El juez penal rosarino José Luis Suárez afirmó está mañana en diálogo con LT8, que se tergiversaron sus dichos cuando hablaron de los allanamientos y la clausura de los desarmaderos. “No dije que eran ilegales los allanamientos, sólo que la clausura servían sólo para preservar las autopartes y la documentación para que el fiscal trabaje en ello”, aseguró el juez.
La decisión del juez José Luis Suárez de levantar la clausura de 23 desarmaderos allanados a fines de agosto en Rosario y localidades vecinas generó una fuerte polémica, al punto que el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó ayer un pedido de juicio político contra el magistrado.
Es por ello que esta mañana, Suárez sostuvo que como el fiscal “ya había dispuesto de todos los efectos secuestrados, mantener en el tiempo por 20 días sin siquiera haber atribuido una conducta delictiva a alguien era una cuestión arbitraria”, y que “eso es independiente de la cuestión de habilitación para el trabajo, que no es un tema que se trató en la audiencia porque no corresponde”. El juez explicó que aparte de la clausura, “la que tiene que inhabilitar para el comercio es el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (Rudac)” y agregó “yo no puedo mantener la clausura, porque la clausura tenia un motivo concreto”.
El magistrado reiteró que la clausura era para guardar las pruebas, para que se retire la mercadería y la documentación cuando el fiscal disponga de esas cosas la clausura ya no tiene validez. “No va atado al delito”, espetó.
El ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, también mantuvo contacto con LT8 esta mañana, y apuntó que no conocía “los pormenores de la resolución del juez Suárez y que por lo tanto no podía opinar sobre si fue una decisión acertada o no, pero se mostró a favor de que los jueces sometan al escrutinio público sus actuaciones.
A su vez, expresó que “la labor de los magistrados, como funcionarios públicos que son, tiene que estar sometida al permanente escrutinio público. El mecanismo de jury es para revisar la actuación de un juez y tiene que ser algo un poco más fácil de constituir”.
Por último Lewis, informó que los jueces tienen que “dictar sus fallos con libertad. Tampoco es que alguien, porque no le gusta la resolución de un magistrado, pueda pedir la apertura de un jury”.
Clausuras arbitrarias
Los allanamientos se dieron el pasado 20 de agosto, y la conferencia de prensa posterior reunió al secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, con el ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, y el fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja. En los procedimientos sobre 23 desarmaderos se determinó que unas 20 mil autopartes valuadas en 60 millones de pesos presentaban irregularidades: no tenían el sticker previsto por el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (Rudac), que depende de la dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes.
El 11 de septiembre pasado, el juez Suárez determinó en audiencia que el mantenimiento de las clausuras impuestas era arbitrario ya que, a su entender, se había dispuesto una clausura preventiva a fin de cautelar la prueba, pero la fiscalía no había tomado decisión alguna sobre lo secuestrado. Así, el magistrado revocó la cautelar, decisión que hizo extensiva al resto de los desarmaderos allanados, y le dio un plazo de un día al fiscal Narvaja para que “disponga de estos elementos cautelados y determine el destino que le asignará”.
Sin embargo, tal como recordó ayer una fuente del Ministerio Público Fiscal, el juez decidió en sentido contrario a como lo había hecho unos días antes con una de las tres firmas mencionadas, la que había pedido la devolución de documentación. Suárez dispuso en ese momento mantener el secuestro y una vez levantada la clausura por la dirección nacional, si la Fiscalía no había acusado para entonces, debía devolver la documentación.
“El magistrado revocó una medida de la dirección nacional sin seguir la vía administrativa, que primero debe agotarse. Acá él resolvió judicialmente, sin correr traslado a la administración pública, lo que para nosotros es una locura. La semana anterior, había seguido la vía administrativa con los mismos involucrados en el mismo tema”, dijo ayer un vocero de la Fiscalía Regional. Al final de la audiencia del 11 de septiembre, Suárez había ordenado remitir la filmación de ese acto al fiscal regional Jorge Baclini, “a los fines que correspondan”, en referencia al accionar de su subordinado Narvaja.
Pedido de jury
Así las cosas, ayer se produjeron dos novedades. Por un lado, la Fiscalía Regional apeló ante la Cámara Penal la medida dispuesta por Juárez que ordenaba devolver las autopartes –lo que tiene efecto suspensivo sobre las medidas–, mientras que por otro trascendió el pedido de jury de enjuiciamiento contra el magistrado Suárez, que fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia por el titular de la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, Mariano Iglesias, confirmaron distintas fuentes a este diario.
Ahora, la Corte debe trasladar la solicitud presentada contra el magistrado provincial, nada menos que por una dependencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, al procurador general del máximo tribunal, Jorge Barraguirre. Tras una evaluación, si el pedido es procedente, se conformará el jury de enjuiciamiento que en Santa Fe está integrado por integrantes de la Corte y un diputado y un senador. Según evaluó una fuente judicial, la posición de Suárez ante esta instancia se verá afectada políticamente por la decisión que finalmente tome la Cámara Penal tras la apelación hecha por el Ministerio Público de la Acusación: si avalan su fallo, tomará aire (pero los camaristas se pondrán en la mira); en caso contrario, su permanencia en el cargo correrá mayor riesgo.
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