Designan a José Bernhardt como director penitenciario y llueven críticas de organismos de DDHH

Este mediodía se dio a conocer el decreto que designa al teniente coronel retirado José Alberto Bernhardt como nuevo director del Servicio Penitenciario provincial. El funcionario, quien ya tiene recorrido por la función pública, viene a cubrir la vacante en la dirección del organismo carcelario tras la renuncia de Walter Ataide, quien dio un paso al costado tras la eyecciòn de Jorge Bortolozzi de su cargo como secretario de Seguridad de la provincia. Bernhardt es recordado y repudiado por las organizaciones de Derechos Humanos por su paso por el Batallón 601, el principal organismo de Inteligencia de la dictadura militar, al cual entró “por sus méritos” a principios de la década del 80.

Bernhardt, de 69 años, fue funcionario en el gobierno de Jorge Obeid, ocupando el cargo de secretario de Seguridad, bajo la supervisión del ministro de Gobierno Roberto Rosúa, ya que entre 1995 y 1999 no existía la cartera de Seguridad. Tras ello, fue convocado a ser asesor del gobernador Carlos Reutemann, y del 2003 al 2007, formó parte de la segunda gobernación de Obeid, ocupando el rol de secretario de Emergencias. Actualmente, se desempeñaba como jefe de seguridad de un country en la localidad de Santo Tomé.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario elevó una carta abierta donde “repudia la designación como director del Servicio Penitenciario Provincial” de Bernhardt, ya que “dicho nombramiento ofende y lesiona toda la lucha por Memoria, Verdad y Justicia” y le exigen al gobernador Perotti que revoque la asignación del retirado militar.

El paso por la función pública de Bernhardt estuvo marcado por el repudio constante de los organismos de derechos humanos, que desde su designación en el año 1995 lo señalaron como ex integrante del Batallón de Inteligencia 601 del II Cuerpo del Ejército.

En diálogo con Periódico Pausa, el secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Walter Gálvez, quien había quedado en soledad a la cabeza de la delicada área carcelaria, afirmó que Bernhardt fue elegido para el cargo por “su capacitación en seguridad, fundamentalmente para capacitar a las fuerzas de operaciones especiales penitenciarias”. Otro de los argumentos que el funcionario esgrime es la experiencia en el ámbito de la seguridad privada del retirado Teniente Coronel. A su vez, Gálvez dijo que Bernhardt es su carta para resolver la sobrepoblación de detenidos en comisarías: “La idea es que” la nueva alcaidía general del departamento La Capital “recoja los presos de las comisarías, que hoy están abarrotadas. Yo le pedí expresamente (a Bernhardt) que esté recorriendo las unidades penitenciarias”.

Un documento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ubica la actividad de Bernhardt en el organismo de inteligencia en los años 1982 y 1983. En 2006, el abogado querellante en juicios por violaciones a los derechos humanos Jorge Pedraza señaló al diario Rosario 12 que el legajo militar de Bernhardt marcaba que el hombre había entrado al organismo de inteligencia “por sus méritos”, y fue enfático al decir que “no cualquiera ingresaba a ese batallón, tenía que tener muchos méritos para estar en la Central Nacional de Inteligencia del Ejército, en plena dictadura”.

 

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Tomás Labrador, militante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, regional Rosario, le dijo a El Ciudadano que desde la organización que él integra “creemos que en democracia no puede haber lugar para este tipo de personajes”. Labrador recuerda que “si bien Bernhardt no ha sido juzgado en juicios por delitos de lesa humanidad, la propia naturaleza de la represión llevada adelante de forma clandestina dificultó muchísimo el reconocimiento de los represores que participaron durante la dictadura genocida” pero sin embargo “ese no es motivo para decir que al no tener un juicio, una condena, puede formar parte de un gobierno democrático, cuando fue un funcionario de inteligencia durante la dictadura militar en Argentina con todo lo que eso representó en cuanto al dolor al pueblo argentino”. A su vez, el militante de HIJOS enfatiza que “el gobernador debe rever su decisión y cesar inmediatamente en el nombramiento” de Bernhardt.

Por su parte, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe publicó en sus redes un comunicado contra la designación del retirado militar, quien “siendo funcionario provincial de Seguridad (1995-99) designó como su principal ayudante al Jefe de los grupos de tareas del Ejército en la ciudad de Santa Fe: Nicolás Correa, imputado y procesado por delitos de lesa humanidad, que muriera antes del inicio del juicio oral”. En la publicación, el organismo de derechos humanos agregan que Bernhardt no aportó “información que conoció (en ese momento o después) a la Justicia”. El texto sentencia que “Nada bueno puede hacer en democracia un funcionario con esas características” y califica de “pésima” la medida.

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Desde la organización de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario manifestaron que “Es inadmisible que a 39 años de regresar a la democracia, desde un gobierno elegido por las mayorías necesarias, recurra a la visión y métodos de un personaje que estuvo a cargo del Batallón 601, en un área tan sensible y en un momento donde la violencia social requiere de más democracia, más inclusión, más equidad. Características que Bernthardt ha demostrado carecer en los períodos en que fuera convocado para similar tarea, y para lo cual contratara como su mano derecha a Nicolás Correa, quien fue luego procesado por delitos de lesa humanidad”. El texto está además firmado por la Asociación Anahí Filial Rosario y el Colectivo Nacional de Ex Pres@s Polític@s y Familiares.

El Batallón de Inteligencia 601 del Ejército estaba compuesto fundamentalmente por civiles, los cuales se dedicaban a hacer tareas de espionaje para marcar a quienes serían luego los blancos de la dictadura, recordaron desde los organismos. Entre 1976 y 1984, las tareas de inteligencia tenían una importancia central en la maquinaria de la Junta Militar, ya que desde allí se elaboraban, según determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informes que luego eran usados para la detención, secuestro y posterior desaparición de personas, añadieron.

El Batallón 601 concentró y centralizó las tareas de información e inteligencia en el país durante la dictadura, oficiando además de órgano ejecutivo de la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército.