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Prohibido olvidar

Dos marchas por la memoria

Organizaciones cercanas al kirchnerismo reivindicaron en Plaza de Mayo la política de derechos humanos del gobierno y apuntaron a los “partícipes civiles”. Mientras que “Fuera Milani” fue la consigna dominante del sector que se manifestó luego.


Agrupaciones políticas y de derechos humanos se concentraron ayer en Plaza de Mayo al cumplirse 39 años del golpe cívico-militar pero marcharon por separado y leyeron documentos diferentes, de acuerdo con su cercanía u oposición al gobierno.

Las agrupaciones oficialistas reivindicaron la política de derechos humanos del gobierno y apuntaron a “las corporaciones de la prensa, la Iglesia, el Poder Judicial y las empresas” y señalaron que allí hay “partícipes civiles” de la dictadura que también deben ser “juzgados y condenados”.

En tanto, el documento de las agrupaciones enfrentadas con el gobierno hizo hincapié en el nombramiento de César Milani como jefe del Ejército, pese a las sospechas y causas en su contra por su presunta participación en la dictadura, y reclamó el “desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje”.

En primer lugar se movilizaron las organizaciones cercanas al kirchnerismo, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y las agrupaciones La Cámpora, Kolina y Movimiento Evita, entre otras, y luego fue el turno de los partidos de izquierda junto con las organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ).

El documento de las agrupaciones oficialistas expresó que “en la última dictadura cívico-militar las Fuerzas Armadas tuvieron como socias a las corporaciones de la prensa, la Iglesia, el Poder Judicial y las empresas”.

“En la mesa que planificó el hambre y la exclusión estuvieron los genocidas como (Jorge) Videla y (Emilio) Massera sentados con la prensa canalla como Clarín y La Nación”, afirmaron.

Las agrupaciones señalaron que, “sin los empresarios del horror, sin los aparatos de prensa, sin los amedrentamientos ideológicos amparados en la supuesta fe cristiana, sin el golpe económico de febrero del 76 comandado por las entidades empresarias, el 24 de marzo de 1976 no hubiera sido tal cual fue”. Al respecto, y en el marco del enfrentamiento entre el gobierno y un conjunto de jueces y fiscales, pidieron que “la corporación judicial acepte que también sean juzgados y condenados los partícipes civiles, entre los que están muchos de sus miembros”.

En un párrafo del documento leído por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se destacó que está “desarmando parte del plan sistemático de robo de bebés con el que los genocidas les robaron la vida y el futuro a cientos de personas”. Y añadió: “Nunca lograron que retrocediéramos ni un paso en este camino. Para nosotras, las Abuelas, el silencio es el enemigo de la verdad, por eso seguimos exigiendo que se rompan ya todos los pactos de silencio que nos impiden encontrar a nuestros nietos”.

Un documento crítico

Por otra parte, el documento de los partidos de izquierda y de las organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia expresó tantas críticas al gobierno como a la Justicia y a un sector de la oposición.

Al reclamo de “cárcel a los genocidas”, el documento leído en este segundo acto sumó la consigna “fuera Milani” y exigió la “apertura de los archivos de la dictadura” y el “rechazo a la criminalización de la protesta, el gatillo fácil y la represión a la juventud”, entre otros puntos.

“No marchamos con el gobierno, que apela a la memoria para no hablar del presente en que nombraron al genocida César Milani como jefe del Ejército”, expresó la candidata a jefa de Gobierno porteño por el PTS, Myriam Bregman. La dirigente señaló que “de un lado está el gobierno que sostiene a Milani y, del otro, la casta judicial que absuelve a los empresarios cómplices de la dictadura como Blaquier, Massot o Bottinelli, de Atlántida”.

“Seguimos exigiendo el castigo a los genocidas, pero también a todos los empresarios que orquestaron el golpe”, agregó.

En tanto, el diputado del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo sostuvo que “este 24 de marzo no es uno más” porque tras la muerte del fiscal Alberto Nisman “saltó a la luz la podredumbre de los servicios de inteligencia y la disputa entre el gobierno nacional, de un lado, y la oposición del PRO, la UCR, el Frente Renovador y la casta judicial, del otro”.

“Nosotros denunciamos que todos son cómplices del espionaje, de la impunidad y de mantener el aparato represivo del Estado intacto, garantizando que los empresarios ideólogos del genocidio sigan siendo los que tienen el poder en nuestro país”, agregó.

Sin embargo, ambos documentos tuvieron puntos en común entre los que figuró el reclamo de aparición con vida de Jorge Julio López, el testigo que desapareció tras declarar contra el represor Miguel Etchecolatz.

También en ambas hubo referencias al caso del joven Luciano Arruga y a la presunta “complicidad” de sectores empresariales con la dictadura.

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