El Senado aprobó un proyecto de Resolución para recomendarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tome las medidas necesarias para el seguimiento del cumplimiento de las penas impuestas a organizaciones criminales condenadas por el delito de tráfico de drogas.
El proyecto sugiere que la Corte “evalúe la urgente incorporación de una nueva función” de la Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico, creada recientemente por el Supremo Tribunal para realizar el “seguimiento de la ejecución de las penas vinculadas a casos de criminalidad organizada” en esa materia.
El reclamo también expresa el “repudio” a la decisión de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, que concedieron la semana pasada el beneficio de prisión domiciliaria a Patricio Daniel Gorosito, condenado a 19 años de prisión por asociación ilícita y narcotráfico en el marco de la causa Carbón Blanco.
Los magistrados Ramón Luis González y Eduardo Ariel Belforte le otorgaron ese beneficio al condenado, que cumplirá el resto de su condena en su domicilio de la ciudad de Arroyo Seco, porque, según indicó su defensa, sufre de problemas cardíacos.
Según el senador Miguel Ángel Pichetto, se trata de “una justicia alegre” en la que “en causas de esta envergadura a los culpables se los manda alegremente a la casa para que hagan prisión domiciliaria”.
Por ello, finalmente, el proyecto de resolución también instruye a los senadores que también forman parte del Consejo de la Magistratura para que “investiguen el desempeño de los magistrados” a los efectos de determinar si corresponde su “juicio político”.
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