Silvia Noemí Quinteros, de 28 años, era madre de una niña de 6 y dos nenes de 9 y 10. Vivía en la localidad de Hersilia, en el departamento San Cristóbal, a unos 400 kilómetros de Rosario. Su nombre empezó a recorrer las noticias el martes pasado, cuando encontraron su cuerpo en las afueras del pueblo del norte provincial. Fue víctima de un femicida. Ese mismo martes se conoció que su ex, Javier Piedrabuena, de 31, había sido detenido y también se difundieron los pedidos de auxilio que había hecho, en vano, Silvia. Esta semana el hombre fue acusado formalmente por el femicidio y, este viernes, el juez Juan Peralta le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley.
La última vez que vieron a Silvia fue el 29 de julio pasado. Con el correr de los días, se conoció que su ex pareja tenía una orden de restricción que ya había violado el 14 de junio pasado y el 22 de ese mes la joven volvió a dar una alerta en las redes: “Tengo que vivir con miedo siempre de saber que tengo que tener ojos en la espalda para ver que no me pase nada, que no me lastimes ni a mí, ni a mis hijos. Ni la restricción te para, hasta dónde fuiste capaz de llegar”.
Entre angustia y desesperación sus familiares y amigos comenzaron a buscarla, primero recibieron pistas falsas, les dijeron que “que se había ido a la ciudad cordobesa de Morteros”, a 100 kilómetros de Hersilia. Los que la conocían no lo creyeron, Silvia nunca abandonaría a sus hijos.
A las 48 horas, el colectivo de mujeres feministas Brujas Empoderadas de Hersilia comenzó una cadena para pedir por su aparición por las redes sociales y, el 1° de agosto, una hermana de Silvia hizo la denuncia en la comisaría 6ª, donde contó que “había habido una fuerte discusión con su ex pareja”.
Pasó una semana sin novedades y los rumores fueron muchos, pero los conocidos y allegados de Silvia no se rindieron. El caso quedó a cargo de la fiscal Silvina Verney. Algunas versiones hablaban de que Piedrabuena obligaba a Silvia a ejercer la prostitución, por ello la investigadora judicial convocó a los profesionales del Departamento de Trata de Personas y de la Policía de Investigaciones (PDI) para hallar a la joven.
El lunes 12 de agosto, toda la comunidad de Hersilia se movilizó para pedir por la aparición de Silvia y exigir celeridad en la investigación. Al día siguiente y, tras 48 horas de trabajos, el personal de Trata y de la PDI llegó hasta un descampado conocido como Viejo Vivero, ubicado en la zona rural de la pequeña localidad.
“A 240 metros al este de la ruta nacional 34 y a 16 al sur de un camino rural los pesquisas hallaron el cuerpo de Silvia. Estaba enterrado a unos 80 centímetros en una fosa que estaba tapada con tierra y que tenía ramas de árboles en la superficie”, contaron los voceros judiciales para agregar que la fiscal Verney solicitó la autopsia del cuerpo de Silvia para determinar la causa de muerte.
Para agregar más indignación a los vecinos y familiares también se conoció que, el miércoles 14 de agosto, Silvia estaba citada a una “audiencia de conciliación”, como si ella tuviera que negociar algo con la persona que la violentaba.
Los habitantes de Hersilia se manifestaron el jueves 15 en la plaza y fueron contundentes en el reclamo por justicia para Silvia, para que no haya otra mujer muerta, otra víctima de la violencia machista, para que se activen los mecanismos que permitan prevenir femicidios y para proteger a las mujeres.
La imputación
Ese mismo jueves, Piedrabuena fue acusado formalmente como autor del femicidio de Silvia por el juez Hugo Tallarico, informaron las fuentes judiciales.
La fiscal le atribuyó la autoría del delito de homicidio doblemente calificado –por el vínculo y por mediar violencia de género–, y agregó la autoría de los delitos de desobediencia de mandato judicial y coacción. En esa audiencia se conoció que Silvia falleció por asfixia, según determinó la autopsia.
“El femicidio que investigamos fue cometido en una fecha indeterminada entre el lunes 29 de julio y el martes 6 de agosto”, dijo Verney y argumentó que “el homicidio de Quinteros fue cometido mediando en el marco de un contexto muy claro de violencia de género”
Con respecto a los delitos de desobediencia de mandato judicial y coacción, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicó que, “al cometer el femicidio, el imputado también violó una restricción judicial de acercamiento a la mujer que había sido impuesta el viernes 14 de junio de este año por el juez comunitario de Hersilia. El magistrado resolvió la medida a partir de una denuncia realizada por la víctima el mismo 14 de junio”.
Además, detalló que la acusación de coacción fue porque “la denuncia que hizo Quinteros fue a raíz de un violento episodio en el que el imputado fue a la casa en la que vivía la mujer con sus tres hijos menores de edad, y luego de una discusión le quitó el teléfono celular y amenazó con matarla a ella y a sus hijos”.
Dictan la prisión preventiva
Este viernes al mediodía, Piedrabuena volvió a los Tribunales de San Cristóbal para que se resolviera la medida cautelar ante el magistrado Juan Peralta, quien aceptó el pedido de prisión preventiva por el plazo de ley de la fiscal Verney.
Al culminar la audiencia, la investigadora judicial sostuvo que “el juez fundamentó su decisión teniendo en cuenta los peligros procesales que establece el Código Procesal Penal, y también refirió a las evidencias presentadas por la Fiscalía hasta el momento”.
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