceder a toda la información necesaria para hacerlo. Por otro, dan un acompañamiento feminista para atravesarlo.
Este tipo de asistencia, contó Pilar, tiene como premisa sacar al aborto del closet. Después del primer llamado, se pacta un encuentro con las socorristas en el que repasan toda la información disponible para abortar. “Intentamos que sean reuniones colectivas, porque creemos que en estos encuentros se gestan y se trazan complicidades y espacios de politización y colectivización de las experiencias personales”, explicó Pilar y agregó: “Según las estadísticas del Ministerio de Salud nacional, en promedio todas las mujeres en Argentina atravesamos alguna vez por una situación de aborto. El tema es que hay tantos tabúes y prejuicios que se trata de una práctica oculta, que se vive en soledad y con culpa. El poder encontrarnos a hablar con otras mujeres que están en la misma situación permite pensar que lo que nos pasa no tiene que ver con lo individual y vital, sino con una construcción social y política del lugar de la mujer la sociedad y con un mandato que pesa sobre su posibilidad reproductiva”.
El misoprostol
La información que dan las socorristas sirve para hacer un aborto medicamentoso con misoprostol hasta la semana doce de embarazo. Es información legal y pública y está avalada por la OMS, que incluyó a esta droga entre los medicamentos esenciales para la realización de un aborto seguro ambulatorio. La condición de ambulatorio significa que la mujer puede elegir el lugar y el momento para abortar sin tener que pasar por un quirófano. El misoprostol también está habilitado en la guía de acceso a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud nacional, vigente en todo el territorio argentino. “El acceso al aborto medicamentoso es un gran avance para las mujeres. Primero, porque no es una práctica riesgosa. Pero una de las cosas más interesantes es la capacidad de decidir dónde y cuándo abortar. Incluso en los hospitales públicos se indica hacerlo en casa. Esto nos permite atravesar un momento que es difícil, desde un lugar de soberanía, donde no hay una intervención externa sobre nuestro cuerpo”, sostuvo Pilar.
El misoprostol se vende bajo receta médica en cualquier farmacia. La caja de 16 pastillas cuesta alrededor de 2 mil pesos. También se puede retirar de manera gratuita en centros de salud pública. Según Pilar, en Rosario hoy se garantizan estos abortos en la mayoría de los hospitales. “Las socorristas no manejamos medicación de ningún tipo, toda la información que damos es pública. Lo que hacemos es legal porque está basado en el derecho a la información y en el acceso a la salud”, aclaró.
La legislación y los médicos
En Argentina el aborto está penado por la ley salvo en dos excepciones. Cuando el embarazo es producto de una violación y cuando está en riesgo la salud de la mujer. La salud se entiende de modo integral, por lo que va más allá de lo físico, incluyendo lo psíquico y lo emocional. Esto significa que si hoy en Argentina una mujer quiere abortar, porque considera que su salud está en juego, debiera poder hacerlo. El problema aparece cuando busca un profesional para que le haga la receta. Muchos desconocen la normativa vigente y otros tantos se declaran objetores de conciencia.
En 2005 se lanzó la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en toda la Argentina. A la par, surgió la Red de Profesionales de la Salud Por el Derecho a Decidir. En Rosario, son entre 35 y 40 médicos, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos que se ocupan de garantizar el acceso a las interrupciones del embarazo permitidas por la ley.
Pablo Dalmazzo, uno de los enfermeros de la Red, contó a El Ciudadano que desde la red se ocupan de garantizar las herramientas para abortar dentro del sistema de salud de pública. Una de ellas es que en todo hospital o centro de salud haya al menos un profesional familiarizado y dispuesto a aplicar los protocolos de aborto no punible. “El mayor inconveniente aparece cuando los profesionales se declaran objetores de conciencia, lo que les permite no recetar el misoprostol. Para ser objetor hay que estar registrado, no se puede hacer de hecho. La salud pública tiene que garantizar el derecho al aborto no punible”, dijo y agregó: “El problema es que hay mucho desconocimiento por parte de los profesionales y mucho miedo a hacer algo ilegal. Muchos piensan que lo tiene que autorizar un juez y desconocen los distintos fallos de la Justicia que hoy permiten practicar el aborto en la salud pública. A eso se suma que hay una mirada moral que es difícil de romper. Por eso peleamos por la despenalización total del aborto: sacarlo del código penal es colaborar con la deconstrucción del estigma social”.
30 mil pesos
La Unidad Fiscal NN inició una investigación para dar con los autores de una serie de carteles por los cuales se invitaba a llamar a un número para consultar por un embarazo inesperado. Los afiches pegados en avenida Pellegrini y otros lugares de la ciudad aclaraban que la primera consulta era gratis, lo que dejaba entrever que, en caso de avanzar con la decisión de interrumpir el embarazo, había que pagar.
