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El gobierno apelará fallo contra la reforma de la Magistratura

El Ejecutivo nacional recurrirá a la Corte tras la decisión de Servini de Cubría de frenar la elección popular de los consejeros.


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El ministro de Justicia Julio Alak anunció ayer que el gobierno nacional apelará ante la Corte Suprema la decisión de la jueza María Servini de Cubría, que bloqueó la elección por el voto popular de representantes del Consejo de la Magistratura, y advirtió que así “se suspende” el efecto del fallo. “No queremos que se le cercene al ciudadano un derecho que le da la Constitución”, justificó Alak la decisión de recurrir al máximo tribunal. La resolución de Servini de Cubría de declarar inconstitucional cuatro artículos de la ley en cuestión causó festejos en el arco opositor y críticas de parte del oficialismo. De todos modos, el Frente para la Victoria y el denominado Frente para la Justicia, que reúne a las principales fuerzas opositoras, igual se inscribieron ayer ante la Justicia Electoral para la elección de los integrantes de la Magistratura (ver aparte).

En declaraciones radiales, Alak afirmó que la apelación por medio del per saltum a la Corte va a tener “efecto suspensivo”. Para el ministro, el de Servini de Cubría “es un fallo provisorio que va a suspender sus efectos con la  presentación” que hará el gobierno.

Alak apuntó contra las presentaciones de abogados y magistrados contra la ley de reforma de la Magistratura, y advirtió que “el pueblo no delegó” en ellos “la soberanía popular”.

El gobierno reaccionó así ante la decisión de la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, quien suspendió la elección popular de representantes del Consejo de la Magistratura y declaró inconstitucional la ley que introdujo las reformas en ese organismo encargado de remover y promover jueces.

Servini de Cubría suspendió la elección popular de los representantes del Consejo, una de las reformas sumada a aquella que incrementó el número de miembros de 13 a 19. La jueza declaró la inconstitucional de los artículos 2, 4, 18, y 30 de la ley, la cual introdujo reformas en el organismo.

“Corporativo y destituyente”

Dirigentes del oficialismo salieron ayer a cuestionar duramente el fallo de la jueza, el que calificaron de “corporativo” y “destituyente”. El senador Marcelo Fuentes señaló que hay un “clima parecido al del 55” (golpe de Estado contra Perón), “destituyente” y de “demasiado odio”.

Por su parte, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, calificó de “corporativa” la decisión de Servini de Cubría y sostuvo que “cercena la posibilidad de un derecho elemental, como votar y participar”, en este caso la elección de los consejeros.

También cuestionaron el fallo el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, quien señaló que “la Justicia debe perder su temor frente al pueblo”, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien dijo que “los consejeros deberían elegirse democráticamente como lo ha propuesto la presidenta y lo aprobó el Congreso por mayoría absoluta”.

El ministro de Defensa Agustín Rossi sostuvo que la ley de modificación de la Magistratura “no ha violado en absoluto ni el espíritu ni la letra de la Constitución” y el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe de la banca del FpV, relacionó la decisión de Servini de Cubría con “una voluntad de ser casi un gobierno por parte de los jueces”.

El fallo de Servini es parte de “lo que yo llamo la Justicia cautelar, que paraliza normas importantes”, dijo Pichetto y agregó que “ha habido un crecimiento del rol de los jueces avanzando sobre otro poder del Estado”.

Opositores celebraron a coro

En cambio, referentes de la oposición celebraron ayer a coro el fallo de Servini de Cubría y evaluaron que esa sentencia les dio “la razón”.

El consejero Alejandro Fargosi consideró por su parte que “el fallo “es la única respuesta correcta que tiene la Constitución frente a la pretensión del Ejecutivo de dominar la Justicia a través del Consejo de la Magistratura”.

