Un hombre de 44 años, de nacionalidad peruana, y una mujer de 30 fueron procesados por facilitar la prostitución de una menor de 17 años y regentear una casa de tolerancia. A su vez la mujer del acusado irá a juicio –si el fallo queda firme– como administradora del prostíbulo mientras que otras tres mujeres, entre ella la madre de la adolescente que era prostituida, obtuvieron la falta de mérito en la causa. La resolución fue dictada por el Juzgado de Instrucción de la 10ª Nominación, a cargo de Irma Bilotta, quien además dictó la captura internacional de un hombre sospechado de participar en la actividad prostibularia y dispuso la remisión de copias para que se investigue la posible comisión de otros delitos, entre ellos algunas situaciones vinculadas al accionar policial.
La investigación comenzó a principios de junio de 2012 luego de un requerimiento de la Justicia española para que se investigaran las IP de distintas computadoras, que según la información trasmitían desde Argentina imágenes pornográficas de menores.
Ello generó la apertura de una causa en el Juzgado de Instrucción 10ª que a mediados de noviembre ordenó cinco allanamientos en distintos domicilios del macrocentro, dos de ellos en prostíbulos, donde se halló a una adolescente de 17 años que ejercía la prostitución y se procedió a la detención de varias personas.
El Juzgado imputó a un hombre y cinco mujeres de facilitamiento de la prostitución y, luego de varios meses de labor, la jueza Bilota entendió que existen elementos para llevar a juicio a tres de los acusados mientras que dictó falta de mérito para el resto.
Respecto al principal acusado, identificado como Maximiliano R., la jueza determinó que este hombre reclutaba mujeres para luego prostituirlas en dos burdeles ubicados en San Luis al 800 e Italia al 1400, a través de avisos publicados en un diario local, lo que fue corroborado por varias de las mujeres que trabajaban en dichos lugares.
Además, la magistrada tomó en cuenta la variada documentación secuestrada en los allanamientos, como ser recibos de pagos de alquiler de las propiedades donde funcionaban los prostíbulos, facturas de servicios con esas direcciones y el testimonio del dueño de una de las viviendas, entre otras pruebas.
Bilotta descreyó la versión del acusado, quien intentó desligar su responsabilidad en otro sospechoso que actualmente se encuentra prófugo y es sindicado como recaudador.
El acusado sostuvo que había subalquilado la propiedad a esta persona y que desconocía el destino que le dio. Esta versión no alcanzó para desvirtuar la prueba en su contra y la jueza entendió que cumplió el rol de titular del lugar con específico control de la actividad que explotaba y lo procesó como autor del delito de facilitamiento de la prostitución de una menor de edad y sostenedor y/o administrador de una casa de tolerancia, a la vez que ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por 100 mil pesos. El sospechoso llegará preso al juicio si la resolución se confirma.
La misma suerte corrió la encargada del lugar, identificada como Natalia N. de 30 años, que seguirá detenida. Respecto de ella se probó que atendía a los posibles clientes, les mostraba las chicas, indicaba la tarifa, cobraba y conocía la situación de la menor de edad (que prestaba entre 5 y 7 servicios sexuales diarios según el fallo), por lo que fue procesada por los mismos delitos que el dueño del lugar aunque en carácter de partícipe necesario.
Otra de las procesadas es Fermina R., esposa de Maximiliano. Si bien no hubo elementos para determinar que la acusada facilitó la prostitución de la menor encontraba en el prostíbulo de calle San Luis, la jueza consideró que la mujer estaba al tanto y participaba de la actividad de su marido por lo que irá a juicio como sostenedora y/o administradora de una casa de tolerancia, aunque esperará el juicio en libertad.
Por su parte su hermana, Emilce R. y su madre, Isabelina V. – quienes tenían la titularidad de los teléfonos que se usaban en el lugar y del celular que utilizaba Maximiliano– obtuvieron falta de mérito.
La última acusada fue la madre de la adolescente, quien también obtuvo la falta de mérito. Durante la instrucción se determinó que la chica empezó a prostituirse antes de los 15 años, que era “una joven rebelde” y que su madre era único sostén de hogar. La magistrada sostuvo en el fallo que si bien hay indicios de una actitud descuidada por parte de la mujer hacia la adolescente no puede probarse que haya facilitado o promovido la prostitución de su hija. El fallo está apelado.
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