“Hay un ciclo económico que el país debe respetar, que es la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo. El Estado debe, pues, encadenar estas cuatro operaciones. Este encadenamiento implica que debe darse al problema del agro una solución nacional”. Así les hablaba Juan Perón a los representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) en marzo de 1947. La “solución nacional” de Perón era la apropiación por parte del Estado y para el goce de todos los argentinos de la renta agraria diferencial, la cual no es producto del “esfuerzo” de un sujeto o grupo social, sino –como lo describe Héctor Alonso en Oligarquía, renta diferencial y socialismo en Argentina– de las excepcionales condiciones de clima y suelo de nuestra zona pampeana y de los altos precios internacionales de los alimentos.
Hasta la llegada al poder del peronismo, esa renta era apropiada por el imperialismo y la oligarquía a través de los puertos, silos, fletes privados y el manejo del crédito. Esta apropiación era favorecida, además, por la fabulosa concentración de tierras que se había producido en nuestro país.
Para administrar esa renta el gobierno debió nacionalizar el comercio exterior y como herramienta imprescindible para controlar el ciclo económico y garantizar buena parte de estos objetivos, el peronismo creó el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (Iapi)
El Iapi pasaba a ser el monopolizador del comercio exterior y regulador de la producción agrícola ganadera, convirtiéndose en un elemento fundamental e indispensable para el progreso nacional. A través del Instituto, el Estado fijaba los precios (garantizando el precio prometido a los productores, por adelantado e independientemente de los precios internacionales), compraba al productor y vendía en el mercado internacional. Adquiría la producción total de semillas que entregaría por cupos a los industriales para que se procesen y posteriormente colocaba el aceite en el mercado internacional. De esta manera se defendían los precios de los productos argentinos ante los deterioros en los términos del intercambio.
Además, la creación del Iapi fue acompañada por la suspensión de desalojos rurales, el Estatuto del Peón de Campo, el congelamiento de los arrendamientos, la expropiación de 2 millones de hectáreas, entrega de semillas, créditos para maquinaria, la nacionalización de la banca y el control de cambio, la nacionalización y conformación de las empresas estratégicas, etc.
Con el Iapi, el gobierno monopolizó el comercio exterior y con las ganancias obtenidas no sólo subsidió importaciones (principalmente de insumos y maquinarias para el agro y la industria) sino que otorgó fondos a las reparticiones estatales y realizó obras públicas; se ocupó de fomentar la producción agropecuaria, luchar contra las plagas, comprar y distribuir semillas, vendió al costo a la industria local y subsidió a productores marginados o de zonas perjudicadas por fenómenos climáticos.
Otras intervenciones del Iapi
El Iapi intervino en la compra de los ferrocarriles, la Compañía de Gas, el complejo de empresas del grupo Dodero (Compañía de Navegación, Río de la Plata, Ultramar SA y demás), el rescate de las acciones de las compañías Flota Aérea Mercante Argentina, Aviación del Litoral Fluvial Argentino, Aeroposta Argentina y Aerolíneas Argentinas.
Sólo en 1949 aportó para la compra de 8 buques de carga y pasajeros, 26 trenes Diesel-Ganz, más de 200 locomotoras, más de 500 aviones y 9 buques tanques.
Además de colaborar con YPF, Gas del Estado y demás empresas estatales; aportó al desarrollo de la minería, la siderurgia, la forestación, etc. Participó en la construcción de escuelas, hospitales y complejos habitacionales.
Como bien afirmó Susana Novik en su trabajo, Iapi: auge y decadencia: “Si bien los buenos precios de los alimentos en el mercado mundial fueron la causa objetiva de la relativa capitalización que concretó el peronismo, no lo explican todo. Nada se hubiese logrado sin una voluntad política interna para aprovechar esas condiciones internacionales y lograr un mayor grado de independencia nacional”.
El Instituto fue una de las primeras víctimas de la contrarrevolución plutocrática que se instaló en el país a partir de septiembre de 1955, la que no cejó un instante hasta lograr su liquidación. Luego, el golpe del 76 instaurará un modelo aperturista de la economía buscando reducir la intervención del Estado a su mínima expresión, modelo que se profundizará con la llegada del Menemismo que, al amparo de la globalización neoliberal, durante los años 90 implementó un modelo agropecuario dominado por las grandes empresas trasnacionales y la tecnología que ellos controlan.
Como país agroexportador que aún somos, la disputa está en quien se apropia de la renta agraria y para qué. Por eso es indispensable recuperar la renta agraria para todos los argentinos, de modo que nos permita capitalizarnos y desarrollarnos independientemente de los centros de poder, buscando reconstruir el ciclo de la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo.
Será indispensable que, como parte de una política nacional, el Estado monopolice el comercio exterior para que la renta agraria sea socializada y utilizada para el desarrollo independiente, integral e igualitario de la Nación en su conjunto.
Apogeo y disolución
El IAPI fue creado mediante el decreto 15.350 del 28 de mayo de 1946, bajo la órbita del Banco Central. Se lo concibió como un organismo que pudiera actuar expeditivamente frente a las coyunturas internacionales que se presentaran para maximizar los beneficios de la compra, venta, distribución y comercialización de productos. Este organismo reorganizó y amplió las funciones de lo que, hasta el momento, era la Junta Nacional de Granos. La caída internacional de los precios agrícolas que siguió a la recuperación europea de postguerra, cercenó en gran medida la fuente de ingresos genuinos del Iapi. A partir de 1949 las actividades del Instituto mermaron, dando lugar a que el sector privado se hiciera cargo de gran parte del intercambio. En sus relaciones con el sector privado, el Iapi otorgó importantes subsidios: entre 1947 y 1954 los subsidios al sector agrícola totalizaron 5.063.011 pesos, mientras que el sector ganadero recibió 4.567.590 pesos.
Bajo la presidencia de facto de José María Guido, fue reorganizado en 1963 como Junta Nacional de Granos.
Finalmente fue disuelto en 1991 por el decreto Nº 2284/91 de desregulación de mercados, elaborado por el ministro de Economía Domingo Cavallo bajo la presidencia de Carlos Menem.
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