Para Pilar, los carteles abren el debate sobre la clandestinidad en la que el aborto se practica. Según la información relevada por distintas organizaciones sociales, un aborto clandestino hoy cuesta alrededor de 30 mil pesos.
“Esto deja ver el lugar en el que la legislación y la cultura ponen a las mujeres. Los carteles evidencian la exposición que nos genera la ilegalidad del aborto. Hoy en Argentina hay leyes que permiten abortos legales y no todos los médicos las cumplen. Hay casos de mujeres criminalizadas por abortar. Hay persecución médica y social. A eso se suma que muchas mujeres desconocen el uso del misoprostol. La clandestinidad juega con la necesidad en pos de garantizar un negocio millonario, porque no todas las mujeres pueden encontrarse con otras y exponerse a hablar de su situación. Por eso necesitamos una ley firme y que se cumplan todos nuestros derechos a una salud sexual”, opinó.
La lucha de las feministas italianas
Lilli Marinello nació en la década del 50 un pueblo católico del Veneto italiano. Cuando cumplió 19 años, se fue a estudiar a Bologna, que se había hecho conocida como la ciudad roja. Eran los 70 y las ciudades italianas, con las universidades, los partidos políticos y las organizaciones sociales a la cabeza, atravesaban un clima de movilización social nunca antes visto. En esos años, Lilli empezó a militar en el movimiento feminista universitario. A los Socorros Rojos los vio de cerca, incluso en su propia casa.
“Los primeros socorros se organizaban para juntar fondos para que las mujeres que querían abortar pudiesen viajar a países donde el aborto ya era legal, como Inglaterra. Después el Partido Radical empezó a formar gente para poder practicar abortos seguros y gratuitos hasta el tercer mes de embarazo. Esas capacitaciones se extendieron al resto de las organizaciones y aparecieron muchísimos socorros. Funcionaban como un grupo de ayuda, la mayoría eran mujeres pero también había algunos hombres. Había enfermeras, médicas y mujeres que acompañaban psicológicamente, siempre se garantizaba que hubiese un personal sanitario en cada grupo”, describió.
—¿Dónde se hacían los abortos?
—Se hacían en las casas que ponían las militantes voluntariamente. A mí me pidieron varias veces y ofrecí la mía. Siempre era entre personas conocidas, muchas eran amigas. Porque el socorro era una red de acompañamiento, un ambiente de contención frente a lo que pasaba en la clandestinidad. Porque había muchísimos abortos clandestinos en todo el país por los que se pagaba muchísimo y muchas mujeres se morían. Había clínicas que estaban a cargo de los médicos que se oponían a la legalización y muchos de los cuales se declararon objetores de conciencia una vez que se sancionó la ley. Entonces, el socorro funcionaba como un lugar de confianza, en el que se ayudaba a una mujer que, de no hacerlo ahí, lo iba a hacer de todos modos en un lugar inseguro.
—¿Cómo se hacían?
—El método más usado era la aspiración, pero también había otros. En ese momento existían las pastillas para abortar, pero eran muy invasivas y podían ser riesgosas por la cantidad de hormonas. No eran pastillas legales y muchas veces no tenían efectividad.
—¿Y cómo llegó la despenalización?
—Por un referendum popular. Fue una campaña muy grande de todos los partidos de izquierda y los movimientos feministas. Primero fue la campaña por la ley de divorcio y después la del aborto. El movimiento feminista en Italia era muy extenso. A pesar de que había diferencias ideológicas por partido, en las luchas por esas dos leyes esas diferencias se pasaron por encima. Fue un movimiento muy compacto y eso permitió que se pudiera ganar. Porque era muy complicado teniendo al Papa ahí. El Vaticano tenía una influencia muy grande en la política italiana, te decían incluso qué votar; después de la segunda guerra mundial tuvimos 45 años gobernando a la Democracia Cristiana, aun teniendo el Partido Comunista más grande de Europa. Entonces, las campañas de divorcio y aborto fueron muy extensas y se dieron en los años de mayor movilización de Italia. Se sumaron muchas mujeres intelectuales que empezaron a decir públicamente que habían abortado. Se juntaron firmas en todo el país para hacer un referendum. Y el referendum se ganó. Ahí el Congreso tuvo que llevar adelante la propuesta de ley. Y una vez que se aprobó la ley hubo muchos intentos de distintos gobiernos de quitarla. Hasta el último gobierno de (Silvio) Berlusconi quiso hacerlo, pero no se pudo porque siempre que se dan esos intentos hay muchísima movilización a favor mantener la ley vigente.
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