El gobierno provincial completó el trámite de expropiación de la quinta La Calamita, en Granadero Baigorria, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en el cual estuvieron detenidas más de un centenar de personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.
La ley de expropiación de La Calamita fue aprobada en 2014, a partir de un proyecto de la diputada Alicia Gutiérrez del partido SI (Frente Progresista). “El objetivo de la medida es preservar para la memoria colectiva uno de los sitios donde se cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”, sostuvo la legisladora provincial.
Con la expropiación concretada, ahora el ex centro ilegal de detención se convertirá en Museo de la Memoria, tal como venían pidiendo los organismos de derechos humanos de Granadero Baigorria junto a militantes sociales y políticos, familiares y víctimas de la represión de la dictadura.
El inmueble era propiedad de la empresa Solukat Corp, un desprendimiento de la firma Benzadón Saci, y fue adquirido por la provincia luego de más de una década de negociaciones. El primer proyecto lo había presentado el legislador socialista Eduardo Di Pollina en 2003 y fue aprobado en 2005, pero en ese momento el gobierno del peronista Jorge Obeid no concretó la expropiación. La nueva ley, promovida por la diputada Gutiérrez, se votó durante la gestión del socialista Antonio Bonfatti.
El contraste con Cambiemos
La diputada del partido SI contrastó la gestión del gobierno socialista con la postura de Cambiemos: “Nos complace ver que, a diferencia del gobierno nacional y sus políticas negacionistas del genocidio, en Santa Fe el gobierno de la provincia ha hecho efectiva esta medida que va a trasformar un símbolo de la represión y la violencia estatal durante la dictadura en un lugar que cumplirá un rol social, educativo y cultural fundamental para que las próximas generaciones conozcan el pasado reciente”.
La Calamita fue uno de los más importantes centros clandestinos de detención de militantes sociales, políticos y sindicales que funcionó en el territorio de Santa Fe bajo la órbita del II Cuerpo del Ejército. Como se desprende de los testimonios, documentos y pruebas recolectadas por la Justicia, se presume que por este lugar pasaron más de cien detenidos que fueron torturados y hoy se encuentran desaparecidos, como así también embarazadas cuyos bebés fueron apropiados. La mayoría de la casos de desparecidos en La Calamita están incluidos en la Causa Guerrieri III que se tramita en la Justicia Federal de Rosario, donde se investigan 47 crímenes de lesa humanidad. En la causa están acusados diez integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército.
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