A su turno, el presidente de la UCR, Mario Barletta, evaluó: “La Justicia nos ha dado la razón a la UCR y al conjunto de fuerzas opositoras, a los colegios de abogados, a las ONG y a los organismos internacionales de defensa democrática”. Sostuvo que “no se puede someter el Poder Judicial a los intereses del poder gobernante”.

El diputado de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas coincidió en que el fallo le “pone un límite” al gobierno y confió en que, cuando el caso llegue a la Corte, el tribunal “esté a la altura del las circunstancias y actúe con honestidad e independencia de criterio”.

Por su parte, el titular del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, consideró que “la decisión de la jueza federal respeta lo establecido en la Constitución” y opinó que es “absurda la idea de una «acción destituyente», cuando en realidad el Poder Judicial está intentando mantener su independencia”.

A su vez, la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich indicó: “Este fallo ratifica la independencia de la Justicia, la República y consolida la existencia de la división de poderes en la Argentina”.

Debate sobre la justicia

“La sociedad le habla a la Justicia”, es el título del encuentro que se desarrollará hoy en el Centro Cultural Parque de España, cuyo objetivo es debatir en torno de los proyectos impulsados por el Ejecutivo nacional denominados “democratización de la Justicia”. La jornada contará con tres paneles más un acto de cierre y entre los expositores se destacan el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta y el secretario de Transporte nacional, Alejandro Ramos.

El primer panel, denominado “La sociedad le habla a la Justicia”, comenzará a las 11.30 y contará con la presencia de Tomás Labrador (miembro de agrupación Hijos), Alberto Perassi  (padre de Paula Perassi desaparecida de su hogar el 18 de septiembre de 2011), entre otros. A las 15 dará inicio el segundo panel sobre “Aspectos jurídicos y profesionales”, en el cual Juan Patricio Murray, fiscal federal y Gabriel Ganón, defensor general de la provincia de Santa Fe, serán expositores.

En tanto, el panel tres comenzará a las 17 con la exposición de Ignacio Del Vecchio, presidente del Colegio de Abogados de Rosario; el abogado Norberto Ferrari y el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, como figuras principales. Por último, el acto de cierre será a las 19 y contará con la presencia de Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación; Alejandro Ramos, secretario de Transporte de la Nación; Eduardo Toniolli, diputado provincial; Marcos Cleri, diputado nacional, y Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación.

Kirchnerismo y oposición igual presentaron listas para consejeros

El Frente para la Victoria y el denominado Frente para la Justicia, que reúne a las principales fuerzas opositoras, se inscribieron ayer ante la Justicia Electoral para la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, horas antes de vencer el plazo legal para la presentación de alianzas. La principal novedad es que, en caso de realizarse las elecciones, suspendida a partir de un fallo de María Servini de Cubría, siete fuerzas políticas opositoras con representación parlamentaria presentarán una única lista de candidatos a consejeros.

El llamado Frente por la Justicia incluye al Partido Socialista, PRO (propuesta republicana), Unión Celeste y Blanco, Unión Cívica Radical, Movimiento Libres del Sur y GEN, entre otros. La otra alianza, bajo el lema Frente para la Victoria, reúne a trece partidos, encabezados por el justicialismo, y al que aportan fuerzas nacionales como el Frente Grande, y los partidos de la Victoria, Comunista, Intransigente, Conservador Popular, Humanista, Kolina y Solidario.

Las dos alianzas de orden nacional se inscribieron ante el juzgado federal con competencia electoral a cargo de Servini de Cubría, que declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso para esta elección. El director nacional electoral Alejandro Di Tullio ratificó la vigencia del plazo porque el fallo de Servini es de primera instancia y no está firme.

En la alianza oficialista se incluyeron el Movimiento Justicia y Libertad (Santiago del Estero); Encuentro por la Democracia y la Equidad (Buenos Aires); Partido Hacer por Buenos Aires, y Partido de la Soberanía Popular (de Jujuy). En la coalición opositora se incluyeron además los partidos Unión por Todos y Podés, ambos de Capital Federal, y el partido Unión Popular de Mendoza.

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