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Panorama Político

El imperdonable cierre de Ar Zinc

La multinacional suiza Glencore se dedica al acopio de granos, servicios agropecuarios, crushing y exportación de oleaginosas y arroz, biocombustibles, petróleo, metales y minerales.


La multinacional suiza Glencore se dedica al acopio de granos, servicios agropecuarios, crushing y exportación de oleaginosas y arroz, biocombustibles, petróleo, metales y minerales. La casa matriz de su filial argentina está en San Isidro y según su página web hasta el viernes empleaba a 900 personas, aunque no aclara si en ese número ya están descontados los 320 trabajadores de Ar Zinc en Fray Luis Beltrán, víctimas del cierre de la única fábrica de zinc electrolítico y ácido sulfúrico de la Argentina.

La bajada de persiana de la ex Sulfacid motivó la semana pasada un paro regional promovido por autoridades gremiales, sociales y políticas, ahora aferradas a una esperanza muy lejana mientras empiezan a elaborar el duelo y a ver de qué manera enfrentan semejante pasivo social.

Directivos de Glencore ponen como toda razón del cierre un déficit millonario en dólares que este artículo evita reproducir por ser incomprobable. Fuentes consultadas de los gobiernos nacional y provincial creen que el problema no era el déficit operativo en sí, sino la decisión de “limpiar” puntos flojos de los balances en Argentina para que luzcan mejor ante la vista de los mercados globales de capitales en los que el grupo se financia.

Hay una cuestión a tener en cuenta que relativiza el argumento del déficit: la incorporación de Ar Zinc no fue un negocio inconexo o aislado, sino una apuesta a la integración vertical de una de sus ramas de negocios en el país. Le permitía procesar y agregar algo de valor a las materias primas que extraía de las minas controladas por la multinacional suiza Aguilar (Jujuy) y la catamarqueña Bajo de Alumbrera (uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo que se explota a cielo abierto, cuya vida útil se agotará a fines de 2018, donde son socias minoritarias las canadienses Yamaha corp. y Gold corp., dos universidades y el gobierno provincial).

El zinc electrolítico y el ácido sulfúrico producidos en Fray Luis Beltrán eran colocados en el mercado interno (entre sus grandes clientes estaban acerías como la ex Somisa o Acindar) y “diversos mercados del mundo, contribuyendo de este modo a la autosuficiencia del país y a la generación de divisas”, según la propia firma.

Sin embargo las cosas resultaron al revés. El cese de producción obligará a sus clientes a importar el zinc, con lo cual no sólo no traerá divisas al país sino que exigirá sacar de otra actividad para afrontar ese nuevo ítem en la balanza comercial, con la debida repercusión en los precios internos.

También implica reprimarizar más de lo que ya está el proceso de producción minero, que de por sí es uno de los que menos valor agregado deja en el país.

A pesar de las promesas de inversión y ampliación que todavía hoy se pueden leer en su página web oficial, Glencore no mantuvo ni modernizó la planta industrial, que hasta su cierre venía operando en condiciones ambientales penosas y tenía en vilo a las autoridades.

Hay otras dos piezas para cerrar el rompecabezas en el caso Ar Zinc. La primera es que Glencore, Yamaha, Gold y el resto de las empresas del sector acaban de ser beneficiadas con la eliminación de las retenciones a la minería, una medida sin fundamentos económicos, más bien emparentada a un compromiso adquirido antes de a la llegada al poder, que fue repudiada hasta por los propios aliados de Cambiemos. Esto implica una millonaria transferencia de recursos de los argentinos a manos de estas empresas, que agradecieron con la supresión de una fábrica estratégica y 300 puestos de trabajo.

La última cuestión es el criterio de oportunidad. No es casualidad que se hayan arrojado a la calle todos esos trabajadores dos meses después del cambio de gobierno, aprovechando el vía libre de Estado nacional que no pide explicaciones, resigna un sinnúmero de herramientas formales y políticas que tiene a su alcance y se limita a proporcionar aspirinas a los despedidos y a la comunidad que perdió la principal fuente de empleo y actividad económica.

Más allá de lo que pueda decirse de la anterior administración nacional, un cierre de estas características, así como el de la curtiembre Sadesa ocurrida a mediados de enero en la localidad de Las Toscas, en el norte provincial (con mejor suerte porque finalmente fue reabierta por Arlei SA), no hubieran sido tan sencillas de concretar antes del 10 de diciembre. El cambio de enfoque en este sentido fue de 180 grados: si Glencore no cerró Ar Zinc antes y Sadesa no hizo lo propio en Las Toscas fue porque se hubieran topado con la fuerte decisión política que hoy no está, de intervenir en custodia del frágil equilibrio que existe entre el objetivo de obtener renta del capital y el pasivo social que producen decisiones como las que tomaron.

Éste fue uno de los aspectos que más rápidamente cambió la llegada del gobierno de Mauricio Macri. El empresariado entendió de inmediato que el Estado se retiró de ese lugar. El empleo ya no es un valor prioritario a cuidar desde la esfera oficial, sino el furgón de cola de la evolución de los negocios privados.

Qué señal más clara que designar “a este pibe Triaca”, como lo llaman en el mundo sindical, al frente del Ministerio de Trabajo, en contraste con la autoridad y consolidación de Carlos Tomada, su antecesor en los tres mandatos kirchneristas.

Debe aclararse que también en los gobiernos anteriores cerraron empresas. El caso más a la vista es el de decenas de frigoríficos, con el agravante de que las políticas oficiales en materia de ganadería fueron determinantes para la retracción del sector.

Sin embargo, el Estado intervenía con una batería de herramientas, que en algunos casos funcionaban y en otros tuvo que tejer alternativas. Desde los repros como salida de emergencia hasta la cooperativización cuando el contexto lo permitía.

Es posible que si Glencore o Sadesa hubieran hecho lo que hicieron antes del 10 de diciembre, no hubieran podido exportar alegremente como lo están haciendo a pesar del mazazo social que dieron en dos localidades pequeñas como Las Toscas y Fray Luis Beltrán, donde 300 trabajadores con una indemnización en el bolsillo no son ningún alivio sino un nuevo y serio problema.

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