El after Child, de Maipú y San Juan, donde esta madrugada ocurrió una fatal balacera que dejó como saldo dos muertos y una adolescente de 17 años herida, no estaba habilitado para funcionar. De hecho, desde la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana dijeron a El Ciudadano que “el lugar fue clausurado en junio de 2016 y al mes siguiente se le dictó la caducidad de la habilitación”. Luego de eso, la Municipalidad efectuó 40 visitas y elevó cinco denuncias penales.
“Después de esa fecha se siguió inspeccionando por recibir denuncias de vecinos y se elevaron a la Justicia al menos tres denuncias penales, informando que el lugar estaba clausurado, sin habilitación y seguía violando las disposiciones”, ampliaron desde l área.
El fondo de comercio estaba registrado bajo el rubro bar-pool. De acuerdo a datos aportados desde la Secretaría de Control, el titular era Enzo Daniel Bernasconi desde 2012.
En diálogo con El Ciudadano, el subsecretario de Control y Convivencia, Guillermo Turrín, dijo que en los últimos tiempos el sitio no abría con asiduidad, lo hacía en forma esporádica para un grupo reducido de personas.
Turrín dijo, además, que según testimonios de vecinos el local no abre sus persianas al público y que el espacio era para unas 100 personas pero que “nunca había más de 15 o 20” cada vez que lograban ingresar al lugar.
El funcionario explicó que al no tener habilitación y funcionar con puertas y persianas cerradas, los agentes municipales no podían entrar sin una orden judicial y acompañados por las fuerzas policiales.
En tanto, las denuncias penales que efectuó la Municipalidad quedaron asentadas en el Juzgado provincial de Faltas.
“Hicimos un seguimiento de esas causas y el juez nos informó que habían sido derivadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que tomara intervención e investigara”, amplió Turrín.
Además, desde la Secretaría de Control notificamos por escrito a la comisaría de la zona que el lugar no tenía habilitación para funcionar y también se le avisó a la Empresa Provincial de la Energía, por lo cual no contaban con medidor de luz. “Agotamos todas las vías administrativas y ejecutoras que estuvieron a nuestro alcance”, concluyó Turrín.
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