El proyecto de ley de libertad religiosa enviado al Congreso por el gobierno nacional generó polémica, en especial entre las organizaciones que representan colectivos de diversidad y otras agrupaciones relacionadas con la educación.
En diálogo con El Ciudadano, el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia, Esteban Paulón, se mostró consternado y preocupado por la noticia ya que dio que “la ley establece que en nombre de la libertad religiosa las personas pueden invocar sus creencias y decidir en base a ello su accionar en sus ámbitos de trabajo”.
En este contexto, Paulón dijo que “presentamos una denuncia,incluso ayer salió la carta de Amnistía Internacional que señala que nunca invocando una ley de libertad religiosa podemos hacer que se coarten los derechos adquiridos de otras personas”.
“De esta manera se restringen los derechos de la población porque si una persona puede invocar una creencia religiosa para desobedecer un acto administrativo y si soy médico podría negarme a realizar una operación de transplante de órganos si mi religión no me lo permite, si soy juez podría negarme a casar a dos personas del mismo sexo y un maestro puede negarse a impartir Educación sexual en una escuela”, aseguró Paulón.
“Esto que están impulsando desde el gobierno nacional, invocando la libertad religiosa, restringe y retrocede en materia de respetar el derecho de otras libertades y derechos que hemos obtenido. Desde distintas organizaciones y colectivos estamos trabajando para que este proyecto no sea sancionado, pidiéndole al Congreso que apruebe”, agregó el funcionario.
“Como Subsecretaría creemos que no existe la objeción de conciencia para el cumplimiento a derechos que están consagrados por leyes por lo tanto en la provincia nunca se admitieron ni se admitirán estas cuestiones, por eso nos parece tan grave esta ley y vamos a trabajar: primero para que no salga y, en caso de que se apruebe, no quede restringido ningún derecho de nuestro colectivo. En la provincia de Santa Fe se van a garantizar todos los derechos”, concluyó Paulón.
En la Educación y otros ámbitos
El periodista Daniel Wizenberg, de Revista Anfibia, detalló que del artículo 7 del proyecto de ley se desprende que:
Un docente podría negarse a impartir una clase sobre la “teoría de la evolución” por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación.
*Un docente podría negarse a cumplir con la ley de Educación Sexual Integral.
*Un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas.
*Una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos.
“No lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional Argentina. Este texto está lejos de tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos”, sentenció.
La postura oficial
Tal como publicó Télam, “la norma viene a responder una demanda histórica de todas las confesiones religiosas, busca convertirse en una ley de consenso entre todas las fuerzas políticas para reemplazar a la actual normativa -la número 21.745- que fue sancionada en 1978 durante la dictadura cívico militar”.
“Argentina tiene una tradición de libertad de cultos y convivencia histórica entre ellos que se viene incrementando cada vez más. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio contribuyó mucho en esta tarea. Y esta ley cristaliza esa tarea en un proyecto que asegura la libertad de cultos, garantiza los derechos de cada uno y sigue la línea que en el país ya se viene desarrollando desde hace tiempo”, destacó el secretario de Culto, Santiago de Estrada, en una entrevista con Télam, en la que adelantó los principales aspectos de la iniciativa.
El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados a principios de esta semana, con la firma de la saliente canciller Susana Malcorra, y será tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside la diputada de PRO, Cornelia Schimidt Liermann, y resta definir si intervendrán otras comisiones como la de Justicia y Legislación General.
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