El Senado dio inicio ayer al debate en comisiones sobre el paquete de proyectos para regular las relaciones de consumo y modificar la ley de abastecimiento, con la presencia de funcionarios y representantes de las empresas, y prevé cerrar la discusión la semana próxima.
El plenario de comisiones recibió al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al viceministro de Justicia, Julián Álvarez, y al secretario de Comercio, Augusto Costa, quienes defendieron el paquete de iniciativas enviado por el Ejecutivo.
El oficialismo decidió postergar hasta la semana próxima la firma del dictamen y dedicar toda la jornada de ayer a las exposiciones de los funcionarios y de las cámaras empresarias que, con algunas excepciones, se pronunciaron en contra.
La reunión apuntó a discutir conjuntamente los tres proyectos enviados por el Ejecutivo: uno de ellos modifica las leyes de abastecimiento y de defensa del consumidor; los otros dos crean un fuero judicial para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas, y un observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios.
Capitanich defendió la idea de que “la capacidad regulatoria del Estado es para optimizar el funcionamiento del sistema económico”. Explicó que el gobierno trabaja con “36 cadenas de valor” y admitió que allí se observa que hay “un funcionamiento incorrecto, ya que en muchas se tiende a generar distorsión en la apropiación del excedente de la riqueza en detrimento del eslabón más débil de la cadena”.
A continuación, afirmó que “si no existe capacidad regulatoria del Estado, se tiende a una mayor concentración de la economía que genera una distribución inequitativa y perjudica al poder adquisitivo del consumidor y al pequeño productor”.
Por su parte, Álvarez retrucó las críticas que recibieron las modificaciones a la ley de abastecimiento y pidió discutir “artículo por artículo” para comprobar que esos cambios “hacen todo lo contrario a lo que están manifestando sus críticos”, porque plantea un “sistema más liviano, más pragmático del que se encuentra vigente desde 1974”.
Además, señaló que “se está ocultando un tema central que son las herramientas que otorgan a los consumidores” estos proyectos enviados y que “si se oculta, por más que se sancionen estas leyes, los consumidores no van a conocerlas, no van a saber cuáles son sus derechos”.
Por su parte, Costa aseguró que “no es una legislación anti empresaria hacer que el consumidor pueda reclamar, es pro consumidor”, al tiempo que aseguró que “por supuesto se está afectando el statu quo, porque ahora las empresas van a tener que responder de otra manera, pero no es anti empresario, se corrige una relación desigual”.
El secretario de Comercio defendió, además, la creación del fuero judicial dedicado a esta área porque, según dijo, “la Justicia para los consumidores actuará más rápidamente”.
Una de las intervenciones más álgidas fue la del senador radical Ernesto Sanz, quien evitó hacer preguntas sobre el paquete de proyectos pero criticó el manejo de la economía de los últimos diez años.
“Su discurso de recién ha sido un discurso berreta”, le espetó a Álvarez y agregó: “Si usted quiere combatir a las corporaciones vaya al espectro del juego, de la obra pública, de los bancos, donde hay mucha cartelización y donde ustedes en once años no hicieron nada”.
En tanto, la peronista federal Liliana Negre de Alonso sostuvo que en el proyecto de reforma de la ley de abastecimiento “hay peligros de violación de la propiedad privada” porque “la Secretaría de Comercio puede ordenar pericias” y se transforma “prácticamente en un poder judicial paralelo”.
En respuesta, Álvarez le dijo que “pedir información de los libros, eso ya estaba” en la ley de abastecimiento y remarcó que, además, “antes decía que el Ejecutivo podía allanar en horas de funcionamiento” una empresa y ahora reduce esa facultad a la de “inspeccionar”.
Empresarios a favor y en contra del paquete de reformas
Representantes de cámaras empresarias y de comerciantes mostraron ayer sus diferencias con respecto al proyecto de reforma de la ley de abastecimiento y proyectos relacionados con la defensa del consumidor. “Todo el mundo está preocupado antes de tiempo. Si los empresarios hacemos las cosas como se deben y respetamos al consumidor, no veo el sentido para estar alarmados”, opinó Ider Peretti, de la CGE.
A su turno, Rubén Manusovich, de Fedecámaras, dijo que los “sectores empresarios mantienen el pensamiento de los años 90 y eso es muy preocupante. Apoyamos esta ley.
Aunque quizá habría que prestarle atención para que las pymes no sufran su aplicación”, sentenció. En tanto, Javier de Jáuregui, de Came, pidió “excluir a las pequeñas y medianas empresas de cualquier legislación que implique sanciones del Estado ya que es un mercado transparente”. Carlos Garetto, de Coninagro, expresó que “si el Estado maneja los precios, le quitará el incentivo a la producción, poniendo un cepo y afectando a los consumidores”.
Otros representantes de cámaras empresarias coincidieron en que las medidas tendrán “efectos negativos” para la economía. Entidades como la Sociedad Rural, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) y la Asociación Empresaria Argentina se pronunciaron en contra.
Comentarios