De cara a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, el ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, habló con El Ciudadano y brindó su visión acerca del funcionamiento del sistema que regirá en todo el territorio provincial a partir de hoy. La implementación del nuevo Código, que fue sancionado en 2007 y fue aplicándose de manera gradual, genera gran expectativa en todos los ámbitos vinculados a la reforma, que deja de lado un sistema anacrónico y escrito para dar paso a un proceso penal más transparente y acorde a los parámetros internacionales. Parafraseando al gobernador Antonio Bonfatti, el ministro remarcó que la nueva norma procesal “es una herramienta versátil, moderna, que trae mecanismos muy eficaces de investigación, que posibilita la participación de la víctima, que da una publicidad y transparencia frente a la ciudadanía pero, como toda herramienta, tiene que ser manipulada por operarios serios, inteligentes y, sobre todo, comprometidos con la realidad en la que les toca gestionar”. En este sentido, el titular de la cartera de Justicia provincial apostó al trabajo que realizarán los operadores del sistema y valoró el esfuerzo que vienen realizando todos los actores ante un escenario enteramente nuevo.
—¿Como evalúan la puesta en marcha del nuevo sistema penal?
—Lo evaluamos como uno de los cambios institucionales más importantes que ha tenido la provincia desde el retorno a la democracia. Esta transformación procesal penal no es un mero cambio de norma. No sólo se dictó un nuevo Código sino que, además, se dictaron una serie de leyes complementarias para diseñar la implementación y transición (del sistema), que han implicado una transformación institucional importantísima.
—¿En qué consiste esta transformación institucional?
—Se han creado dos nuevas instituciones, como son el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa. Se trata de un cambio en la cultura judicial, porque nosotros veníamos de un sistema inquisitivo y escrito donde estaban confundidos el rol de juzgar y el de acusar; donde la víctima no tenía participación; donde las decisiones las tomaban los jueces en la soledad de sus despachos con serios riesgos respecto a la exigencia de publicidad que tiene la Constitución. Hoy tenemos plena posibilidad de participación de la víctima en el proceso y todas las decisiones se toman en audiencias orales y públicas con participación de todos los actores que intervienen en un proceso: el fiscal, el defensor, la víctima si eventualmente se constituyó como querellante y el juez que está presente en todas estas audiencias resolviendo todas las peticiones. Todas las decisiones se toman en audiencias orales y públicas a la que pueden asistir todos los ciudadanos. Todas las mañanas la Oficina de Gestión Judicial va a publicar los casos que se van a tratar y en qué sala, y cualquier vecino va a poder asistir y mirar qué es lo que se decide, con qué compromiso trabajan los defensores, con qué astucia los fiscales y cuáles son los argumentos que utilizan los jueces para decidir. Creo que esta es una novedad republicana importantísima, porque ahora, como dice nuestro gobernador, vamos a ver cómo funciona uno de los poderes esenciales del Estado.
—Con la implementación del nuevo sistema el investigador deja de ser el juez.
—En el viejo sistema las funciones de acusar y juzgar estaban confundidas, porque el que tenía el rol más gravitante en una investigación penal era el juez de Instrucción. Hoy esa figura desaparece. Queda un juez en la etapa de investigación preliminar, pero es un juez que no investiga sino que determina si en ciertas medidas de investigación se puede avanzar sobre las garantías del imputado o no, por ejemplo la garantía del domicilio en el caso de que sea necesario un allanamiento, la garantía ambulatoria en el caso que sea necesario una detención. Quien tiene la responsabilidad exclusiva de investigar es el Ministerio Público de la Acusación que va a tener en sus manos la responsabilidad de la política criminal. Va a ser el que va a explicar a la ciudadanía qué delitos van a ser priorizados en la persecución penal para hacer más efectivo el sistema. Ahora la persecución va a estar unificada en esta institución verticalizada, y no como antes, que estaba desmembrada en muchos juzgados de instrucción. Esta división de trabajo era bastante contraproducente: no se podían advertir las vinculaciones que podía tener un hecho con otro que se estaba investigando en el juzgado de al lado. Ahora, al estar centralizada en un órgano, hay herramientas para evitar este tipo de cuestiones y tener una persecución más efectiva.
—¿Con qué fuerza policial contará el Ministerio de la Acusación para llevar adelante las investigaciones penales?
