La reforma del Código Procesal Penal (CPP) de Santa Fe, que significó saltar de un sistema escrito e inquisitivo a otro acusatorio y oral y público, lleva dos años de vigencia e insumió otros siete para su puesta en marcha. Si bien los resultados están siempre en discusión y el sistema todavía necesita asentarse, el cambio fue radical, por lo menos en lo institucional y procedimental. Implicó crear el Ministerio Público de la Acusación, que reúne a los fiscales, y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, ambos con sus correspondientes estructuras, provincial, regional y de distrito, además de empleados, infraestructura edilicia, reglamentos, concursos, entre muchas otras variables. También hubo que armar de cero la Oficina de Gestión Judicial (coordina todo el sistema, desde la asignación de jueces a cada caso hasta la disponibilidad de salas y la videograbación de las audiencias) y organizar el traspaso progresivo de funcionarios y jueces penales desde el sistema en extinción al nuevo. Una tarea titánica con aciertos y errores y a la que no le faltaron críticos.
Superada esa instancia y ya con dos años de trabajo, pareciera haber un piso de consenso sobre que llegó el tiempo de corregir lo que en los papeles se pensó que funcionaría y que no fue tan así. Además hay leyes complementarias en discusión para el correcto funcionamiento del nuevo CPP, como se detalla más abajo.
Desde el año pasado varios proyectos de ley de diputados y senadores están a debate.
Días atrás el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, planteó el interés del nuevo gobierno en acelerar esos pasos, al punto que evitará enviar una iniciativa propia para trabajar sobre un proyecto del senador Lisandro Enrico (General López) que cuenta con media sanción en la Cámara alta y que reforma los artículos 19, 22, 133, 170, 171, 210, 212, 214, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 229, 242, 251, 274, 286, 288, 291, 293, 303, 339, 340, 343, 381 y 387 de la ley 12374.
Lo que sí quiere el gobierno es sumar otros ítems (lo que obligaría a volver al Senado tras el paso por Diputados), como acotar los márgenes para los juicios abreviados o la aplicación de probation (sustitución de condena).
Ambas figuras fueron verbalizadas por el ministro Silberstein, pero no pasaron de dos enunciados generales sobre los que no dio ni parece estar dispuesto todavía a avanzar en precisiones. Esa voluntad reformista se esbozó en ocasión del crimen del taxista Eduardo Piris, lo cual puede confundir: podría servir para ajustar el sistema pero de ahí a evitar delitos son cosas diferentes.
El tema será debatido en la Legislatura, se cree que pronto, y será muy tenida en cuenta la opinión de los fiscales, ya que son ellos los que llevan el peso de la persecución penal y la acusación. De hecho, el proyecto de Enrico conlleva la mirada del fiscal general, Julio De Olazábal.
Hay otro proyecto de ley en la Legislatura que engarza con todo esto: la redacción de un Código Procesal Penal Juvenil. Lo ingresó antes de dejar el cargo en noviembre pasado el saliente ministro Juan Lewis (había uno anterior del ex diputado kirchnerista Eduardo Toniolli) con el guiño de Antonio Bonfatti, quien podrá militar ese proyecto personalmente desde la Cámara de Diputados. También Lewis recaló en la Cámara baja como asesor en materia de Justicia del bloque socialista.
Ambos proyectos pivotean sobre la necesidad de un Código Procesal Penal específico para los menores de 16 a 18 años, que hoy están en desventaja con respecto a los mayores de 18 que delinquen, ya que no tienen acceso a las mismas garantías y derechos que éstos en el proceso penal, y suplantar definitivamente el sistema de patronato.
El año pasado, otras dos leyes vinieron a apuntalar el nuevo CPP: la de protección de testigos y la que crea el organismo técnico de investigaciones, también denominada policía científica y que estará exclusivamente al servicio del Ministerio Público Fiscal.
Y hay otras pendientes de aprobación: el código contravencional (hay dos proyectos en este momento en Diputados); y el que regula el destino de los bienes secuestrados y decomisados (muy en boga en casos de narcotráfico).
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