—Lo primero que hay que saber es que el fiscal tiene a su disposición varias opciones y, a mi juicio, es deseable que pueda elegir con qué fuerza investigar distintas clases de hechos. El fiscal puede utilizar a la Policía común; la de Investigaciones, que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad; o puede recurrir a la Policía Judicial o, más precisamente, al órgano científico de investigaciones que ha salido por ley y que incluso depende directamente de los fiscales. Creo que son varias las opciones. Me parece importante que los fiscales estén encima de las investigaciones. Deben ser ellos quienes diseñen y tengan la iniciativa en el proceso de investigación. La Policía es auxiliar de una investigación cuyo titular y principal figura es el fiscal. Especulo y espero que estos nuevos fiscales tengan, en este sentido, un compromiso fundamental. Entiendo que es así porque veo con el entusiasmo que están arrancando y, además, porque en este último tiempo el procurador (Jorge) Barraguirre le está dando a los fiscales, aún en el viejo sistema, una impronta de esta naturaleza. Lo que va a hacer la gran diferencia es la manera en la que se entablen estas relaciones entre los fiscales y los investigadores.
—¿Es esperable que haya dificultades operativas?
—Indudablemente va a haber dificultades operativas. No sé si eso va a repercutir en los juicios, pero tenemos que saber que estamos bajo un sistema enteramente nuevo, de modo que hay muchas rutinas de trabajo, muchos circuitos administrativos, que de momento son sólo protocolos escritos y que no han sido verificados en la práctica. Entonces, es lógico que muchas veces se pierda tiempo en cosas que tendrían que ser casi automáticas, que se dude al momento de tomar un curso de acción u otro, ya sea en la Oficina de Gestión Judicial como en los propios circuitos internos de las fiscalías o defensorías. Esto es un peso adicional que tienen los nuevos actores del sistema, por eso tengo conocimiento de que en los nuevos organismos se está trabajando febrilmente para tener previsto la mayor cantidad de situaciones. Pero en la práctica van surgiendo siempre un número importante de imponderables y experiencias nuevas que es necesario reaccionar de acuerdo lo exige el nuevo sistema. Es algo nuevo para todos y requiere ponernos a tono. Yo no digo que sea un inconveniente ni que necesariamente pueda traducirse en irregularidades, nulidades o problemas en el juicio, pero sí un esfuerzo adicional de todos los actores, y creo que como tal hay que valorarlo.
—¿Con qué recursos se cuenta para el nuevo sistema?
—Estamos llegando con una infraestructura en estado óptimo, está puesto más de lo que tenía la administración de Justicia Penal, incluso más de lo que necesita el sistema nuevo. No tenemos que olvidarnos que el sistema arranca con una carga de trabajo cero, no arrastra todo lo que queda encapsulado en el sistema viejo y, consecuentemente, en los primeros momentos no va a ver tanta carga de trabajo. A medida que aumente la carga de trabajo van a ir decreciendo las causas del sistema anterior y, por lo tanto, van a ir pasando más recursos humanos al nuevo sistema. También se está incorporando un sistema informático unificado en base a los requerimientos de cada uno de los actores del proceso, y se está entrenando a los fiscales, defensores y miembros de la Oficina de Gestión Judicial en el uso de estas herramientas informáticas. Creo que es una diferencia de calidad. Ahora existe un sistema informático que va a facilitar el trabajo de los nuevos actores.
—¿El nuevo sistema puede aportar soluciones al particular momento que vive Rosario respecto a la inseguridad?
—Sí. Creo que tenemos que esperar algún aporte. El sistema quiere ser una herramienta más en lo que es el problema de la inseguridad, pero también tenemos que saber que no es la única. Es una modificación que estuvo impulsada por necesarias reformas institucionales que tenían que darse en la provincia de Santa Fe para constitucionalizar el proceso penal y también modernizarlo. Puede esperarse alguna diferencia desde el momento en que se hacen posibles investigaciones más efectivas. De todas maneras, yo quiero recordar las palabras del gobernador el 11 de noviembre, cuando fijó la fecha de inicio del nuevo sistema. Dijo que ésta es una herramienta versátil, moderna, que trae mecanismos muy eficaces de investigación, que posibilita la participación de la víctima, que da una publicidad y transparencia frente a la ciudadanía, pero como toda herramienta tiene que ser manipulada por operarios serios, inteligentes y, sobre todo, comprometidos con la realidad en la que les toca gestionar. Creo que la mejor norma procesal con funcionarios displicentes no va a dar buenos resultados. Por esa misma razón creo que debe esperarse algún aporte cualitativo, interesante del nuevo Código a lo que son los problemas de inseguridad que tenga la provincia.
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